La denuncia del 2014 ya echa una sombra razonable sobre la intachabilidad de Fernández. Conocer qué pasó con esa denuncia por completo ayudará a desvirtuar o a reforzar esa sombra. De ser lo segundo, la incuestionabilidad se rompe. ¿Es esa la garantía, la apariencia de intachabilidad que debe existir en el primer Jefe de la ANCMP, por ejemplo, para la lucha contra la corrupción? El impacto puede ser letal sobre los y las fiscales que, a contracorriente, están haciendo bien su trabajo en casos de crimen organizado, corrupción, lavado de activos y otros serios delitos: ya el Relator de Naciones Unidas para la Independencia de la Justicia ha evidenciado que las amenazas para el trabajo de los fiscales bien pueden venir de la misma institución vía el sistema de control. Y en efecto, lo vimos en “La Centralita”; lo vimos en “Cuellos Blancos”.
Además de la carpeta y expediente de control interno fiscal que se generó ante la denuncia del 2014, lo que hay que analizar son los diversos elementos del escenario de esa investigación; más aún cuando lo denunciado fue un presunto (y grave) hecho de corrupción. Así lo plantea el Informe Corrupción y Derechos Humanos del 2019 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y elementos de ese escenario acentúan las alertas. El caso habría pasado por las gestiones de los siguientes fiscales supremos de control interno: Nora Miraval (quien se jubiló a los pocos meses de asumir el cargo), Pedro Chávarry y Víctor Raúl Rodríguez Monteza. Chávarry y Rodríguez han sido destituidos por la propia JNJ por “Cuellos Blancos”. Y una de las tesis fiscales de este megacaso es que se buscaba acaparar el sistema de justicia desde dentro para promover impunidad. Otro elemento del escenario: el fiscal que archivó parte de la investigación en Amazonas (como lo informó Latina), es el fiscal Ñope Cosco, también destituido por la JNJ (por acoso sexual). Estos elementos exigen que la denuncia del 2014 sea escudriñada al milímetro, pues las autoridades fiscales que participaron no dan la garantía de haber hecho un buen trabajo.
Así estos dos casos, la denuncia del 2014 y la representación en el 2021 del juez Polo Huamán, pueden cambiar la historia de la elección de Fernández Jerí. Se debe saber todo lo que pasó. Hemos sido testigos de casos así, en los que nombramientos han sido suspendidos o se han caído: el nombramiento del ex consejero Alfredo Quispe Pariona, la juramentación del ex consejero Iván Noguera. Una historia que la propia JNJ al parecer no ha obviado al momento de elaborar su normatividad: el artículo 66 del reglamento de selección de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público plantea la posibilidad de excluir a un postulante por “ocultar información relevante que el/la postulante debió poner en conocimiento de la Junta y que determine su falta de probidad o idoneidad para su nombramiento. Se considera de especial relevancia la información sobre su conducta ética”; e incluso, la posibilidad de la nulidad del nombramiento.
La Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, de ser asignada a quien no cumple con un perfil incuestionable o no dé las garantías necesarias, nos regresará al punto inicial del largo camino que con mucho esfuerzo la sociedad ha transitado en las calles por un sistema de justicia absolutamente diferente. La JNJ ha avanzando mucho y con mucho esfuerzo, y debe procurar no retroceder en esta nueva etapa que ha abierto para el país.
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