Opinión

Para quienes me siguen desde hace años no es ningún secreto que soy enemigo del sistema coactivo pensionario, tanto en su modalidad estatal como privada (ONP o AFP), porque le arrancha recursos a las clases medias que aportan y se los entregan a cuatro corporaciones privadas que lucran infinitamente con tales recursos, o se los dan al Estado que los gasta -para variar- ineficientemente.

Ello no es óbice, sin embargo, para no constatar que el proyecto que impulsa la congresista Carmen Omonte, que hace que de los actuales fondos privados, una parte se destine a un fondo estatal que los administrará para beneficio de quienes tienen menores pensiones, es un acto expropiatorio e inconstitucional.

Los llamados a decidir sobre sus fondos son los propios afiliados. Es más, de alguna manera ya lo hacen cuando, gracias a una ley reciente, pueden disponer de la casi totalidad de su fondo de retiro al cumplir la edad de jubilación, abandonando el esquema pensionario, porque consideran que tienen otras urgencias de mayor relevancia que tener una pensión permanente futura asegurada.

Para quienes tienen excedente de dinero, no es mala inversión una AFP. Otorga niveles de rentabilidad altos (aunque podrían serlo aún más si hubiera plena competencia en el sector y eso pasa porque se decrete la no obligatoriedad del aporte) y se manejan con profesionalismo. A ellos no puede venir el Estado a decirles ahora, luego de veinte o treinta años de aporte, que una parte del mismo ya no le será devuelta como pensiónsino que tendrá “fines sociales”.

Cabe indicar, por cierto, que este tipo de proyectos de ley es la consecuencia natural de que se generen nichos mercantilistas, no competitivos. Generan malestar ciudadano y la natural reacción de la clase política por tratar de satisfacer esa demanda (a eso se dedican los políticos acá y en cualquier país del mundo) los lleva a plantear iniciativas legales que, como en este caso, terminan siendo peores que el problema a resolver.

Insistimos: solo cuando sea absolutamente libre para un trabajador decidir destinar una parte de su sueldo a financiar una pensión de jubilación o no hacerlo y ese mejoramiento de sus ingresos destinarlo a su propia “cartera de inversiones” (salud, educación, vivienda, etc.), se habrá logrado asentar un principio de justicia y libertad en el sistema pensionario. Esa es la reforma madre que debemos alentar.

Es un fallo histórico que el Décimo Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima haya ordenado al Ministerio de Salud y a EsSalud que se respete a plenitud la decisión personalísima de la ciudadana Ana Estrada Ugarte, de poner fin a su vida mediante el proceso técnico de la eutanasia.

Triunfa así el derecho a la vida digna. Y lo más importante, es una victoria gigantesca en la múltiple lucha por las libertades civiles que en el Perú venimos librando con retraso. Hay mucho que agradecerle a Ana Estrada en esta batalla por momentos solitaria, pero siempre muy acompañada por personas y colectivos que buscaban hacer prevalecer un derecho humano básico, como es el de disponer sobre la propia vida cuando las circunstancias clínicas o médicas no garantizan una vida dentro de los cánones que la propia persona considera que no ameritan seguir con ella.

Hay muchas batallas por librar en el país en materia de derechos civiles. La lucha feminista por los derechos de la mujer sigue su camino, aún incompleto, lleno de prejuicios machistas anacrónicos y primitivos. Los derechos sexuales y reproductivos han mejorado apenas unos centímetros en los últimos años, pero estamos a años luz de los parámetros de una sociedad moderna y liberal. La lucha porque niños y adolescentes sean respetados en sus fueros psicológicos y físicos supone una terrible lucha cultural en un país acostumbrado a utilizarlos de mano de obra o, lo que es peor, de desfogue violento de propias frustraciones.

Junto con todo ello, queda mucho por hacer en materia de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas andinos y selváticos, a quienes se solivianta en sus derechos de propiedad, su respeto al hábitat o su libre voluntad de ejercer una mínima soberanía cívica sobre su quehacer cotidiano.

Deberá incorporarse también a la agenda de los derechos humanos, la lucha por las prerrogativas mínimas de los inmigrantes, víctimas hoy de la marginación legal, por ende laboral o de acceso a servicios básicos, y que en estos días sufren de una ola de xenofobia cruel y criminal.

