Opinión

La lucha por los derechos humanos es también internacionalista. Malcolm X fue uno de los primeros en articular la lucha contra el capitalismo racial dentro de EEUU y el anti-colonialismo a nivel internacional. Viajó por el mundo para aprender y conectarse con otras luchas de liberación. Unos días antes que lo asesinaran, mientras Malcolm X se encontraba en Inglaterra donde se reunió con el Comité Asiático para ayudarles a combatir el racismo y otras exclusiones como negarles vivienda en barrios “blancos.” Asimismo, W.E. B. Dubois, uno de los más prominentes sociólogos (lástima que no se le estudie en Perú) estuvo presente en las negociaciones para exigir la independencia de las naciones africanas, incluyendo el fin del Apartheid en Sudáfrica en la reunión de Versalles luego de la Primera Guerra Mundial.

Hay mucho por aprender de la lucha radical de la comunidad negra en EEUU. Necesitamos una lucha de derechos humanos que sea liderada por las voces de los grupos oprimidos, con una visión que quiebre las estructuras y sistemas de opresión. La idea de Soros sobre democracia y justicia, “open society”, no es más que abrir el mercado al capitalismo e imperialismo con “revoluciones” o “primaveras” pro-capitalistas que nacen en la Casa Blanca. Esas “revoluciones manufacturadas” se esconden detrás de un discurso liberal, como en Ucrania, pero su alianza política es con grupos neonazis. Este tipo de acciones reaccionarias nunca darían lugar a cambios estructurales sustanciales.

 

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derechos humanos, EEUU, Malcolm X

 

Una pesadilla: un robo en la calle y usted parece culpable; al comienzo colabora, pero el policía le habla en Shipibo, idioma del que no entiende nada. Viendo que eso no va a funcionar, logra escaparse, corre, pero se resbala y cae, se golpea la cabeza y queda inconsciente.

Cuando despierta, un médico insiste en preguntarle sus síntomas en Quechua de Lamas, que reconoce porque lo ha escuchado alguna vez, pero no entiende; Finalmente, luego de hacerse entender por señas, termina en la comisaría. Está tratando de ordenar sus ideas, pero estornuda. Entonces, amablemente, uno de los policías le dice “Gesundheit”, usted lo mira, empieza a sonar el tema de la serie Black Mirror, y despierta, sudando.

 

Lengua Materna

 

Los derechos lingüísticos están orientados a garantizar que las personas puedan elegir los idiomas en los cuales comunicarse sin discriminación de ningún tipo. Esto cubre los procesos legales, administrativos y judiciales, la educación y los medios de comunicación. El 21 de Febrero de cada año se celebra el Día Internacional de la Lengua Materna con el fin de promover la diversidad lingüística y cultural y la preservación y protección de todos los lenguajes usados por la gente de este planeta. El lunes de esta semana, esta disposición de la Naciones Unidas cumplió dos décadas, pero, como veremos a continuación,  hasta ahora ha tenido poca repercusión en esta región del globo terráqueo.

 

Kay Pacha

En el Perú hay 3,8 millones de personas que tienen el Quechua como lengua materna, medio millón de hablantes en Aymara y cerca de 150 mil personas que emplean para comunicarse alguna lengua amazónica originaria; en este último caso hablamos de alrededor de 50 lenguas con universos de hablantes muy diversos y dispersos.

Probablemente no hay peruano de la tercera edad que no recuerde el Tawa Canal, Limamanta Pacha con que saludaba a su audiencia el canal 4 (tawa en quechua) bajo el impulso del gobierno militar de los años 70, que convirtió ese idioma en lengua oficial. Sin embargo, a pesar del valor simbólico de este y otros eventos, lo cierto es que no hemos tenido un gran desarrollo de políticas sobre el tema de derechos lingüísticos. Las buenas intenciones y algunos excelentes cuadros profesionales de los 70 en adelante chocaron con la restricción crónica de recursos de nuestro Estado y solo a partir de la década pasada se intensificó la tarea de elaboración de alfabetos para las lenguas originarias y, en el ámbito escolar, alcanzó masa crítica la Educación Intercultural Bilingüe (EIB). Eso nos pone aún a años luz de que el Estado garantice los servicios de salud, seguridad, justicia, etc. de quienes no tienen el castellano como lengua materna. Nunca se pensó cómo facilitar la atención cara a cara de hablantes no castellanos en los otros servicios del Estado.

