Opinión

Como se sabe, en el Perú del bicentenario y la pandemia discutimos sobre tener o no una nueva constitución. Cabría meditar sobre lo constituyente, que tiene que ver con los momentos fundacionales y reconstitutivos de las sociedades políticas, y con los estatutos que formalizan dichos inicios.

Suele pensarse que una constitución tiene poca relevancia en las decisiones que toman los hombres de Estado, pues siempre presenta contradicciones y vacíos sujetos a interpretación, lo que con mayorías parlamentarias se transforma en leyes que quiebran – sin decirlo – los propios principios constitucionales. Además, se argumenta, la maquinaria de gobierno está lejos de tener la capacidad administrativa y coercitiva suficientes para hacer cumplir prolijamente el contenido constitucional, por lo que éste termina siendo un articulado poco significativo en la práctica.

Sin embargo, este punto de vista sólo mira una parte del asunto, la que corresponde a la operatividad que plantea un documento constitucional, donde sólo un despistado esperaría que no haya importantes insuficiencias, pues se trata de un breve texto regulatorio que pretende constituir a un país entero. Queda toda una dimensión ideológica en juego, que es la que avala la racionalidad cotidiana y científica de una sociedad, y el tramado de sus valores políticos y económicos. Una constitución es un horizonte de sentido, no en vano plantea un conjunto de derechos y deberes universales, una estructura de gobierno y una perspectiva de desarrollo material. Sus preceptos están en la cabeza de la gente, y su espíritu se materializa de maneras muy tangibles en el largo plazo económico.

Obviamente, las constituciones tienen un tiempo finito, que es el que dura su legitimidad. Es conservador renegar porque el siempre insatisfecho subdesarrollo produce muchos de estos textos fundacionales. Mientras haya grandes asimetrías históricas, habrá potencial de momento constituyente, que es el proceso en el que un nuevo consenso primordial, de amplia mayoría, se va haciendo visible en el fuero público y busca plasmarse en un documento de iniciación política.

No son aguas mansas los momentos constituyentes, tampoco su arribo. Son más bien convulsivos, pues toda constitución favorece a un grupo social, casi siempre minoritario en el Perú. Y ese sector se resiste al cambio, de maneras legales y criminales, dado que están en juego sus riquezas y destinos de clase. Toda constitución busca negar o disminuir la existencia del orden político derrotado. Ciertamente, y no por voluntad de sus grandes poderes, la sociedad contemporánea es más propensa a los momentos constituyentes, pues hoy la información circula bastante más rápido y en mucha mayor cantidad, y esa riqueza es abono para la aparición de discursos críticos sistémicos. Al mismo tiempo, el mundo que corre vuelve más exigente la gestión política del proceso fundante: hoy es inimaginable viabilizar una nueva  constitución si no pasa por los cabildos ciudadanos para su discusión y elaboración. La transparencia de la sociedad digital así lo exige.

¿Estamos en un momento constituyente en el Perú? Aún no, pues hay una indispensable condición de grandes mayorías que debe satisfacerse. Pero estamos muy cerca, porque hay innegables motivos constituyentes en la escena mundial y nacional, cada vez más voluminosos e impostergables. Un primer nuevo asunto fundamental son las demandas ambientales: la viabilidad  planetaria peligra y es consenso internacional que se necesitan cambios de profundidad civilizatoria. Y entonces la lógica económica del liberalismo capitalista ortodoxo se muestra doblemente nociva: ya no es sólo la concentración y abuso crecientes de unos pocos millonarios frente a mayorías cada vez más precarias y desprotegidas – lo que es inaceptable y políticamente inmanejable – sino que ahora la especie y su hábitat están en acumulativo riesgo.  Frente a ello, el Perú está cada vez más lejos del desarrollo capitalista, pero cuenta con una geografía privilegiada  en biodiversidad y ecosistemas, que en la crisis energética y ambiental que se avecina (pronto no habrá agua), será sinónimo de sostenibilidad económica y ventaja geopolítica ante el mundo.  ¿No es razonable que estos territorios se protejan constitucionalmente del deterioro y la extinción?

El internacionalismo ecocida y autodestructivo que promueve la constitución del 93, tan básico como la ortodoxia económica que lo origina, es opuesto a lo que necesitamos para el mundo entrante, donde debemos actuar mucho más soberana y colectivamente, para buscar nuestro propio camino hacia la sostenibilidad, el equilibrio ecológico y la universalización de una vida materialmente digna. Para que eventos lamentables como la pandemia nos encuentren con servicios de salud y fortalezas inmunológicas suficientes, y no nos lleven a catástrofes económicas y humanas que bien podrían evitarse si miráramos la realidad política con otros prismas.