Todas estas batallas, bueno es recordarlo, están en grave riesgo si en las elecciones venideras prosperan opciones conservadoras radicales, que no recalan tan solo en la derecha sino también la izquierda. Si queremos ser una sociedad inclusiva, moderna, liberal, debemos ponerle coto a las opciones cavernarias que pretenden hacerse del poder para imponer su agenda pasadista y reaccionaria.

Cementerio general, de Tulio Mora (1948-2019) es un libro único en la tradición poética peruana. Y lo afirmo no solo por su temática, amplísima y documentada, sino además por constituir un ambicioso retrato coral de la experiencia histórica peruana. No podría decir que el proyecto de Mora se mueve exclusivamente en el terreno épico, aun cuando guarda indudable relación con él; de primera impresión, parecería más preciso pensar Cementerio general en el contexto programático de Hora Zero, movimiento de marcada influencia en la poesía de los 70 y del que Mora fue un destacado miembro y estudioso. ¿Pero, finalmente, dónde está, cuál es el lugar de un libro como este?

 

Una cuestión relevante es el lugar desde el cual se enuncian los 77 poemas que conforman esta bella edición de Cementerio general. Ese lugar es un espacio contrahegemónico, en el que los postulados de la historia oficial son sometidos a examen crítico y en el cual cada personaje, desde los más canónicos como Garcilaso o Guamán Poma hasta la cantante Flor Pucarina, constituye una estancia en un libro de indudable carácter polifónico. Bajtín pensaba la polifonía como el conjunto de planos autónomos de conciencia que aparecen en un texto determinado. Al recorrer Cementerio general, el lector no solo reconoce que la poesía construye una articulación crítica frente a la historia, sino también que cada una de las 77 voces presentes, si bien, individualizables en su mayoría, adquieren plano valor y coherencia en el conjunto.

 

El libro se inicia con una especie de obertura, que se preocupa de establecer un trazado histórico basado en la antigüedad del hombre peruano. Poemas como “Pikimachay”, “Toquepala” o “Chavín” nos hablan e interpelan desde la historia, desde momentos relevantes de nuestro propio desarrollo histórico y cultural: la necesaria presencia de la reconstrucción simbólica de eso a veces inasible y resbaladizo que llamamos “lo peruano”. Esos poemas iniciales anticipan de alguna forma el resto del volumen, al menos en su indiscutible vocación por la ironía y la insumisión frente a la historia oficial.

 

El coro es pues diverso. Por sus páginas desfilan mujeres singularísimas, soldados de diversa laya, rebeldes, montoneros, ideólogos, historiadores, viajeros y cronistas consumados, artistas populares, vidas cegadas por la indiferencia y la brutalidad con que el Perú castiga a algunos de sus hijos. El resultado: una historia coral que cuestiona los vicios de la representación oficial de personas y sucesos de nuestra historia.

 

La composición de los textos es, asimismo, producto de una intensa experimentación con el discurso, lo que pone en evidencia las distintas estrategias de construcción de los poemas, apelando al collage intertextual, interpolando con propiedad rítmica fragmentos de cartas, crónicas y otros documentos históricos. Es interesante notar que ese sentido de la experimentación será mayor en la medida en que la temporalidad avanza: los poemas de temática más contemporánea son precisamente los más preocupados por romper las fronteras convencionales de lo poético para inscribirse en una dinámica de hibridez y someter al lenguaje a torsiones libres, violentas, legítimas.

 

En suma, quisiera decir que este libro no puede ya permanecer en los límites de su generación, que Cementerio general es, en palabras simples, uno de esos grandes tesoros de la poesía peruana, un libro que nos contiene y nos confronta a todos. Y hago eco aquí de sus versos finales, dichos por Rosa Campana, adivina de Zaña: “Ésta es nuestra gloria:/ haber escrito –indios, negros,/ chinos, blancos– en los laberintos/ de la sangre y la pobreza/ la memoria del azar y la sobrevivencia./ Una y mil veces se lo digo a mis paisanos/ mientras balanceo mi mecedora:/ más presagios preñará el río,/ pero aquí estaremos todos/ escribiendo el poema de la vida”.

