Opinión

El crecimiento de Lescano no es sorpresivo. Probablemente va a seguir creciendo. Como buen candidato acciopopulista tiene múltiples rostros ideológicos y de todos cosecha.

Lescano no es de izquierda, pero claramente le disputa en el imaginario popular ese escenario a Verónika Mendoza, a quien le ha robado el sur y el centro del país, tradicionales bastiones de la izquierda. Lescano podría ser calificado del ala izquierdista de Acción Popular y eso lo ubica en una posición más bien centrista. En el recuerdo popular deben pesar sus batallas contra Telefónica y diversos grupos de poder.

Por el lado del centro, claramente es el gran beneficiario del desplome de los candidatos que lo veían expresando. Forsyth cae de 17 a 11% y va a seguir cayendo. Su ideología endeble y escaso bagaje programático le iban a terminar pasando factura más aún si ha decidido hacer una campaña fuera de los medios (que en estos tiempos de ausencia de mítines y dificultades logísticas para traslados, serán determinantes en la elección). Más bien, la inquietud es cómo así ha durado tanto arriba en las encuestas.

Y Guzmán también se viene abajo. Es un mal candidato y el único que parece no darse cuenta es él mismo. Su grave error de carácter en el incidente incendiario prácticamente bloquea cualquier aspiración política suya. Tenía 7% en intención de voto en la medición anterior y hoy tiene 4%, confirmando lo que ya la encuesta del IEP había mostrado.

Finalmente, Lescano cuenta con el activo de una marca partidaria conocida, que ha tenido resultados auspiciosos en los últimos procesos electorales (Barnechea el 2016, Muñóz en la alcaldía de Lima, los centenares de autoridades electas, las elecciones parlamentarias de enero del año pasado). Eso de hecho, va a pesar.

No veo a Lescano como una estrella fugaz que hoy crece, llega a un pico y empieza a descender. Lo más probable es que sea uno de los que tercie por pasar a la segunda vuelta. Hasta el momento, están en ese talante, además de Lescano, Keiko Fujimori y Verónika Mendoza. Como curiosidad fáctica, en la propia encuesta de Ipsos colocan probables escenarios de segunda vuelta, y confrontado con ambas lideresas, Lescano les gana.

Hay mucho tiempo aún por delante, pero algunas tendencias ya empiezan a consolidarse. Si no hay terremotos electorales, las tendencias señaladas apuntan a ir consolidándose.

 

Con la campaña electoral empiezan a llover las propuestas, las hay de todo calibre, de todo nivel de lógica y falta de lógica, para todos los gustos y públicos.

 

Muchas ofrecen el cambio, cambio de Constitución, cambio del Congreso, cambio de la política económica, de las pensiones, etc. Pero nadie habla en serio del más importante de los cambios, el cual probablemente, hará innecesarios muchos de los cambios prometidos. Nos referimos al cambio en la ética practicada por la gran mayoría, mas bien deberíamos decir a la falta de ética que campea en nuestra sociedad.

 

El último presidente del Perú que no fue enjuiciado por corrupción (sin contar los gobiernos de transición), terminó su mandato hace 36 años.

Esto significa que la mayoría de la población sólo tiene memoria de presidentes corruptos; de la “plata llega sola”, de las montañas de efectivo del Doc en la televisión, de la casa de mi suegra en Casuarinas, de “que difícil es andar derecho “, “yo soy el dueño pero no sé nada”, cuando recordamos las frases y acciones de nuestros últimos 5 Presidentes electos que nos gobernaron en los últimos 35 años.

 

Con ese nivel de corrupción, al más alto nivel del Estado no hay sistema que funcione. Con ese ejemplo no hay sistema que funcione. Aún cuando tengas una historia de más de 200 años de democracia y seas el país mas rico del mundo, la corrupción, el mal ejemplo, pueden echar todo por la borda en muy poco tiempo. La invasión del Capitolio norteamericano por hordas de insurrectos es un claro ejemplo reciente.

 

¿Qué poder ejecutivo va a poder funcionar medianamente bien si desde su cabeza recibe muestras y prédicas de corrupción?  Ninguno. La corrupción va a ser tal que hasta su Contralor va a entrar en el baile pidiendo su tajada.

