Opinión

Cuando Verónika Mendoza y junto con ella connotados líderes e intelectuales de la izquierda arremeten contra el Banco Central de  Reserva y su presidente Julio Velarde, en particular, no solo cometen un acto de injusticia sino que ponen de relieve cuáles con sus reales intenciones de política monetaria y fiscal en caso de hacerse del poder.

“La inflación más baja de América Latina en los últimos 20 años, desdolarización gradual exitosa, respuestas oportunas a las crisis, meritocracia que ya quisieran tener otras entidades y un presidente como Julio Velarde que prestigia al Perú”, les ha respondido con propiedad el economista Luis Alberto Arias, a quien no se le puede acusar de ser parte de un colectivo de derecha ni mucho menos. Pero los logros señalados parece que a la izquierda nativa le parecen irrelevantes.

Ella no parece haber entendido que el equilibrio macroeconómico no es de izquierda ni de derecha sino que es un lecho rocoso del cual el país no debería apartarse nunca, si quiere mantener la curva de crecimiento y de reducción de la pobreza y las desigualdades, como ha sucedido en líneas generales las últimas tres décadas.

La heterodoxia monetaria es el camino seguro a la inflación y a la recesión, y, por ende, al perjuicio para los más pobres del país. A la izquierda no se le teme porque le vaya a quitar privilegios a los ricos o porque, por fin, vaya a hacer justicia para los sectores populares. Habrá quizás algunos acomodados que se asusten por ello, pero son irrelevantes, social y políticamente hablando.

El mayor temor que provoca la izquierda peruana se debe a que sus propuestas económicas son garantía de un desastre como el que asola a países ricos como Venezuela o Argentina, ejemplos cercanos.

Claro está que la derecha económica no necesariamente es garantía de equidad. Al ser predominantemente mercantilista y no liberal, produce crecimiento, pero lo concentra en una minoría. Y en el caso peruano a ello le ha sumado un descuido histórico del sector público, sobre todo en materia de salud y educación, factura que hoy estamos pagando con creces.

Pero la izquierda tradicional es peor que la derecha mercantilista, porque igual resulta inequitativa, pero además empobrece aún más a los sectores populares.

El gobierno del Partido Morado, que se dice republicano (pero que ni siquiera entiende la profundidad de ese concepto, pues el republicanismo defiende la libertad como no-dominación), ha mostrado un cariz profundamente autoritario, al aprobar el a todas luces inconstitucional Decreto Supremo N° 008-2021-PCM que crea unos “centros de retención temporal” a cargo solamente de la policía, donde se priva de su libertad por cuatro horas a los ciudadanos que hayan infringido una medida administrativa como la de la inmovilidad social. Esto claramente contraviene el sentido mismo de nuestra Constitución que señala la defensa de la dignidad de la persona como el fin supremo de la sociedad y del Estado, así como la garantía a no ser detenido sin una orden judicial o en flagrante delito.

 

Los artífices de la sociedad moderna, como Rousseau, entendieron a la democracia como el paso de ser un individuo a convertirse en un ciudadano. Tal conversión no es posible sin la libertad, que tiene como fin preservar la autonomía de la persona como sujeto moral. Es decir, sólo la libertad nos garantiza el ejercicio pleno de nuestras potestades morales y nos constituye en personas autónomas y responsables. La ciudadanía entraña entonces una responsabilidad ante nosotros mismos (conciencia moral) y ante los demás, ser responsable quiere decir hacernos cargo de nuestras acciones y responder por ellas. No obstante, esto sólo es posible en la medida en que podamos ejercer nuestra libertad de manera irrestricta.

 

Aquellos artífices de la moderna sociedad democrática concibieron también al Estado como un Leviatán -un demonio- del que deberíamos desconfiar constantemente pues, con el uso del monopolio de la coacción, busca e intenta siempre restringir nuestra libertad. Pues bien, si la libertad es el bien humano, social y jurídico más preciado con el que contamos para ejercer nuestra ciudadanía, es indispensable protegerla y preservarla aún en las difíciles condiciones en las que nos encontramos producto de la pandemia por la covid-19.

 

La libertad es la condición de la dignidad y por eso la Constitución la coloca en primer lugar.  Nadie, ni siquiera el Estado, mejor diríamos, mucho menos el Estado, tiene derecho a detener o retener a una persona sin los supuestos contemplados en la Constitución. Esta es la garantía de nuestra libertad como ciudadanos. Poner un alto a los desenfrenos del Leviatán y recordarles al Presidente Sagasti y a su Ministro del Interior José Elice, que en lo mejor de la tradición republicana la libertad ha sido entendida siempre como la ausencia de servidumbre, es también nuestro deber como ciudadanos.

 

En los despropósitos a los que ya nos tiene acostumbrados el señor Elice ha intentado justificar esta arbitrariedad diciendo que no se trata de detenciones sino de retenciones, trayéndonos a la memoria otras celebres declaraciones de ese calibre como “no se cayó, se desplomó” o “no es plagio, es copia”. La distorsión del lenguaje al servicio de la incompetencia y el autoritarismo. Lo cierto es que bajo este pretexto los ciudadanos que incumplen la inmovilización social decretada por el gobierno, son trasladados a centros de retención especialmente creados para este propósito. Lugares donde los ciudadanos son sometidos a la humillación de permanecer cuatro horas de píe bajo el sol, pese a que muchos de ellos cuentan con las autorizaciones y permisos correspondientes. Esta es la cara más infame del autoritarismo que no podemos permitir. La represión, señor Ministro Elice, no es el modo de tratar con ciudadanos libres y autónomos. Como antiguo postulante al parlamento por un partido que se dice republicano debería saberlo.