 

 

Y mientras tanto… celebran los hermanitos

Lo que debió ser el caso de corrupción judicial más importante de nuestra historia se encuentra gravemente herido por una mala decisión de las fiscales encargadas de las investigaciones sobre los “Cuellos Blancos del Puerto”. Que Sandra Castro y Rocío Sánchez se hayan reunido subrepticiamente con el inefable Martín Vizcarra mientras era presidente de la república, sea por el motivo que sea, daña seriamente el caso, se presta a múltiples críticas, pero, de ninguna manera borra los hechos y los delitos de los que todos hemos sido testigos por medio de los audios de la vergüenza. Ahora debemos precisar que la reunión de las fiscales con Vizcarra es algo que tendrá que investigarse, pero eso nunca nos hará olvidar cuando todos escuchamos a un juez supremo negociar la libertad de un violador de menores, las coordinaciones con la “Señora K” de la “fuerza número uno”, ni las irrepetibles tropelías de Walter Ríos, el doctor Rock, la alianza de Chávarry con la mototaxi para sacar a los fiscales Vela y Pérez, y un largo etcétera.

 

Es cierto que todo investigador y más aún un fiscal no debe ignorar que hay reglas de procedimiento y comportamiento que nunca deben romperse. Que la objetividad y la imparcialidad deben ser el sino de su conducta y que el trato con el poder político debería estar proscrito para ellos. Lamentablemente, esto no ha sucedido así y hoy salen a la luz muchos vacíos formativos y de conducta de quienes realizaban la investigación. Por eso, ha hecho muy bien la Fiscal de la Nación en removerlas de su cargo. Ellas deberán dar cuenta de lo que hicieron y dejaron de hacer ante las instancias correspondientes.

 

La mayor víctima de esta reunión es la propia investigación. Hoy “los hermanitos”, esa fraternidad inmunda que controlaba el sistema de justicia en el Perú, celebran su aparente triunfo. Parece que han logrado su primer objetivo que es desmantelar el equipo especial que, en noviembre, la Fiscal de la Nación reformuló con buen criterio para darle mayor impulso a las investigaciones. Luego es evidente que quieren ir tras la cabeza de Zoraida Ávalos y finalmente terminar de tumbarse el caso. Es decir, lograr la impunidad. Sus planes son claros y sus defensores mediáticos no tienen ningún empacho en señalarlo.

 

Es cierto que esa reunión jamás debió producirse y que tanto Sánchez como Castro deberán someterse a los procesos disciplinarios que correspondan, pero el grado de responsabilidad es distinto. Más allá de las insinuaciones y peroratas de los mafiosos, sus abogados y sus periodistas hay hechos claros que debemos tomar en cuenta. Están los chats de la fiscal Rocío Sánchez coordinando, Dios sabe qué, con el hoy asesor del presidente Sagasti y connotado dirigente del Partido Morado, Carlo Magno Salcedo, en un caso donde aparece como defendiendo de uno de los colaboradores, el abogado Fernando Ugaz Zegarra, jefe del estudio donde trabajó Salcedo, amigo de promoción de la fiscal Sánchez y, curiosamente, abogado también de Martín Vizcarra.

 

Pero, estas “coincidencias” no acaban aquí. La fiscal Sánchez súbitamente se interesa por el millón de soles que Toñito Camayo tenía congelados por una investigación por lavado de activos. Es así que solicita al fiscal superior Marco Villalta, el mismo que es mencionado por Karen Roca, la secretaria de Vizcarra, como el fiscal que los apoyaría en el caso Richard Swing. Este es el fiscal que en sólo cuatro días le da la razón a Sánchez, entregándole el caso del millón de soles congelado, seguramente, otra “coincidencia”. Ésta de inmediato logra el descongelamiento de esa millonaria suma que bien pudo quedar como garantía para la reparación civil aún impaga. Cabe preguntarse cuál puede haber sido el interés por descongelar el millón de soles de Camayo y nuevamente surge la sospecha, ¿será por la amistad de este delincuentillo con Martín Vizcarra? Hoy más que nunca esta pregunta resulta relevante, pues Sánchez, tal como revelan los audios, sabía de la relación de Vizcarra con los “cuellos blancos”.