Las tendencias al autogobierno también son un nuevo asunto fundamental. Es muy difícil estar en contra de la voluntad popular en el mundo de las redes digitales, y por ello, la razón de Estado se ha vuelto más participativa y modesta: entiende que la estabilidad política depende de cuánto se logra incluir, consultar y escuchar, de usar las fuerzas sociales para robustecerse. Las reformas institucionales que más preocupan a los especialistas peruanos, que son las vinculadas a la calidad de la representación política y a la estabilidad de las relaciones ejecutivo-legislativo, sólo serán viables si introducimos esta nueva forma de ejercicio gubernamental en nuestra ingeniería constitucional. Es claro que se propone una maquinaria inevitablemente más lenta en el intento de dar explicaciones públicas con frecuencia, pero más segura y factible de dirección, y más útil para el largo plazo, que es el único norte real que nos queda.

Lo anterior trae a cuento el insoslayable asunto de la pluriculturalidad, que el mundo entero va recibiendo, incluyendo a nuestros vanguardistas hermanos de Ecuador y Bolivia. Nosotros, mientras tanto, tenemos una constitución todavía tributaria de un tipo de occidentalismo que se considera superior, y que hoy muestra sus debilidades e limitaciones sistémicas. La gran ciencia occidental está en crisis hace buen rato, y por lo tanto su institucionalidad y contenidos de educación y salud (que se intersecan con el género y la sexualidad). Crecen las epistemologías y medicinas alternativas en la sociedad global más avanzada, y en el Perú seguimos ninguneando – y negando la existencia política – a toda una cosmovisión que contiene grandes saberes medicinales, alimenticios, ambientales y espirituales, todavía vivos en nuestras comunidades rurales. Según el último censo, la cuarta parte de los peruanos se reconoce como indígena originario de la sierra o selva. El Perú rural ocupa más de la mitad de nuestro suelo, y los territorios indígenas cerca del 38%.

Las narrativas del capitalismo global, que hablan de democracia liberal y mercado, ya no movilizan ni despiertan esperanza, y más bien van evidenciando que sólo el segundo de estos dos elementos es pleno, porque el primero se pulveriza en la concentración creciente natural al sistema. Y como se sabe, el desarrollo y la continuidad de una nación necesitan de mitos cohesivos. Con los actuales en franca retirada, la oportunidad de potentes refundaciones políticas está a la mano, siempre que haya grandes mayorías concientes de la necesidad de cambio, o élites capaces de convencerlas de que es más barato detenerse que seguir. En nuestro caso, de liderazgos que sepan explicar con claridad la necesidad de salir – sin duda con mucho esfuerzo y paciencia – de un orden económico que nos somete al primer mundo y sus desprolijidades económicas, y cuya precariedad creciente e inestabilidad de gobierno impiden una real democracia. Debe divulgarse que el futuro nos será más propicio si nos plegamos a las fuerzas ambientalistas globales, y al mismo tiempo nos reconectamos con la cosmovisión pre-hispánica.

Es un camino con batallas pendientes el de la reconstitución del Perú bicentenario, dentro de las innegables señales de que el mundo está dejando atrás al capitalismo liberal ortodoxo, y de que la gente finalmente está despertando. Nuestra bifurcación de posibilidades más cercana son las próximas elecciones presidenciales. Si gana un candidato de izquierda (o afines), tiene la muy desafiante tarea de abrir el debate y guiar al país hasta consolidar la gran mayoría constituyente en camino, y de poner en marcha un gobierno que busque – con la prudencia del que está en minoría – universalizar niveles básicos de calidad de vida a partir del consumo razonable, el respeto al medio ambiente, el esfuerzo ciudadano y el nacionalismo inteligente.

Y si por el contrario, se lleva la victoria cualquiera de los candidatos restantes – que apoya el modelo económico y por tanto la constitución que lo expresa – habrá renuncias presidenciales, desborde social, desgobierno y severo deterioro económico. Y en algún momento de esa inevitable caída, que podría tener picos extraños y hasta parecer lenta, se consolidará una clara mayoría fundante y se escribirá la primera constitución progresista del siglo XXI peruano. No hay retorno posible, porque el orden saliente ha agotado todas sus respuestas.

Aun vacunados no dejaremos de usar mascarillas. Aun vacunados debemos mantenernos distanciados. Aun vacunados podemos ser ¿contagiados? Ni los médicos saben si aun vacunados podemos estar listos para volver a la normalidad. ¿Cómo es eso? He escuchado a varios señores de bata blanca decir en televisión que, en buen cristiano, aun vacunados debemos evitar hacer nuestra vida como la hacíamos antes. La efectividad de la vacuna contra el coronavirus —razonablemente— causa dudas, ¿no?