 

¿Qué poder judicial va a poder administrar justicia adecuadamente si sus líderes crean bandas de cuellos de todos los colores, para ofrecer ayuda a cambio de dinero, sin importar si el que pide ayuda es la víctima de violación o el violador mismo, si como fiscal ingreso rompiendo la puerta para llevarme expedientes secretos en que se me acusa junto con mis cómplices?

 

¿Qué Congreso va a funcionar si… (ver anexo infinito en los diarios)?

 

¿Cómo va a funcionar la descentralización si las regiones se coparon de caciques de la corrupción que no solo robaron, sino que se asociaron en bandas con fiscales y jueces asesinando donde fuera necesario? En Lima no mas, un Mudo se robó más de 20 millones de dólares en nuestras narices sacando la plata del banco de mil soles en mil soles.

 

¿Cómo va a funcionar el mercado si los más importantes empresarios se unen en gremios dirigidos por un Alí Babá brasilero para robarse millones de dólares de nuestras obras de infraestructura?

 

¿Cómo va a funcionar una empresa estatal, secuestrada por la corrupción, que nos obliga a construir una refinería innecesaria, que nos dice que va costar 800 millones de dólares y ya vamos por los 5 mil millones constituyéndose en una de las mayores estafas individuales de la historia? Si hacemos los cálculos la refinería nos ha robado mas de 500 soles a cada peruano.

 

Así podríamos seguir por horas, traficantes de tierras, reguladores cómplices de la depredación, universidades de mentira, acaparamiento de oxígeno, etc.

 

Si seguimos seguramente llegaremos a la mayoría de todos nosotros que hemos dejado de pagar nuestros impuestos, que no pagamos el IGV, que hemos ofrecido una coima, que hemos sido testigos mudos del delito.

 

No es pues problema de sistemas, leyes, ordenamientos, es un problema ético que nos está hundiendo a todos. Es un cáncer que está descomponiendo nuestra sociedad. Un cáncer tan avanzado que nos cambió 3 presidentes en una semana, que estuvo a punto de llevarnos al caos total.

 

Tenemos que recuperar la decencia, tenemos que empezar a decir NO a la corrupción uno por uno. Tenemos que dar el ejemplo, imponer nuestra postura y determinación, tal cual lo hicimos en las calles hace pocas semanas, pero en una cruzada más individual, uno por uno, dando el ejemplo, convirtiéndonos en los verdaderos  “vivos” que sabemos lo que más nos conviene como país y como individuos.

 

Podemos empezar hoy mismo, cada uno desde su propia casa o trabajo, podemos seguir haciéndolo en las elecciones de abril votando sólo por gente decente, sin ninguna tacha judicial, sin historia de robos, engaños, abusos, mentiras.

 

El ejemplo, el buen ejemplo es muy fuerte y contagioso.

 

Si, como todo hace esperar, la candidatura de Daniel Salaverry se ve duramente afectada por la inmoralidad cometida por Martín Vizcarra cuando fue presidente de la República, al asegurarse para él y su esposa una vacuna china, a despecho de la angustia de millones que esperan por lo mismo, y manteniendo en sospechoso secreto la operación, el tablero electoral puede tener un ligero, pero significativo movimiento.

Según la última encuesta del IEP, entre la segunda (Verónika Mendoza) y el octavo (Daniel Salaverry), no hay ni seis puntos de diferencia. Salaverry tiene 4% de intención de voto en Ipsos y 2.5% en IEP. Si se produce un trasvase de sus votos, los beneficiarios van a tener un envión que puede ser determinante.

¿A quiénes podrían ir los votos de la dupla Salaverry-Vizcarra? Forsyth -que venía cayendo- forma parte del probable pelotón de receptores. Verónika Mendoza o Keiko Fujimori difícilmente recibirán votos de quienes están en orillas divergentes o son archienemigos, respectivamente.

Lescano, con 7.1%, De Soto con 5.6%, Guzmán con 4.6 o hasta el propio Ollanta Humala, con 2.8% podrían recibir el endose de quienes puedan resultar decepcionados del affaire Vizcarra.

Mañana domingo sale la encuesta de Ipsos, pero no parece técnicamente probable que sus fechas de medición incluyan el “vacunagate”, así que el efecto migratorio recién se verá a mediano plazo.

Nada está dicho aún. En la izquierda la disputa es entre Verónika Mendoza y Yonhy Lescano, en el centro entre George Forsyth, Julio Guzmán. Ollanta Humala y Daniel Salaverry (centro para el imaginario popular, porque en verdad son candidatos de centroderecha o derecha) y en la derecha la cosa va entre Keiko Fujimori, Hernando de Soto y Rafael López Aliaga. En el ala populista light anda César Acuña y en el populismo duro Daniel Urresti.