 

Vemos entonces, con hechos, que no es lo mismo coordinar una irregular reunión con Vizcarra que haber actuado en uso de su cargo para beneficiar a un investigado con la devolución de su dinero y establecer una red de contactos que hoy sabemos llegan al más alto nivel para tratar de evitar “un show mediático” al candidato del gobierno.

 

Corresponde a la propia Fiscal de la Nación poner fin a esta situación y demostrar que es capaz de asegurar que las investigaciones continuarán, esta vez, sí con imparcialidad y objetividad. Los hechos existen, hemos escuchado a los culpables, las colaboraciones están, no puede ser tan difícil llegar a conclusiones y tener pronto una acusación. Está en manos de la Fiscal de la Nación devolverle algo de credibilidad a la institución que dirige. En lo inmediato debería reconformar ese equipo especial con fiscales capaces, honestos y valientes dirigidos por un coordinador que de verdad coordine y ejerza el liderazgo que tiene, por ejemplo, el equipo especial Lava Jato.

 

A Zoraida Ávalos ahora le toca no sólo ser la Fiscal de la Nación, sino también parecerlo. Ella ha sido formada bajo la égida de la intachable Adelaida Bolívar. Es momento en que se inspire en su fuerza, coraje y amor a la institución. No puede seguir dando signos tímidos que se presten a la sospecha y la crítica. Si nada la une y nada le debe a Vizcarra, si no tiene nada que temer respecto a su nombramiento, entonces que actúe de manera enérgica y demuestre a quienes la critican que es capaz de ser firme contra el delito venga de donde venga. Adelaida Bolívar se enfrentó hasta su último hálito contra el poder mafioso que la atacó usando a una ya olvidada y taimada fiscal para ello. Hoy, la historia se repite, Ávalos tendrá que demostrarnos si es cierto que la historia cuando sucede por primera vez es una tragedia y cuando se repite es una comedia. Señora Fiscal de la Nación, está en sus manos poner fin a la comedia y la farra que los “hermanitos” quieren montar con esto que ha sucedido.

 

Las vacunas contra la covid-19 de la empresa china Sinopharm terminaron representando, sin haberlo previsto, uno de los síntomas más graves de los que está sufriendo en este momento el país: la desconfianza. Esta ya se había sembrado con cada encarcelación en el nuevo milenio de nuestros presidentes y con el suicidio de Alan García, pero se intercalaba con dosis de justicia con las acciones, a veces ciertamente impulsivas, de un grupo destacado de fiscales.

 

El derrumbe se acrecentó cuando se confirmó que los males del Congreso de la República no se debían a las personas que en aquel momento habían sido elegidas, sino que se trataba de un sistema de representación de redes de corrupción que no estaban dispuestas a perder la batalla y entregarse a la justicia. Todo lo contrario, coparon los partidos políticos y regresaron al Congreso con otros cabecillas. Pocas y pocos congresistas honestos siguieron siendo la breve noticia esperanzadora. Y fue con esas ganas de querer volver a confiar, luchando con marchas, presión y dando incluso dos vidas, como la sociedad civil recibió ciertamente emocionada al nuevo presidente del Congreso y por ello de la República, elegido gracias a ella.

 

Los contratos y arribo de las vacunas de inmediato propalaron una nueva incertidumbre que se sumó al impacto de la segunda ola pandémica por las mutaciones del virus y la falta de producción de oxígeno en nuestra población. Muerte, miedo e incertidumbre encendieron nuevamente la desconfianza y en este momento, cuando se recibió con gran emoción y cobertura mediática el arribo de las vacunas, se descubre que las ministras de Salud y Relaciones exteriores habían mentido, que se habían vacunado como parte de unas sospechosas entregas de acuerdos irregulares con los productores chinos. Miedo, mentira e incertidumbre llevan en crisis económicas como en la que nos encontramos a un resquebrajamiento social donde solo queda “confiar en los amigos” porque no se puede confiar en la educación que actualmente se está ofreciendo, tampoco en los gobiernos regionales, ni en el Congreso, ni el gobierno central. Valga preguntarnos sobre qué sustrato ético está creciendo nuestra juventud, quedando cada vez más desamparada por la muerte de sus familiares.