 

Alternativas tecnológicas

En ese sentido, sin quitar mérito a los avances que pueda haber en Educación, ¿no será necesario atacar algunos problemas concretos de la interfaz estado-servicio público-ciudadanos? ¿Y no podría algún otro sector liderar esta alternativa?

Por ejemplo, explorar opciones tecnológicas:  en nuestros días quien tiene un smartphone puede, simplemente empleando una app, comunicarse con los hablantes de casi cualquier lengua que Google o Microsoft hayan incluido en sus traductores y convertir en texto todo el intercambio entre los interlocutores. No será algo perfecto en todos los casos, pero es un salto gigante en la comunicación humana. Nuestras lenguas originarias están actualmente fuera de ese canal, y, por tanto, bloqueadas en su acceso a la modernidad. Es cierto que tienen algunas características específicas (su oralidad, pueden tener alfabetos, pero no una literatura que soporte sus procesos de traducción; esto crea dificultades informáticas) que hacen más difícil emplearlas en un traductor.

Sin embargo, ha habido algunos avances en la “traducción” de lenguas originarias, especialmente el Quechua. Hace ya 20 años, la ONPE concibió usar alternativas de voz en lenguas originarias en la modalidad de voto electrónico; en nuestros días el profesor Walter Velásquez ha desarrollado un robot que puede procesar instrucciones en quechua hablado, y un equipo de profesionales quechua-hablantes que tuvo financiamiento de CONCYTEC y fue liderado por el ingeniero Luis Camacho, ha desarrollado un sistema de captura de voz a texto también en Quechua.

Atender a la ciudadanía mediante estos productos, mejorados, permitiría elaborar más fácilmente historias clínicas, denuncias policiales, diagnósticos médicos, sentencias judiciales y otros documentos bilingües de uso público, y, por encima de ello, restituir al menos parte de sus derechos a las personas que, por uno u otro motivo, hablan preferentemente un idioma distinto del Castellano.

 

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Cultura, Idioma, Lengua

 

West Side Story ha recibido siete nominaciones al Oscar, incluido Mejor Película y Director. Spielberg es el primer director en ser nominado al Oscar en seis décadas diferentes, y once de sus películas han sido nominadas al máximo premio.

Pero, como ha sucedido muchas veces, los Oscar no son sinónimo de calidad.  

La obra West Side Story es una historia de romance imposible a lo Romeo y Julieta. Él se encuentra con ella, se conquistan y llegan a amarse aunque pertenezcan a mundos opuestos y enfrentados. Se basa en la idea del amor sublime cuando excede a las banalidades de la sociedad. Una historia así solo funciona si se transmite de manera creíble y con firme convicción. 

Con esa hipotesis en mano, nada menos que Steven Spielberg levanta el telón de un clásico de Broadway y de Hollywood. Estamos en el Nueva York de mitad de siglo, sesenta años atrás. Lincoln Center aún no ha sido construido, viejos townhouses van a ser demolidos para dar terreno a futuros rascacielos y los autos aún no han copado todo con su mundanal ruido. 

Al ritmo conocido del chasquido de dedos, Spielberg nos presenta al primero de los dos mundos en conflicto, el de los hijos de migrantes europeos. Entre ellos está Riff, un joven mujeriego, vehemente y con ganas de defender su territorio en las calles. En el otro lado están los hijos de migrantes latinos. El líder es Bernardo, apasionado luchador, con ganas de hacerse respetar a puñetazos. 

Riff y Bernardo pelean durante toda la película por ver quien es el dueño del territorio habitado por ambos. Pelean por América. Y el protagonismo de ellos me hizo pensar por momentos que al guionista Tony Kushner se la había ocurrido hacer un West Side Story gay. Menudo giro plausible hubiera sido. Pero no. Tarde y desapercibido, hacen su aparición en escena María y Tony. 

A María su hermano Bernardo la quiere emparejar con su amigo Chino, por eso van a un baile. Y a Tony su hermano Riff lo quiere de vuelta en la batalla contra esos latinos mugrosos, por eso irán a arruinar el mismo baile. Pero María y Tony, quienes nunca antes se habían cruzado, apenas y se miran mientras todos bailan, y en dos minutos se aman y se besan. Es el amor fugaz inmediato sin necesidad de conquista, sin ningún esfuerzo. Es como una cita por Tinder o Bumble. Ni se han podido conocer bien entre ellos ni menos los conoce el público, pero ya se aman.