En una campaña tan desabrida ideológicamente (lo que resulta increíble dada la magnitud de la crisis y el impulso que ello debiera dar a debates de fondo), va a depender de un gazapo (como el de Vizcarra), una frase feliz o desafortunada, un traspiés del propio candidato o de algún allegado relevante, de una denuncia periodística, de una buena o mala entrevista, de una afortunada campaña publicitaria. El tablero va a seguir moviéndose.

El Jurado Nacional de Elecciones, debería proceder de inmediato a aceptar las candidaturas completas de aquellas agrupaciones a las que los Jurados Electorales Especiales -de menor rango- han sacado de la contienda, y en el caso de las listas apristas (que ya han merecido respuesta del JNE), enmendar y permitirles la postulación integral.

Los jurados electorales no tienen ante sí un conjunto de normas ajustadas talmúdicamente sino que tienen margen para emplear su criterio de conciencia. Y en ese sentido, queda claro que el derecho a la participación electoral es un bien claramente superior al déficit de algunos trámites en falta que en el peor de los casos debieran merecer una sanción o amonestación, pero no el castigo máximo de la exclusión, como ha sucedido.

Debemos ser una de las pocas democracias en el mundo en la que se excluyen candidaturas por nimiedades burocráticas. Al hacerlo, los magistrados están afectando seriamente la gobernabilidad democrática de un país que ya de por sí no le brinda mucha legitimidad a sus representantes y que menos aún lo hará si ve que aquellos en los que deposita la poca confianza que mantiene respecto de la clase política, son sacados de la carrera.

Una de las causas de la enorme disfuncionalidad que ha afectado la democracia peruana en estos últimos cinco años (cuatro presidentes a cuestas) fue el retiro de Julio Guzmán y César Acuña, quienes el 2016 ocupaban el segundo y cuarto lugar cuando el JNE, por pequeñeces leguleyas, los retiró de la contienda. Como estaban ubicados, cualquiera de los dos estaba llamado a competir con Keiko Fujimori en la segunda vuelta y no Pedro Pablo Kuczynski.

El zafarrancho que hemos sufrido estos años tiene otras razones, obviamente, como la piconería absurda de Keiko Fujimori por la derrota, la frivolidad gubernativa exasperante de PPK, la mediocridad administrativa de Vizcarra o la estulticia política de Merino, pero de hecho, el vicio de origen del régimen que nos ha gobernado desde el 2016 proviene, en gran medida, de una funesta decisión de nuestras autoridades electorales.

En esa perspectiva, es preocupante y lamentable que no hayamos aprendido de los errores y los volvamos a cometer con un esmero digno de mejor causa.

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Elecciones 2021

No nos equivoquemos ni nos dejemos confundir. Detrás del intento de censurar a la ministra de Salud Pilar Mazzetti, hay un claro afán de desestabilizar al gobierno y eventualmente -si logran las fuerzas suficientes- de destituir al presidente Sagasti.

La actual ministra no tiene vela en el escándalo de la vacunación vergonzosa del expresidente Vizcarra, por más que lo haya sido durante ese momento. Ya lo aclaró (aunque sí haría bien en averiguar quiénes formaron parte de la voceada lista de privilegiados que lograron acceder fraudulentamente a la presunta “cortesía” del laboratorio chino), pero eso no parece importarle a quienes promueven su censura.

Algunos podrán pensar que resulta paranoico especular sobre algún propósito vacador. No lo es. Esta coalición necesita un par de semanas en el poder para lograr varios cometidos: tirarse abajo la ley universitaria y la Sunedu, permitiendo el regreso de las universidades truchas; desmontar los procesos anticorrupción en los que algunos de los titiriteros de estos partidos están comprometidos; controlar los organismos electorales y propiciar un resultado en las urnas fraudulento.

Recordemos cuáles fueron las primeras tres acciones del gobierno de Merino: citar de urgencia al jefe de la Sunedu, admitir a trámite un amparo de Telesup, intentar despedir a un procurador anticorrupción y ordenar a los periodistas del canal estatal que se alineen a los propósitos oficialistas. Clarísimo el talante antidemocrático e irregular.