En los Estados Unidos siguen apareciendo casos de personas que se han contagiado de covid aun habiéndose sometido a las dos dosis de la vacuna. Recientemente, otro congresista de ese país ha dado positivo a covid-19 cuando se suponía inmunizado. También un enfermero resultó contagiado después de vacunarse con la de Pfizer. Y así, varios casos en el mundo. ¿Qué les están poniendo? Acaso, ¿placebos, agua? El caso cercano en nuestro país es el de Mariela Vela, la mujer de 54 años que la semana pasada murió de covid tres meses después de aceptar ser parte del experimento de la vacuna china Sinopharm. Convenientemente la Universidad Cayetano Heredia, que coordina ese ensayo, aseguró, en un comunicado tardío, que Mariela no recibió la vacuna sino placebo. Claro, ¿acaso convenía decir la verdad si hubiera recibido vacuna?, ¿se imaginan eso?, habría generado miradas con cejas fruncidas a Sinopharm, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo saber la verdad? La respuesta es: No la sabrás. Tenemos que conformarnos con lo que diga un comunicado y punto porque todo eso que te preguntas es confidencial, secreto perpetuo. Pero lo que no es secreto es que la vacuna Sinopharm es una vacuna recién en desarrollo, no está terminada. Y si la de Pfizer, con resultados de fase 3, no ha funcionado, ¿por qué sí lo haría la de Sinopharm que no está al nivel de su competencia?. En China no se arriesgan tanto, allí el Gobierno no permite que la vacuna Sinopharm se inocule a todos indiscriminadamente sin antes conocerse los resultados de fase tres. Los chinos ponen en tela de juicio a su propia vacuna hasta que los datos de seguridad sean transparentados, ha contado la periodista Patricia Castro que radica en Pekín. Además ha dicho que esa vacuna es de tipo inactiva, o sea, que para dar protección por más de un año requiere ser inyectada tres veces, y probablemente cuatro. Sí, cuatro dosis. No dos. Pero ni así podrías ilusionarte con volver a hacer tu vida sin mascarilla.

Con todas esas condiciones, la compra de la vacuna china Sinopharm por parte de nuestro país sigue su camino, a un precio que nadie sabe con certeza porque eso también es secreto de Estado. Según Sagasti, se ha comprado para medio millón de peruanos —incluyéndose él—, dos dosis por cada uno. Un millón de vacunas o un millón de placebos, nadie sabe. La vacuna podría no funcionar. De eso son conscientes los gobiernos de China y del Perú. Y tú, ¿por qué no?

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Esta columna se escribe en tiempos difíciles para la humanidad, cada persona que está viviendo o sobreviviendo a la pandemia no podrá negar que el contexto que tenemos es absolutamente atípico, agotador, doloroso, desafiante y bastante incierto.  Es evidente, que, aunque el COVID-19 puede afectar a cualquier persona, no nos afecta a todos/as por igual.

La desigualdad preexistente en nuestro país ha mostrado su rostro más cruel, precarizando la vida de millones de personas, especialmente de las mujeres, niñas, niños y personas LGBTIQ+. Más adelante podremos tener acceso a estudios que revelen el real impacto que ha tenido y tendrá este contexto en la vida, salud mental y medios de subsistencia de poblaciones históricamente discriminadas y excluidas.

Por el momento, lo que tenemos claro es que las mujeres y niñas no sólo se enfrentan a la pandemia, la cual ha incrementado los trabajos de cuidado y angustias económicas, sino además a la violencia de género y a mayores barreras para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos; ampliándose las brechas de desigualdad.

En cuanto a la violencia de género, las cifras del Ministerio de la Mujer reportan que en el 2020 los Centros de Emergencia Mujer (CEM) atendieron 57, 166 casos menos en relación al 2019,  a pesar que las llamadas de urgencia a la Línea 100 reportaron un incremento en más del 50% comparadas con el año anterior, concentrándose este aumento en los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre, los cuales coinciden con los momentos más dramáticos de la pandemia durante la primera ola.

Estos datos nos confirman que es un error cerrar o reducir la capacidad del Estado para atender la problemática, en un contexto en donde la violencia tiende a profundizarse.

En ese sentido, es un acierto que, en el actual contexto de emergencia y periodo de confinamiento, los servicios para la atención de la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar a cargo del MIMP hayan sido declarados esenciales.

Aunque fundamental esta medida no es suficiente, pues tiene que ir acompañada de una fuerte estrategia informativa que oriente a las mujeres sobre las rutas que deben tomar en la actual coyuntura, así como garantizar la atención de calidad de los/as operadores/as de servicios y el desarrollo de una estrategia paralela con la Policía Nacional del Perú. Recordemos que el 77.6% de mujeres que busca ayuda asiste a una Comisaría.