 

Uno de los indicadores de desconfianza hacia el mundo institucional que estamos viviendo en este momento se refleja en que a mes y medio de las elecciones generales 2021, el 30% de personas encuestadas no sabe por quién votar, votará en blanco o lo hará viciado. Hasta la fecha, ningún candidato o candidata puede ser considerado representativo si ninguna ha alcanzado siquiera el 12% de la preferencia.

 

Ante todo lo acontecido, sin duda este entorno de desconfianza continuará con el próximo Congreso y gobierno. Tengamos claro que serán cinco años más de lucha en la calle. Quizá dos años tarde después del bicentenario, pero no importa, preparemos el terreno para que el 2026 ya no puedan postular congresistas corruptos y consigamos una persona honesta y resolutiva para el encargo de reformar de una vez por todas a un Estado que ya tenemos muy claro de qué males sufre. Sabemos cómo lucharla.

 

 

Violencia.

Agricultores muertos.

Bloqueos de carreteras.

Anarquismo.

Relevos ilegales de Policías.

Tres ministros del Interior: uno de ellos, hermano del condenado terrorista senderista Zenón Vargas Cárdenas.

Vacunagate.

Dos ministras vacunadas a escondidas (que sabemos).

Un dealer de vacunas sin detención.

Dos ministros de Salud: la mentirosa contumaz, cínica vacunada, y el voluble.

Dos cancilleres: la primera también vacunada en secreto y el segundo un fan de la vacunada Mazzetti.

Una ministra Cornejo, sobrina del presidente vacado y vacunado.

Una Dirección Nacional de Inteligencia dirigida, también, por otro Cornejo, primo del vacado y vacunado.

Cuarentenas bamba. Sin control y que propician la informalidad.

Negocios estrictamente cerrados.

Ambulantes libremente haciendo negocio.

Shows de avioncitos.

Cupcakes.

“Vacunas” chinas.

Repunte de la pandemia.

Campos de retención ilegales.

Fronteras descuidadas.

Nueva crisis migratoria.

Resurgimiento del crimen: robos y asesinatos.

 

Todo eso y más, solo en cien días. Parece un recuento de 5 años de gobierno, pero no. Con razón los morados se enfurecen cuando les enrostran que este es su gobierno. Los morados quieren hacernos creer a la fuerza que Sagasti no es morado y hasta amenazan a periodistas con molestarse si insisten en hablar con claridad.

 

Causa gracia que el candidato del partido que hoy gobierna prometa cosas que hoy mismo no sabe cómo cumplir teniendo en manos el poder que hace cien días arranchó.

 

Punto y aparte.

 

Sobre la cochinada que ha sido, en todo este tiempo, el desempeño de las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez y de otros más en el caso mediático «Los Cuellos Blancos del Puerto», lo correcto sería su destitución. Y, por supuesto, Zoraida Ávalos, también debe irse, y ser investigada. Su permanencia en la Fiscalía de la Nación es insostenible. No hay espacio para ella en la institución cuyo papel es perseguir el delito.

 

Por más desverguenza del expresidente Vizcarra o graves errores cometidos por las fiscales Rocío Sánchez y Sandra Castro que haya habido respecto de la bendita reunión sostenida para presuntamente coordinar apoyo logístico, en esencia el caso Cuellos Blancos sigue plenamente en pie, con abundante data probatoria e indicios más que suficientes para sancionar penalmente a muchos magistrados, políticos y empresarios.

Lo mismo sucede con el caso Lava Jato y Club de la Construcción. Por más eventuales errores procesales que se puedan haber cometido (prisiones preventivas exageradas, demoras en las acusaciones, etc.), no cabe duda de que estamos, en conjunto, frente a un conglomerado de corrupción nunca antes visto en la historia del país. Equipara, por la cantidad de personas involucradas y dinero sucio en juego, al propio proceso seguido contra la mafia fujimontesinista en la década del 2000.