Eso es lo que quieren y para ello necesitan tan solos unas semanas en el poder. Los avala una tradición de infiltración de todos los poderes del Estado a su alcance y suponen que con el Ejecutivo en sus manos podrán hacer lo que les venga en gana (inclusive, de considerarlo necesario, aplazar las elecciones hasta que llegue el momento que ellos consideren propicio para sus pretensiones).

No soy defensor de Mazzetti. La considero corresponsable del desmadre de su sector, de la falta de camas UCI, oxígeno y demora en la llegada de las vacunas. Sagasti nunca debió extenderle su mandato. Pero el intento de censura no obedece a ello sino a una falsa imputación a la que claramente se le ve el fustán desestabilizador.

Los sectores civiles y políticos democráticos deben estar vigilantes para impedir que la recompuesta coalición vacadora vuelva a hacer de las suyas.

Con la situación convulsa que vive nuestro país y el mundo producto de una terrible pandemia que no amilana en su letalidad y que cada vez cobra más vidas, la noticia de la desactivación – tras siete años de muy eficiente trabajo- de la força-tarefa da Lava Jato ha pasado casi desapercibida en nuestro medio. Augusto Aras, el Procurador General de Brasil designado por el presidente Jair Bolsonaro, ordenó que desde el 1 de febrero, Lava Jato en Paraná pase a  integrar al Grupo de Acción Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco) del Ministerio Público Federal (MPF) con lo que, en la práctica,  la força-tarefa da Lava Jato ha dejado de existir.

 

La mayor investigación de corrupción y lavado de activos en Brasil y con gran impacto en nuestro continente, comenzó el 2014. Desde entonces, este grupo de trabajo integrado por un selecto equipo de fiscales, liderado por Deltan Dellagnol, ha logrado lo que nunca se había conseguido en la historia de Brasil y de América Latina en la lucha contra la corrupción transnacional. En siete años la força-tarefa da Lava Jato  ha producido 130 denuncias contra 533 imputados, generando 278 condenas. En cuanto a la recuperación de dinero, este grupo de fiscales hoy desactivado, ha logrado la devolución de más de R $ 4,3 mil millones a través de 209 convenios de colaboración y 17 convenios de clemencia, en los que se ajustó la devolución de casi R $ 15 mil millones. Lograron condenar a Marcelo Odebretch, uno de los hombres más ricos del mundo, así como a los dueños de las más grandes empresas constructoras del Brasil. Lo propio en el ámbito político, donde se obtuvo la condena, ratificada por dos instancias judiciales, contra el ex Presidente Luiz Inácio “Lula” da Silva.

 

Sin embargo, pese a todos estos excelentes resultados la perniciosa alianza de políticos, empresarios y corrupción parece haber tenido éxito. En medio de una serie de críticas al grupo de fiscales y al ex Juez Sergio Moro, por haber politizado el caso, el enorme poder mediático, político y económico de los investigados y condenados ha logrado, en el gobierno de Bolsonaro, lo que se pensaba imposible: la desactivación de la Força-tarefa da Lava Jato y con ello el inicio del fin de la lucha contra la corrupción a nivel internacional.

 

No es casual que en esta misma semana el Tribunal Supremo de Brasil (una instancia altamente politizada, pues sus miembros son elegidos por el presidente y el congreso) haya dado un duro golpe al caso Lava Jato autorizando a la defensa del ex presidente Lula el acceso a los mensajes, negados por falsos y adulterados, entre el ex juez Moro y los fiscales. Esto sería óbice para que luego se pueda, por un mero formalismo, anular la prueba y dejar en la impunidad a muchos investigados y condenados como Lula.

 

La arremetida ha sido feroz, contra un grupo de fiscales valientes y honestos que se propusieron como objetivo hacer justicia y refundar la república desde la fuerza de la igualdad ante la ley. Si alguna lección nos dejó el Lava Jato brasileño es que nadie quedó impune. Hoy toda esa esperanza de una sociedad más justa y sin corrupción ha quedado truncada por la fuerza de quienes quieren que nada cambie para seguir haciendo sus negocios a costa de la vida de los más pobres con total impunidad.

 

En una época signada por la peste, la mayor de todas ellas, la que más vidas hoy está cobrando es la de la corrupción y la impunidad. Cada persona que muere a causa de la falta de oxígeno, por la falta de una cama UCI, por falta de vacunas o de pruebas moleculares, es una víctima no sólo del Covid-19, sino también de la corrupción.