El West Side Story de Spielberg da por sentado el amor, único ingrediente vital para el éxito de su trama. Toda esa idea de Romeo y Julieta se cae pedazos cuando la bandera principal de la película no se trata de desarrollar el vínculo creíble e intenso entre María y Tony. No me creo sus motivaciones para estar juntos, la defensa de su supuesto amor, ni siquiera sus ganas de escapar para poder ser una pareja. 

Ella no es la mujer soñadora y aspiracional en búsqueda de un gran amor, sino parece una chica confundida y frustrada a la espera de una mejor vida para sí misma. Él no es menos egoista. Anhela para sí mismo para la salvación de su pasado y superar sus demonios personales. No es el chico inocente e idealista cuya habilidad para derretir corazones es suficiente pretexto para enamorarse de él. En el frenético juego de cámaras de Spielberg, no hay tiempo para entender su amor de una manera sublime, idealista y existencial. 

Lo empeora todo el error de casting de Rachel Zegler y Ansel Elgort. Hay una innecesaria diferencia de tamaños entre ambos. Ni siquiera se tocan hasta el final de la película y comparten poca pantalla. Ella tiene una mirada muy dura, parece preocupada siempre por algo, como si avisara todos los problemas. Nunca está feliz. Cómo se enamora uno sin alegría, siempre consternado por el siguiente paso desde el primer encuentro. Él tiene una mirada suspicaz y misteriosa, como un galán de película de mafiosos. Y entre los dos, no se construye química alguna. 

Descartada la construcción del amor, el guión se centra en los conflictos sociales. Intenta abanderar todas las causas del presente, aún cuando no se relaciona en nada a la trama. También hay un exceso de interés y pantalla en los personajes secundarios. El protagonismo de Bernardo, Riff, Anita, Valentina, Chino e incluso los policías es exagerado. Con ello, la atención del público se dispersa demasiado. 

Es admirable el tiempo y dedicación puesto a producir esta película. La factura técnica y la calidad de la producción son impecables. Cada detalle ha sido estudiado al milímetro. Y es precisamente ahí donde se identifica la falta de habilidad del director para rodar un musical. Las coreografías son excesivas y exageradas. Son cuerpos arrojados sin delicadeza a bailar en escenografías y planos hermosos, e impide a los personajes presentarse con naturalidad. 

Aplaudo la elección de los diálogos en español, aunque solo sirva para resaltar más el lío social. Pero han hecho algo con el montaje de sonido para exagerar las voces y no parecen salir de la boca de los actores. Sumado a la grandilocuencia de los diálogos, pegoteados sin cuidado de la obra original a pesar de estar a sesenta años de su debut en cines, es como asistir a una función atrapada en el tiempo.

Las películas de Spielberg siempre presentaron hombres ordinarios capaces de superar grandes retos. Y qué si esta versión del famoso musical hubiera dado más énfasis a Tony, su lucha interna por reformarse y la gesta imposible por conquistar el amor de María. Y que a ella también le cueste enamorarlo. Pero después de cuarenta años de carrera, donde el amor es totalmente ajeno al cine de este director, era de esperarse.

Spielberg ha estrellado un clásico al extirparle su esencia y alma. Con su ambición técnica le ha dado rigidez a su propuesta. Y decepciona al ser el cineasta más innovador del siglo pasado. No sorprende tampoco el fracaso en taquilla. Esta película errática no pudo competir jamás con el rezago de la pandemia, Spider-Man y Matrix. Pero tal vez sí, cómo no, ganar unos cuántos Oscar técnicos. Será la película enana de las salas vacías.

 

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Cine, Películas, Steven Spielberg

 

Sorprende que la juventud o los colectivos organizados no se expresen activamente en las calles, en protesta por los estropicios que se vienen perpetrando tanto en el Ejecutivo como en el Congreso de la República.

Somos, en general, un país poco dado a las grandes movilizaciones, como suelen suceder con frecuencia, por ejemplo, en Argentina o España, y más recientemente en Chile o Colombia (dos naciones que tampoco tenían esa tradición). Explicaciones puede haber varias, siendo la más manida la que le atribuye a la informalidad un poder desactivador significativo. El informal es un derechista pasivo, inactivo: su trabajo o su empresa informal vive el día a día sin posibilidad de suspender labores para protestar o expresar cívicamente su disconformidad.