En esa línea, resulta francamente risible ver al inefable exfiscal de la Nación Pedro Chávarry pasearse orondo, queriendo transmitir que con la información dada a conocer él resulta moralmente exculpado. Por más ayuda que reciba de sus “hermanitos” mediáticos, su caso es uno ejemplarmente sancionado por la Junta Nacional de Justicia.

Más allá de PPK, de Vizcarra, de Merino o de Sagasti, hay un proceso fiscal y judicial en marcha desde hace años que desde diferentes ángulos supone, casi inéditamente en nuestra historia republicana, una limpieza moral de corruptos por doquier. Que se cometan errores o más que desprolijidades en el camino, no puede abonar en favor de quienes quieren tumbarse todo el proceso, regresar el statu quo precedente y volver a fojas cero la ola putrefacta que se ha descubierto.

Más bien, hay que saludar que a pesar de la inmensa crisis que vive el país, que incluye aspectos económicos, sanitarios, políticos, sociales y morales, por lo menos haya un grupo de fiscales y jueces que está haciendo correctamente su labor en favor de asentar el principio de que el delito paga y que la impunidad nunca más debe reinar.

Entre las pocas cosas que hay que celebrar en estas cercanías del bicentenario está justamente la labor de extirpación corrupta que se ha logrado y que aún falta concluir en el Perú. Que no nos confunda la alharaca del lado oscuro.

El señor Jones, un adulto de sexo masculino, ama mucho a su pareja, pero no se siente preparado para tener hijos. Por esa razón, un buen día decidió tomar una pastilla anticonceptiva. Después de varias semanas de haber tenido relaciones sexuales regularmente con su pareja, el señor Jones se hizo un test de embarazo, y para su satisfacción este salió negativo: “La pastilla está funcionando a la perfección”, pensó orgullosamente.

 

¿Cuál es el problema del razonamiento del señor Jones? Él cree que, ya que se tomó la pastilla antes de obtener un test negativo, el haber tomado la pastilla es la causa del test negativo. Pero, evidentemente, haber tomado la pastilla no tiene nada que ver con no haber salido embarazado. Este ejemplo sirve para ilustrar un tipo bastante común de razonamiento defectuoso: el creer que, ya que A sucedió antes que B, entonces A es la causa de B.

 

En los meses que vienen, cuando comience la vacunación masiva en el Perú, muchas personas que hubieran muerto de todas formas, van a morir a la semana de haber sido vacunadas. Cuando esto suceda, me temo que vamos a tener a muchos señores Jones.

 

Consideremos las muertes en el Perú en un año normal, pre pandemia. Haciendo un análisis muy general, en el Perú en los últimos años han muerto en promedio unas 2000 personas cada semana, de las cuales 40% ha muerto en su domicilio. Sabemos que más o menos 50% de las personas que mueren en un año tienen más de 65 años. Digamos que las proporciones se mantienen, y que por lo tanto unas 400 personas mayores de 65 años mueren en sus casas cada semana. En las muertes a domicilio, el certificado de defunción lo suelen otorgar médicos contactados por las mismas funerarias, quienes en su mayoría no son muy rigurosos en su diagnóstico. Según una fuente del MINSA, “esos médicos ponen cualquier diagnóstico, incluso muerte sin atención, muerte por causas desconocidas o paro cardiaco, es decir diagnósticos con códigos [inadecuados]”. En otras palabras, históricamente, cientos de adultos mayores han muerto semanalmente en el Perú sin tener una causa clara.

 

Una vez que los trabajadores esenciales se hayan vacunado, el gobierno planea vacunar a la población más vulnerable al Covid-19, los mayores de 65 años. Es prácticamente una certeza estadística que van a haber adultos mayores que mueran en la semana misma de haber recibido la vacuna, decenas tal vez, sin que la causa de su muerte haya sido correctamente identificada. Una campaña anti vacuna bien organizada, basada en la desinformación, va a encontrar un suelo muy fértil para sembrar miedo y alimentar suspicacias. No nos sorprendamos de ver historias virales en Internet resaltando alguno de estos casos particulares.