Otra de las estrategias que se tienen que apuntalar, es vincular la lucha contra la violencia de género con políticas para garantizar la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres. Para ello, es necesario que el MIMP trabaje de forma más coordinada con el MINSA en el contexto de pandemia, garantizando – por ejemplo- que los kits de emergencia (que incluyen la AOE) se entreguen a todas las víctimas de violencia sexual y que estas o sus tutoras/es sean informadas/os sobre lo que es el aborto terapéutico y las posibilidades de solicitar una evaluación por causal salud en los casos de embarazo producto de violación, especialmente de niñas y adolescentes.

Según datos del MINSA, durante el 2020 se entregaron a nivel nacional sólo 1325 kits de emergencia, mientras que el Programa Aurora reporta que fueron atendidos 16 618 casos de violencia sexual por los CEM y Equipos Itinerantes de Urgencia; ello nos grafica un panorama desolador. Así mismo, 1175 niñas menores de 14 años tuvieron partos, es decir fueron obligadas a continuar con embarazos producto de una violación.

La violencia contra las mujeres es esa otra pandemia que no ha sido superada y que corre el riesgo de ser minimizada sino se toman acciones concretas a corto, mediano y largo plazo para garantizar políticas integrales de prevención y atención.

El nuevo periodo de confinamiento, una creciente segunda ola y el riesgo de una tercera tal vez tan cruel como la que vivimos actualmente nos grafican un escenario incierto y doloroso, el Estado debe programarse para sobrevivir a esta tragedia en los próximos años, es claro que esta situación no acabará en los próximos 15 días, las medidas que se tomen deberán pensarse con enfoque de género y priorizando el derecho de las mujeres y niñas a vivir libre de violencia y discriminación. Gran reto.

Mujer rota es el título de la reciente novela de Irma del Águila (Lima, 1966). El título, además de evocar uno de los libros más célebres de Simone de Beauvoir, La mujer rota, que en tres piezas narrativas impecables desmenuza los pormenores del desequilibrio escandaloso que pesa sobre sus tres protagonistas, mujeres aplastadas por el infortunio sentimental y, sobre todo, por la desigualdad.

La novela de Irma del Águila no es de ningún modo derivativa, pero de alguna forma se suma al coro. Relata la historia de una mujer perteneciente a la nobleza, Sofía Carlota de Baviera, en el contexto del nacimiento de la siquiatría moderna. La narración se coloca en un horizonte crítico: esa siquiatría incipiente pone sus herramientas al servicio de la prolongación del orden patriarcal.

Sofía Carlota ha contraído matrimonio con Fernando de Alençon, uniendo de este modo a la nobleza de Baviera (ella pertenece a la casa de Wittelsbach) con la casa de Orleans. Profundamente infeliz en su matrimonio, Sofía Carlota busca alivio en los brazos de un amante. Sorprendida en el delito de infidelidad (permitido, eso sí, entre varones), la familia de Fernando de Alençon se apura en esconder el pecado y en fabricar un caso siquiátrico, excusa perfecta para internar a la infeliz Sofía en un sanatorio.

Es entonces cuando aparece uno de los tres ejes que sostienen el relato: los inicios de la siquiatría moderna entran en acción, convirtiendo el cuerpo de Sofía en objeto de control y vigilancia, sometiéndola a tratamientos que hoy se considerarían de valor dudoso. El objetivo es dominar la libido de la paciente y refrenar sus ansias de libertad (no le puedo negar a Sofía un cierto aire Bovaresco), reprimidas siempre por una sociedad y una práctica médica de entraña patriarcal.

El segundo eje del relato es el concerniente al retrato de época, no exento de épica: parte de esta historia transcurre durante los sucesos de la Comuna de París, en 1870, cuando obreros, mujeres y miles de ciudadanos, en un auténtico movimiento republicano, alzaron la voz contra el sitio a que los prusianos sometieron a la capital francesa.

El tercer eje tiene que ver con la presencia, en la novela, de varios apartados en los que el narrador se dedica a relatar puntillosamente las cuestiones referidas a los males siquiátricos de Sofía Carlota, desde la neurosis hasta la histeria, pasando por el ya clásico cuadro de melancolía. No pude evitar recordar aquí, aunque se trata de una clave radicalmente distinta, las notas a pie de página que van acompasando los sucesos de El beso de la mujer araña (1985), de Manuel Puig. En suma, se trata de una novela cautivante, que a pesar de su ubicación histórica no deja de tener nexos con la actualidad y que demuestra, una vez más, el buen momento por el que pasa la literatura escrita por mujeres en nuestro país.

Mujer Rota. Lima: FCE, 2020.