 

Y ese es un problema serio de nuestra democracia. Como bien señala el filósofo Gonzalo Gamio en la Introducción de su más reciente libro (La construcción de la ciudadanía. Ensayos de filosofía política), “en sentido estricto, no existe democracia sin ciudadanos. El grado de libertad que requiere una democracia genuina procede en cierta medida de la disposición de los agentes a involucrarse de buena gana en procesos de deliberación, movilización y vigilancia del poder. El ejercicio de la ciudadanía puede otorgarle dirección y profundidad a la vida de las personas, si estas consideran la acción política como una potencial opción de sentido”.

Llama la atención que el Perú esté desmovilizado cuando, a priori, se suponía que detrás del voto a los dos contendores de la segunda vuelta (Pedro Castillo y Keiko Fujimori) existía una actitud recelosa anunciada como voto vigilante, debido a las sospechas de que ambos contenían elementos potencialmente perniciosos para las libertades políticas y económicas.

Razones hay de sobra para que la ciudadanía se indigne con lo que está haciendo el gobierno. La barbarie que se ha impuesto en sectores claves del aparato estatal (empezando por lo que se está haciendo en el sector Salud, de tan álgida relevancia en estos tiempos de pandemia) amenaza con producir el colapso de la gestión pública. También abundan los argumentos para sublevarse por la actitud reaccionaria del Legislativo, empeñado en tumbarse las reformas educativa y del transporte y ahora tratando de dinamitar la lucha anticorrupción.

Ojalá este marasmo vigente sea superado pronto y empecemos a ver actos de movilización ciudadana, protesta callejera y alzamiento de la voz popular. El país y la democracia lo necesitan. Los poderes mediocres y corruptos que se imponen, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, no se la pueden llevar tan fácil, como si nada grave estuviera ocurriendo. En las calles debe desplegarse el germen de la renovación.

 

 

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Gobierno, Pedro Castillo

 

La evidencia empírica de muchos estudios sobre los temas de desarrollo económico en diversas partes del mundo, empezando por los estudios de nuestro compatriota Hernando De Soto, coinciden en mostrar que el otorgar títulos de propiedad (sea propiedad predial o propiedad de una empresa) constituye una de las herramientas más poderosas que tiene un Gobierno o un Estado para sacar de la extrema pobreza a los ciudadanos más desvalidos.

Lo interesante es que esto no se consigue sobre la base de otorgar dádivas, regalar bonos o los incentivos perversos que generan dependencia de papá gobierno, sino porque el objetivo se hace realidad de una manera sostenible.

 

 

De acuerdo a cifras del INEI, la pobreza monetaria alcanzó al 30,1% de la población del Perú durante el año 2020, afectando a 45.7% del área rural y al 26% del área urbana. Al ubicar geográficamente las zonas con mayores niveles de pobreza, constatamos que éstas se encuentran mayormente en las áreas rurales de la sierra, selva y costa, así como en las áreas marginales de las ciudades de la costa. Es decir, en las zonas ocupadas mayormente por comunidades campesinas, por poblaciones nativas y por las invasiones de asentamientos humanos alrededor de los cascos urbanos, lugares en donde -coincidentemente- nuestros compatriotas carecen de títulos de propiedad o se ven impedidos de ejercer plenamente su derecho a la propiedad.

Se trate del poblador de un pueblo joven, de un comunero campesino de la sierra, o de un nativo de la selva, el obtener el título de propiedad de un terreno es el primer hito del llamado saneamiento físico legal. Constituye la llave, no solo para acceder a los servicios básicos de electricidad, agua, desagüe, internet, vías e infraestructura básica, sino que es la herramienta para poder obtener crédito a través del préstamo hipotecario de un banco o de una caja rural y, porque además, abre un camino para su formalización a través de la bancarización. Cabe preguntarse, en época de la pandemia durante el Gobierno del Presidente Vizcarra, ¿cuántos de esos créditos del programa “Reactiva Perú” llegaron verdaderamente a los más pobres, que son mayormente los micro y pequeños empresarios informales? Pues poquísimos, porque para poder ser beneficiarios de esos programas el requisito era ser formal….

