[EL DEDO EN LA LLAGA] «Convocamos, en primer lugar, a personas de reconocida trayectoria en la sociedad peruana para formar la Comisión de Ética para la Justicia y la Reconciliación. Se les encomendó la tarea de acoger a las víctimas de diversas formas de abusos y maltrato generados en su relación con el Sodalicio, y ofrecerles un primer paso en su camino de reparación, sin exigir un rigor de prueba o escrutinio de sus testimonios, sino procurando ofrecerles la escucha y acogida que su sufrimiento requería. Al finalizar su trabajo, la Comisión presentó su informe, y un conjunto de recomendaciones, sobre las cuales hemos venido trabajando.
Como parte de ese mismo proceso recurrimos al Sr. Ian Elliott, cuya experiencia de más de 40 años trabajando con víctimas de abuso en diversas partes del mundo permitió que un número significativo de personas pudieran presentarse para ofrecer sus testimonios».
Sin embargo, esto último no parece ajustarse a la verdad, pues la misma Kathleen McChesney, en un video publicado el 18 de febrero de 2017 por el mismo Sodalicio en su canal de YouTube (Canal S), afirmaba que tanto ella como Monica Applewhite y Ian Elliott recién fueron contactados por el Sodalicio en marzo de 2016, cuando la primera comisión ya tenía prácticamente listo su informe final, que fue finalmente publicado en abril de 2016. Más aún, no hay ningún indicio que demuestre que el Sodalicio habría tenido el plan de establecer dos comisiones desde un principio, sino más bien todo lo contrario. La convocación de una segunda comisión habría sido un plan alternativo para neutralizar las conclusiones a que había llegado la primera, tanto a nivel general como a nivel de informes personales.
Además, ninguno de los tres expertos contratados había trabajado jamás como representante de víctimas de abusos, sino más bien para organizaciones donde se habían cometido abusos, a fin de implementar programas de prevención y reparación, respetando por supuesto los intereses de la organización. Dicho de otro modo, eran profesionales de “control de daños” y “lavada de cara”.
La afirmación de que en el informe de la primera comisión hay «un conjunto de recomendaciones, sobre las cuales hemos venido trabajando» es ambigua. Puede entenderse como que están buscando cumplir esas recomendaciones, pero lo que el Sodalicio estaba haciendo en realidad era ver la manera de incumplirlas. De estas recomendaciones solo cinco eran para ser cumplidas por el Sodalicio, las otras eran para ser cumplidas por la misma Comisión de Ética o o simplemente eran recomendaciones a tener en cuenta por la Santa Sede.
Respecto a la primera recomendación, si bien el Sodalicio declaró a Figari “persona non grata”, no adoptó para él «la mayor sanción moral e institucional», que era la expulsión y tomar las medidas para que que se someta a la justicia civil. Al contrario, se le protegió y se le pagó incluso el abogado, Armando Lengua, uno de los más caros de Lima.
Respecto a la segunda recomendación, que «las víctimas de los abusos deben ser resarcidas», hay que decir que el Sodalicio no reconoció como víctimas a todas aquellas personas que la primera comisión había reconocido como tales, alrededor de un centenar, sino sólo parcialmente. Y las reparaciones ofrecidas estuvieron lejos de ser justas y proporcionales al daño sufrido. Igualmente respecto a «una solicitud de perdón y desagravio, de manera personal y escrita, por parte del Superior General a cada una de las víctimas», éstas aún siguen esperando que esto ocurra.
La tercera recomendación era ésta: «Compensación por los daños personales sufridos por quienes fueron privados de un adecuado discernimiento vocacional, y en esa medida, obligados a prestar servicios no remunerados, incluso en condición de “servidumbre”». Fue incumplida, o cumplida muy mezquinamente sólo con unos cuantos.
Las otras dos recomendaciones fueron incumplidas en su totalidad:
«El SCV deberá proceder a la devolución inmediata de toda la documentación correspondiente a cada una de las personas que forma o formó parte de la institución, que así lo solicite».
«Las personas que ejercieron algún cargo en la organización del SCV, durante los años en que se permitieron los abusos denunciados, deben ser impedidas de ejercer algún cargo representativo al interior de la organización».
Regresando al informe de los expertos internacionales, el mismo señala que «este informe fue originalmente preparado en inglés». Sin embargo, hay indicios para suponer que esto no es verdad.
En el mismo texto del informe se señala que fueron preparados «después de una extensa revisión de documentos públicos, registros del SCV y entrevistas de más de 245 personas», es decir, fuentes de información todas ellas en español, salvo algunas entrevistas que pudieron ser realizadas en inglés sólo gracias a que los entrevistados manejaban mal que bien este idioma.
Por otra parte, al traducir algunas partes del informe al alemán, me di con la sorpresa de que las traducciones del español eran más precisas que las traducciones del inglés. Por poner algunos ejemplos, la palabra “apostolado” aparece en la versión inglesa del informe como “ministry”, lo cual a grandes rasgos se puede considerar como correcto si la traducción es del español inglés. Pero en sentido contrario la cosa no funciona. “Ministry” (servicio de carácter religioso) no puede traducirse correctamente como “apostolado”.