 

En el Perú lo que llama la atención es que esta importante noticia sólo haya sido resaltada por los investigados en el Lava Jato Peruano y haya pasado casi desapercibida en los medios. Es grave pues podría significar el preludio de lo que le podría esperar a nuestro equipo de fiscales. No hay duda de que aquí también se está aguardando el momento propicio para atestar un golpe como el ocurrido en Brasil. Ya hemos sido testigos de varios intentos en esta dirección y de una brutal y mentirosa campaña de desprestigio contra el Equipo Especial de Fiscales, liderado por Rafael Vela. Hasta ahora la reacción ciudadana ha sido fundamental para asegurar que esta lucha sin cuartel contra la corrupción siga adelante.

 

El equipo de fiscales peruanos, con honestidad, rigor y objetividad nos ha mostrado toda la podredumbre de esta alianza entre políticos y empresarios para robarles a los más pobres del Perú. Ver a cuatro presidentes de la república (uno de ellos decidió acabar con su vida por esto), dos alcaldes de Lima, varios gobernadores regionales, varios candidatos a la presidencia (hoy volviendo a intentarlo) y los más poderosos empresarios y abogados del país desfilar por la prisión, nos dio la mayor lección de nuestra historia republicana y esta es, que el crimen no paga.

 

Con menos tiempo que sus homólogos de Brasil, nuestros fiscales del equipo especial, también tienen muchos éxitos para exhibir. Desde su creación en julio del 2016, ya han presentado 6 acusaciones (que comprenden 48 personas naturales y 4 personas jurídicas), que esperan que el Poder Judicial inicie con los juicios orales respectivos, más de 860 investigados, 98 procesos de colaboración eficaz (14 de ellos ya concluidos), 49 prisiones preventivas ratificadas por la segunda instancia, 30 testigos protegidos, 471 asistencias judiciales internacionales. En lo económico han sido incautados US$ 17’552,591.55, S/. 32’ 326,070.38, 123 inmuebles y 17 vehículos.

 

Todo esto en el lado de lo cuantitativo, pues en lo moral y en la construcción de ciudadanía su trabajo ha sido mucho más profundo. Todos hemos podido comprobar que políticos de todas las tendencias tenían un único acuerdo común: la corrupción. La cantidad de evidencias en su contra son inobjetables y avasalladoras. El proceder del Equipo Especial ha sido totalmente objetivo, no ha habido un solo sospechoso que no haya sido o esté siendo debidamente investigado. Aquí, el propósito de nuestros fiscales ha sido siempre conocer la verdad por dolorosa y deshonrosa que esta sea.

 

Por eso, en esta elección donde se definirá el futuro de la lucha contra la corrupción en el Perú debemos estar muy atentos a cualquier arremetida que desde el futuro gobierno se quiera hacer contra el Equipo Especial de fiscales peruanos. El caso Lava Jato debería estar entre las prioridades de la agenda de todos los candidatos y quien salga elegido tendría que ser aquel o aquella que esté totalmente limpio de toda sospecha.

 

Tratar de seguir los pasos equivocados sólo puede conducir a quienes los sigan al abismo. La ciudadanía deberá mantenerse vigilante y atenta ante cualquier intento de estropear la lucha contra la corrupción y mantener a los corruptos en la impunidad y sus privilegios. De cara al Bicentenario, es momento de una apuesta ciudadana por la verdad y la justicia.

 

Ojalá el pueblo reaccione y castigue con severidad electoral a un candidato impresentable como es el exmandatario Martín Vizcarra. El incidente de la vacuna china que se hizo colocar junto a su cónyuge, en su calidad de gobernante, lo pinta de cuerpo entero: taimado e inescrupuloso.

Claramente no fue ningún voluntario, aprovechó su cargo y, lo que es más grave, si efectivamente quería sumar esfuerzos para que la vacuna se probase en el país, bien pudo hacerlo público y así animar a más compatriotas a hacerlo. El secretismo con que lo ha manejado demuestra claramente lo turbio de la decisión.

Lo único bueno que hizo Vizcarra durante su gobierno fue disolver el facineroso congreso fujiaprista, que de prosperar en sus propósitos hubiera llevado al país al abismo y provocado un incendio político de tal envergadura que hoy cosecharían electoralmente fuerzas radicales y disruptivas.