Más aún, el título de propiedad de un predio o el título de propiedad de una empresa, constituyen las rocas sobre las cuales se construirá el bienestar para una jubilación digna de aquel que vivió inicialmente en la pobreza y la informalidad. Y es que la propiedad de SU tierra, de SU terreno, de SU casa y luego de SU empresa, se capitalizarán con el tiempo y harán posible que quien inicialmente fue pobre e informal, obtenga una jubilación digna, cuando alquile esa propiedad u obtenga las utilidades por ser propietario de su empresa.

 

 

Al César lo que es del César. Curiosamente, cabe reconocer que los impulsores iniciales de la titulación de los asentamientos humanos en el Perú fueron el presidente Alan García y el alcalde de Lima, Alfonso Barrantes.  Pues fue en 1988, durante el Gobierno del Presidente García que se creo el Registro Predial Urbano, el cual permitió simplificar el registro de propietarios a bajo costo, al dejar de lado los trámites a cargo de abogados, escritura pública y notarios, reemplazándolos por formularios sencillos y estandarizados que integraban el catastro al procedimiento registral, y de esa forma ofrecieron una alternativa efectiva a los engorrosos y caros procedimientos para la inscripción de dominio. Y fue también en 1988, que a través de un dispositivo legal del Gobierno, firmado en las Pampas de San Juan en el distrito de San Juan de Miraflores, que el Alcalde Barrantes, recibió el encargo del Presidente García para iniciar la titulación masiva de asentamientos humanos en Lima, algo que se consiguió en un plazo de 120 días…

¿Quién diría que dos políticos que en ese entonces se ubicaban a la izquierda del espectro político fueran importantes iniciadores del capitalismo popular en el Perú?

Fieles a la vocación de esta columna, de plantear no solo QUÉ HACER con las políticas públicas, sino también CÓMO HACER para aterrizarlas, es que la semana entrante tocaremos el tema de cómo es que una Nueva Ley de Comunidades Campesinas podría contribuir a SOÑAR Y HACER REALIDAD ESE PERÚ DE PROPIETARIOS por el que abogaba mi amigo Mario Vargas Llosa en su campaña presidencial de 1990…

 

Los espero el próximo miércoles.

 

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Gobierno, Hernando De Soto

 

Hablar sobre el aborto o interrupción del embarazo es un tema muy tenso en el Perú. Buena parte de la población peruana, usualmente de formación católica o evangélica, se opone tajantemente porque lo considera tanto crimen como pecado. Otra parte de la población, considera que puede haber razones válidas para llevarlo a cabo en las primeras 14 semanas, pero que se trata de un tema íntimo a la par que violento y por ello es mejor esconderlo. Tocar el tema entonces, es per se una agresión que, apenas salta a la luz, de inmediato se debe acallar. Es una cuestión de creencias encontradas que puede dividir familias, separar amistades y enfrentar movimientos anti aborto contra las marchas a favor de un aborto libre. No se habla en los colegios ni en las universidades, la prensa escrita se atreve en tanto replica noticias de otros países, pero no lo discute el periodismo televisivo. La prensa religiosa es además muy dura cuando trabajadoras del sector eclesial comparten alguna publicación en redes sociales a favor del aborto libre.

Los estudios de las organizaciones que defienden el derecho de las mujeres sobre su cuerpo se acumulan desde la década de 1970 en el Perú, pero el aborto continúa penado desde 1863. Es cierto que desde 1924 se declara fuera de castigo el aborto terapéutico, pero fue ignorando hasta que recién el año 2014 se aprobó el reglamento para que pudiera ejercerse. Así que hasta hoy sólo es aprobado cuando es el único medio para salvar la vida o evitar un daño grave y permanente en la salud de la mujer, quedando como delito cuando el embrazo es producto de una violación sexual, cuando existen malformaciones fetales incompatibles con la vida extra uterina, y cuando se trata de una inseminación no consentida.

Como señaló Elizabeth Salazar Vega (Ojo Público, 2019), en nuestro país, las mujeres y adolescentes que sólo lo pueden realizar de manera ilegal son perseguidas por el Estado. Y quienes las denuncian son las personas a quienes acuden precisamente a buscar ayuda: personal de hospitales, policías y fiscales. Son ellos quienes las denuncian amparados en los artículos 114 y 120 que establecen desde tres meses hasta dos años de cárcel para ellas. ¿Y por qué lo hacen? Porque el artículo 117 establece que los profesionales que “abusen de su ciencia o arte para causar el aborto”, tendrán pena privativa de libertad de 1 a 5 años, dependiendo del consentimiento de la paciente, y serán inhabilitados para ejercer su profesión y privados de grados policiales, títulos honoríficos y demás distinciones propias de su oficio.