 

¿Qué podemos hacer? No cometer el error del señor Jones: solo porque A sucedió antes que B no significa, automáticamente, que A haya sido la causa de B. El simple hecho de tener esto en mente va a disminuir el nivel de sensacionalismo que una noticia sobre vacuna y muerte pueda generar. Jones habría podido reconocer su error si hubiera estado al tanto de los hechos básicos de biología humana que explican su no-embarazo. En el caso de las vacunas, debemos también estar al tanto de los hechos básicos pertinentes: ninguna vacuna, incluyendo la de Sinopharm que se aplica en Perú, ha producido muerte como efecto secundario en ninguno de los estudios reportados. ¿Tendremos los peruanos la cabeza fría para no dejarnos persuadir?

 

[Notas: El ejemplo de Mr. Jones fue propuesto por primera vez por el filósofo estadounidense Wesley Salmon. La idea de analizar la relación entre promedio de muertes y vacunación la tomé de un artículo de Justin Fendos, en la revista The National Interest.]

 

* Manuel Barrantes es profesor de filosofía en California State University Sacramento. Su área de especialización es la filosofía de la ciencia, y sus áreas de competencia incluyen la ética de la tecnología y la filosofía de las matemáticas. Obtuvo su doctorado y maestría en filosofía en la Universidad de Virginia, y su bachillerato y licenciatura en la PUCP.

El próximo Congreso va a ser determinante. Ningún partido alcanzará mayoría y necesitará de hacer pactos para lograr una relativa gobernabilidad que rompa con esta vorágine política extrapolada del convulso siglo XIX a la actualidad por obra y gracia original de un Presidente como Kuczynski, absolutamente frívolo respecto de sus responsabilidades, y un Congreso fujimorista guiado por el odio y el afán de obstrucción, que fueron incapaces de firmar un acuerdo de gobernabilidad centroderechista que hubiera cambiado el país para bien.

En estos momentos, más que la Presidencia parece más importante el voto por el Congreso. Necesitamos un mejor Legislativo que ayude al país a remontar la pavorosa crisis social, económica, sanitaria, política y moral que hoy lo asola. Un Congreso responsable, no populista, reformista, dinámico, fiscalizador. A continuación una lista personalísima de candidatos por Lima que, a mi parecer, ojalá estén presentes en el Congreso. Es una lista, por supuesto, arbitraria y se basa en el conocimiento directo e indirecto de los mencionados (pido disculpas anticipadas porque hay listas de partidos como las de Acción Popular o el Frente Amplio en las que, ignorancia mía, no conozco a nadie, y por eso no aparecen en el listado).

Victoria Nacional: Jorge Nieto, Patricia Arévalo, Jorge Chávez, Joaquín Rey, Jean Ferrari, Gonzalo Alegría; Fuerza Popular: Hernando Guerra García, Patricia Juárez, Ernesto Bustamante, Fernando Rospigliosi,  Amador Merino Reyna; Juntos por el Perú: Arturo Ayala, Sergio Tejada, Sigrid Bazán, Marité Bustamante, Carlos Glave, Roberto Rodríguez Rabanal, Lucía Alvites; Podemos Perú: Carlos Anderson.

Avanza País: José Williams, Adriana Tudela, María Teresa Dulanto, Diego Uceda, Alejandro Cavero; Partido Morado: Susel Paredes, Rodolfo Pérez, Flor Pablo, Edward Málaga, Carlos Magno Salcedo, Ursula Moscoso, Patricia Gamarra; Alianza para el Progreso: Gladys Echaíz, Roberto Chiabra, Daniel Abugattás, Germán Leguía; Renovación Popular: Jorge Montoya; Perú Patria Segura: Elizabeth Zea; Partido Nacionalista: Wilfredo Pedraza, Alberto Otárola; PPC: Pablo Secada.

A partir del 2021 se va a necesitar firmar pactos de gobierno, que incluyan participación de diversas agrupaciones en determinados sectores del gobierno. Similares al pacto AP-PPC del 80 al 85, donde las carteras de Industria y Justicia eran del partido socialcristiano, o al de Perú Posible con el FIM donde la cartera de Justicia era para la agrupación de Fernando Olivera. Para ello se va a requerir de congresistas capaces de consensuar o de disentir, pero con solvencia profesional y tolerancia democrática

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