De Jeffery Daniels se dice que era tildado de ser “payaso” —característica que le cae al pelo, según el testimonio de quienes lo conocimos personalmente—. En la versión inglesa dice “goofy” (bobalicón, ridículo o gracioso en sentido cómico), lo cual resulta aceptable con cierta flexibilidad si se trata de una traducción del español al inglés. Pero “goofy” no podría traducirse correctamente como “payaso”.
Además, el informe presenta alguna características inaceptables tratándose de un documento que debería cumplir con estándares académicos. Entre los abusadores sexuales, sólo se mencionan los nombres de Luis Fernando Figari —quien fue separado de la comunidad pero nunca expulsado del Sodalicio—, de Germán Doig —fallecido en el año 2001— y de otros tres, que ya no forman parte de la institución: Virgilio Levaggi, Jeffery Daniels y Daniel Murguía. Sin embargo, hay otros tres abusadores sexuales que seguirían perteneciendo al Sodalicio, cuyos nombres no se mencionan. Asimismo, no se menciona el nombre de ninguno de los once abusadores físicos y psicológicos que identificó la comisión de expertos, nueve de los cuales seguirían perteneciendo al Sodalicio.
En una parte se mencionan «actos de abuso sexual que se han reportado como perpetrados por cuatro exsodálites, de quienes se ha reportado que han abusado sexualmente de un total de dieciocho varones menores de edad y una joven menor de edad». Para enterarnos de la edad de cada una de las víctimas, los nombres de sus abusadores y los detalles de los abusos tendríamos que esperar al Informe de la Comisión De Belaúnde (julio de 2019) —lamentablemente aún no difundido públicamente—, donde aparece toda esta información.
El informe de los expertos internacionales, además de ser fragmentario y demasiado breve para la cantidad de fuentes disponibles y el tiempo de un año dedicado a la investigación, cae en una que otra contradicción. En su carta de presentación, Alessandro Moroni, decía que «los expertos identificaron ciertos elementos dentro de la cultura del Sodalicio que, de alguna manera, permitieron que estos reprobables hechos hayan podido ocurrir». El informe dice más o menos lo mismo refiriéndose a una «cultura pasada del SCV», pero también señala que «no fue, entonces, la cultura del SCV la que causó que los agresores cometieran actos de abuso, pero hubo autoridades o sodálites mayores que permitieron o alentaron abusos físicos y psicológicos». ¿En qué quedamos?
De hecho, la versión en español del informe de los expertos internacionales se lee con más naturalidad y no tiene la pinta de ser una traducción, lo cual no ocurre con la versión en inglés, que parece más bien una traducción del español.
Si esto es así, nos hallamos ante una premisa grave, considerando que los expertos no dominaban el español al punto de poder escribir un informe profesional en esta lengua. ¿Quién redactó entonces el informe?
La primera hipótesis es que fueron sodálites encargados por la institución para apoyar a los expertos quienes estuvieron encargados de redactar y supervisar el informe final. Que el Sodalicio tenía en control de los procedimientos se manifiesta en el hecho de que ni Ian Elliott, ni mucho menos las otras dos “expertas”, decidían a quién se le podía considerar como víctima y acreedor de una reparación, sino que eso lo hacía un Comité de Reparaciones integrado por los sodálites José Ambrozic y Fernando Vidal; Claudio Cajina, abogado del Sodalicio, y Scott Browning, abogado estadounidense contratado por el Sodalicio, según lo declarado por Alessandro Moroni en el Congreso de la República. En otras palabras, ante las víctimas el Sodalicio fue juez y parte.
La otra hipótesis es que efectivamente hubo un extenso informe en inglés preparado por los expertos, pero que no es el mismo que se dio a conocer a la opinión pública, el cual sería más bien una especie de resumen o versión editada, preparada por el mismo Sodalicio a fin de apuntalar su propia narrativa de los hechos, donde —por ejemplo— se omite totalmente el papel que jugaron Rocío Figueroa, Pedro Salinas y Paola Ugaz en develar los abusos del Sodalicio. Alessandro Moroni dice en su carta de presentación que «los expertos no han encontrado indicios de complicidad ni conspiración entre los presuntos abusadores». La pregunta es dónde leyó esto, porque esta información no aparece en el informe publicado. ¿Lo habrá leído en el informe en inglés que efectivamente habrían preparado los expertos y que nunca fue publicado?
Queda claro que lo que se buscaba era cargar el peso de los abusos sobre un puñado de abusadores (Figari, Doig, Levaggi, Daniels y Murguía), de los cuales —con la excepción de Figari— ninguno forma actualmente parte del Sodalicio, y limpiar al Sodalicio institucionalmente de cualquier culpabilidad o responsabilidad en los abusos. Y el informe, curiosamente, no aborda en ningún momento el tema de los encubridores, de aquellos que fueron testigos de abusos y que sabían de lo que ocurría, pero prefirieron guardar silencio y proteger a los abusadores con el fin de salvaguardar a toda costa la imagen institucional. Y esos encubridores siguen en la institución, manteniendo en pie el sistema que permitió los abusos de poder y de conciencia que constituyeron la base y fueron una puerta abierta para los demás abusos.
Creer que el Sodalicio puso todo de su parte para que se conociera la verdad de los hechos es una quimera, una fantasía para ingenuos. Toda su estrategia sólo tuvo como objetivo engañar a la opinión pública.
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