Fuera de eso su gestión ha sido un desastre, siendo el ejemplo más palmario el manejo de la pandemia. Condujo al país a una cuarentena irreflexiva, populachera e inútil, que no solo no contuvo el ciclo natural del virus sino que produjo un colapso de la economía. Y se desentendió por completo de la búsqueda de oxígeno, camas UCI y, por cierto, del aseguramiento de las vacunas.

La propia reforma política, que despertó tanto entusiasmo termino siendo mediatizada por su intervención demagógica de prohibir la reelección de los congresistas. No le interesaba la reforma sino tan solo confrontar con el Congreso, como recurso de popularidad.

No sorprende por eso creer que haya sido beneficiario de una jugarreta del Jurado Nacional de Elecciones para poder seguir en carrera, como ha sido denunciado por el periodista Ricardo Uceda, haciendo la salvedad de que nos parece bien que siga en la contienda, pero como también debieron seguir otros (APRA, listas del PPC y demás) que han sido apartados por un JNE allí sí riguroso e intransigente.

Vizcarra no merece entrar al Congreso para asegurarse cierta inmunidad que le permitiría blindarse de los serios procesos de corrupción que se le siguen, acusado de haber recibido millonarias coimas por obras públicas durante su gestión como gobernador regional de Moquegua. Merece sentarse en el banquillo de los acusados, no en una curul.

Alejandro Zambra (Santiago de Chile, 1975) es uno de los escritores latinoamericanos más interesantes de la escena contemporánea. Aunque inicia su carrera literaria como poeta (Bahía inútil, su primer poemario, data de 1998) es la narrativa el terreno en el que su obra ha logrado un unánime reconocimiento.

 

La trilogía formada por Bonsái (2006), La vida privada de los árboles (2007) y Formas de volver a casa (2011) posicionó rápidamente a Zambra como un narrador capaz de construir un universo personalísimo, que giraba en torno a la vocación por la escritura y por el que seguramente es uno de los fantasmas históricos más densos de Chile: la dictadura de Pinochet. Toda la trilogía está marcada por un lenguaje económico, de ánimo indudablemente minimalista.

 

La tentación de vincular a algunos personajes de esta trilogía con el propio Zambra –en especial a los que escriben o tienen alguna vinculación con la práctica literaria– es un riesgo permanente, pero si por algo existe la ficción es para tendernos un velo de misterio.

 

Otro libro de Zambra, Mis documentos (2013), además de ser su primera incursión en el relato breve, arroja luces más claras sobre ese vínculo, aunque el texto se mueve en una frontera híbrida, pues toma elementos no solo del cuento, también del ensayo, el diario y la memoria. Sin llegar a ser un texto declaradamente autobiográfico, la sensación de identidad con el autor material podría ser, en este caso, más intensa.

 

Dejo aparte, en este recuento, Facsímil (2014), un libro propiamente experimental, que se acerca mucho a la idea de obra abierta y cuya fórmula narrativa (un simulacro de examen de admisión universitario) ofrece en cada respuesta innumerables opciones de interpretación, un recurso que ya había usado Cabrera Infante en una página perdida de su notable Exorcismos de Esti(l)o (1976).

 

Poeta chileno (2020) es la reciente entrega de Zambra. Una novela de mayor aliento, que abandona esa obsesión por la brevedad y la concisión que se había constituido en uno de los más notorios rasgos de su estilo. El título nos coloca, una vez más, en el centro del universo de Zambra, esa mezcla de displacer cotidiano e impulso creador que afiebra frecuentemente a sus criaturas.

 

Uno de los personajes centrales de este libro, Gonzalo, busca afiliarse, pertenecer a un ámbito que no es otro que el de la poesía chilena, especie de familia alterna, pues la biológica, aquella de la que proviene, tiene un carácter disfuncional. Lo genuino y su impostura van formando, a lo largo de la narración, pares conceptuales: padre/padrastro, hijo/ hijastro, poeta/poetastro, familia/familiastra. Los sentidos se deslizan, creando contextos de ironía y por momentos de sarcasmo, a la vez que ponen al desnudo todo un mundo de carencias y conflictos afectivo-emocionales.