Desde fines de los años 90 en adelante, el espacio donde sí se discute a pesar de que no quisieran muchos congresistas, es en el ámbito legislativo. Pronto sabremos del debate en la comisión de Justicia y Derechos Humanos, pues en diciembre del año pasado, congresistas encabezados por Ruth Luque presentaron nuevamente el proyecto de Ley para despenalizar el aborto por violación, y una semana después, la congresista pastora evangélica María Jáuregui, presentó como contraparte el proyecto de Ley que reconoce los derechos al concebido.

Colombia aprobó el aborto el año 2006. Lo que ha ocurrido el lunes pasado es que la Corte Constitucional lo ha despenalizado hasta la semana 24, acción que se ha celebrado en la región, pero que levantó preguntas en las redes del por qué se aprobó hasta el segundo trimestre del embarazo si, como es sabido, es un estado de gestación que pone en riesgo la salud, es más doloroso e implica una prolongada recuperación. La Corte no puso plazo por dos razones: porque hay casos en los que la vida de la madre se pone en riesgo recién al final de la gestación, como en el caso de la mortal preeclampsia que solo se puede diagnosticar después de la semana 20. Y porque son tantos los obstáculos que establecen muchas veces las familias y las instituciones, públicas y privadas, que el plazo de 14 sólo se cumple en los países donde los programas llevan décadas y el personal está capacitado. Colombia ahora pondrá sus esfuerzos en la educación sexual. Ojalá que aquí perdamos miedo de mentarlo y aprendamos a escuchar.

 

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Aborto, Colombia

 

Al cabo del tiempo, este lustro va a ser recordado como el periodo del retroceso, aquel en que el Estado peruano involucionó, se paralizaron reformas importantes y se desperdició la oportunidad de crecimiento económico.

Y en ese empeño, son cómplices el Ejecutivo y el Congreso. Desde el gobierno central se está perpetrando el mayor latrocinio burocrático de los últimos tiempos, al desmantelar los núcleos de excelencia que funcionaban relativamente bien en algunos sectores del Estado. El copamiento partidario de cuanta entidad sea factible de infiltrar ya está produciendo el colapso de la gestión pública.

 

 

Y desde el Congreso, el fujicerronismo se ha empeñado en tirarse abajo no solo reformas importantes, como las de educación y transporte, sino que ahora enfilan baterías contra uno de los pocos baluartes institucionales que nos ha permitido sobrellevar la crisis producida por el develamiento del escandaloso grado de inmoralidad vigente durante la transición post Fujimori: la lucha anticorrupción y el equipo de fiscales y jueces que lo ha permitido.

Tumbarse la legislación vinculada a la colaboración eficaz, no obedece a un intento de fortalecer el sistema anticorrupción, sino al propósito no santo de debilitarlo y favorecer tanto a los corruptos del pasado como, sobre todo, a los venideros. A los fujimoristas o seguidores de Luna se les ve con claridad el fustán de sus torvos afanes y a ellos se suman los congresistas oficialistas que se están curando en salud o queriendo proteger aliados circunstanciales: Dinámicos del centro, lobistas de Sarratea, etc.

Son tal para cual este Ejecutivo y el Congreso. Ninguno de los dos poderes del Estado actúa a la altura de sus responsabilidades históricas, que van más allá de la infeliz coincidencia de este desastre con el Bicentenario, sino con la encrucijada histórica en la que nos hallábamos, con una transición democrática agotada y devaluada, que merecía una superación cualitativa, política, económica y social.

 

 

No se avizoraba un buen destino, al cabo de tener que elegir en la segunda vuelta, entre los dos peores candidatos tanto de la izquierda como de la derecha. La conformación consecuente del Congreso no podía ser indemne al descalabro que ello auguraba, pero abrigábamos la leve esperanza de que los tiempos forjasen el carácter de sus protagonistas y los hiciera elevarse sobre su estatura mínima de arranque. No ha sucedido, lamentablemente, y salvo un milagro político, tendremos que resignarnos a soportar a Castillo y al Congreso actual, por cinco años completos.

 

 

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Congreso, Ejecutivo, Gobierno
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