 

El propio Gonzalo tendrá, en Vicente (su hijastro) su contraparte. Gonzalo estudió literatura, con toda la carga de escepticismo que los otros suponen en sociedades como las nuestras y tiene claro que quiere ser poeta, que no es lo mismo que simplemente escribir poemas. El poeta es un constructo, desde el nombre: Gonzalo Pezoa, en clarísima alusión al gran poeta portugués, fue una entre varias posibilidades de nom de plum, felizmente desechada. Vicente, influido por Gonzalo, desea también seguir sus pasos. “Parrita”, lo llaman algunos, causándole un evidente fastidio.

 

Detrás del sarcasmo, los juegos de palabras, las inverosímiles combinaciones para un improbable bautizo poético, existe un velado tributo a la poesía chilena, hay que decirlo, una de las tradiciones más poderosas del mundo hispano. Del mismo modo, el retrato de las diferencias generacionales entre Gonzalo y Vicente, a veces crudas, no esquivan tampoco mostrar sus momentos de conmovedora cercanía. En esos contrastes habita, sin duda, la poesía.

 

Poeta chileno. Barcelona: Anagrama, 2020.

El Ministro de Educación, recién ayer, 9 de febrero, ha empezado a negociar la inclusión de las profesoras y profesores a la fase 2 del proceso de vacunación que incluye a los adultos mayores de 60 años, a las personas con comorbilidad (imagino que de los 15 a los 60 ya que el resto son adultos mayores), comunidades nativas e indígenas y personal del INPE. Aún no se ha anunciado públicamente cuando comenzará la fase 2 en tanto depende del arribo de las vacunas.

 

Por eso, esa afirmación, tan general, de vacunar a todo docente parece no tomar en cuenta que hacerlo implica vacunar a 523 mil personas, y sólo con ellos nos referimos a más de un millón de vacunas. ¿Y si agregamos a los más de 4 millones de adultos mayores de la fase 2?, ¿a los aproximadamente 150,000 peruanas y peruanos menores de 60 de las comunidades nativas e indígenas? Esa determinación poblacional requiere mayores especificaciones. Al parecer ya empezaron a notar que no hay tanta cobertura, pues horas después de esta declaración del MINEDU, el MIMP anunció que retirará a las personas privadas de su libertad. Hablábamos de más de 80,000 personas en los penales del país.

 

Y es que hasta la fecha sólo sabemos que en marzo arribará un mínimo 413,000 dosis de la vacuna producida por Oxford/AstraZeneca, como parte de un lote de 1′600,000 dosis de esta vacuna que serán entregados en el primer semestre de este año. Es decir, solo habrá dosis para cerca de un millón de personas más hasta julio. Nada más. Los 14 millones de AstraZeneca están programados para setiembre y los 13 millones provenientes del mecanismo Covax Facility llegarán al país el segundo semestre de este año, con la posibilidad de que muy pocas puedan llegar antes.

 

Entonces, hasta que el gabinete al que pertenece el ministro de Educación se vaya, las clases serán virtuales. La conectividad se nos ha dicho, también estará lista recién en julio. ¿Cómo se va a mejorar o paliar esta carencia? ¿Seguirá creciendo la brecha que dará más de dos años de desventaja a los estudiantes de zonas rurales y urbano marginales? Ojalá que el ministro priorice vacunar a las profesoras y profesores de estas zonas que dice tener identificadas. Cómo será su negociación. Al no haberlos incluido en la primera fase de marzo, para julio, en el mejor de los casos, esos colegios tendrán docentes presenciales junto con internet, con el riesgo de que de inmediato un nuevo gobierno que sabemos que siempre afecta la dinámica laboral en los sectores estatales por los sistemas de reemplazo, nos complejice los problemas en el Minedu. Urgimos un plan realista que asuma que el mayor número de vacunas llegará en el mes de Setiembre.

 

Tampoco es difícil pensar propuestas. Por ejemplo, el grupo de trabajo que se instaló en diciembre para planificar el retorno presencial del año escolar 2021, ¿por qué no cambia de inmediato su objetivo por uno que mejore la calidad y cobertura de la virtualidad en lo que queda del año? ¿Y si ponemos a los docentes rurales en primera prioridad en caso de algún adelanto de Covax?

 

Por lo pronto, necesitamos un ministro que responda por lo que ocurrirá en menos de un mes con el comienzo de las clases en los colegios del país, sobre todo en los que aquí nos preocupan. Pensar en setiembre no debe ser por ahora su prioridad, porque, finalmente, para ese momento será muy probable que sea otra persona la que ocupe su lugar.

 

Lima, 10 de febrero de 2021

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