 

Pero, esta situación, no sólo es moral y políticamente cuestionable, sino que además es ilegal. El abogado Carlos Caro Coria ha realizado un acucioso y bien informado análisis de estas retenciones y ha hecho notar su ilegalidad e inconstitucionalidad. Nos ha mostrado cómo esta  retención, en realidad, es una detención encubierta que no cumple con lo que legalmente regula el artículo 209 del Código Procesal Penal, que señala que toda retención (que además se hace bajo el contexto de una pesquisa) que haga la policía debe ser comunicada al Fiscal  nunca a criterio sólo de ésta o de las fuerzas armadas y menos aún del serenazgo. Ni siquiera la justificación de que los ciudadanos sean llevados a estos campos de retención para su identificación es justificable, pues ante una falta administrativa, como el incumplimiento de la inmovilidad social, lo único que cabe es la imposición de una multa, nunca la privación de la libertad.

 

Llama la atención que instituciones democráticas como el Congreso de la República y el Ministerio Público hayan abdicado de su deber. El primero al permitir estos atropellos y ni siquiera pedir explicaciones al Ministro haciendo uso del control político que siempre debería realizar. El caso del Ministerio Público es más grave pues como garante de la legalidad debería intervenir cada uno de estos campos de retención y ordenar la inmediata libertad de los ahí detenidos. Hubo un tiempo en que los fiscales estuvieron del lado de la ciudadanía defendiendo sus derechos y libertades. Ese tiempo tuvo un paréntesis durante la dictadura fujimorista y parece que también ahora durante el gobierno del partido morado. El Ministerio Público no debería abdicar de sus funciones y facultades y tendría que cumplir con su misión de defender los derechos de los ciudadanos ante los abusos del gobierno de turno.

 

Vivimos tiempos oscuros para la democracia, la historia nos enseña que a toda peste siguen abusos del poder y un profundo descrédito de la democracia. Este gobierno desde su inicio ha hecho gala del uso indiscriminado de la represión y el autoritarismo, como lo hizo con los agricultores que protestaron legítimamente, y como lo hacen ahora con sus detenciones encubiertas. Nos toca a los ciudadanos ser responsables y acatar las medidas que intentan cuidar de nuestra salud por el bien de todos. Pero, de ninguna manera y menos en tiempos como estos, cuando vivimos amenazados por la muerte y el Estado se hace más fuerte, podemos dejar de defender nuestra libertad, esa suprema conquista de la cultura de la democracia. Nos queda pues, estar atentos y vigilantes ante los abusos del gobierno que cada vez hace mayor gala de su intolerancia y autoritarismo. Señores del gobierno del partido morado con la represión no se combate una pandemia.

El comunicado de la Embajada de los Países Bajos respecto del transporte de las vacunas es muy discreto y sutil, pero claramente está desmintiendo al gobierno respecto de que haya sido la aerolínea connacional KLM la responsable del retraso logístico del tema. Si aquel no fuese tan diplomático dejaría en muy mal pie al gobierno y de hecho constituiría un torpedo político para un régimen que ya se encuentra duramente golpeado ante la opinión pública (según el IEP ha sufrido un desplome en sus niveles de aprobación del 58 al 21%).

La imagen que se le está endosando al gobierno por parte de sus adversarios es de que es izquierdista, primero, y de que es inepto, segundo. Lo primero es un disparate que solo la extrema derecha puede afirmar y creer, pero lo segundo sí está arraigando paulatinamente en la población, sobre todo por la demora en proveer la llegada de las vacunas y en la capacidad logística para manejar el tema de las camas UCI y la cobertura de oxígeno.

No se entiende la poca claridad del Ejecutivo respecto del tema de la llegada de las vacunas. ¿Los guía una desesperación tan extrema que los hace capaces de decir medias verdades en tema tan delicado? El país no necesita de mentiras piadosas.

No extrañaría que reverdezcan los pedidos de vacancia contra el Presidente, so pretexto de su aparente inutilidad para manejar la pandemia (no es excusa que gran parte de los pasivos y errores provengan de la gestión de Vizcarra, menos aún si la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, fue parte de la gestión cuestionada, y ha sido mantenida en el cargo por Sagasti).

Tampoco es atenuante la constatación del inútil y paquidérmico Estado peruano, que no sirve prácticamente para nada y vive dominado por la inercia burocrática y la indolencia administrativa. Si hay propósito de sacar algo adelante pues se patean puertas y se empujan los obstáculos hasta lograr el cometido. Nadie en su sano juicio va a esperar a que algún iluminado empiece la ansiada reforma del Estado.

El anuncio de hoy a inicios de la tarde de que se ha firmado contrato con Pfizer se desdibuja cuando se conoce la mísera cuota de vacunas que nos llegará en marzo y abril de dicho laboratorio y nuevamente pone en entredicho a un gobierno que suma a dudas sobre su eficacia, una pésima estrategia comunicativa.

El panorama electoral parece conducirnos a un escenario en el cual probablemente habrá que esperar hasta el final de la primera vuelta para entonces, de acuerdo a como van las encuestas, terminar eligiendo al menos malo entre los dos que mayor chance tengan. Patética perspectiva para las elecciones del bicentenario.

En medio de la rampante mediocridad de la mayoría de candidatos, que confían más en su campaña publicitaria, en el manejo de la imagen del candidato o en la producción de golpes de efecto, hay que destacar, sin embargo, algunos intentos por ideologizar la campaña, que dadas como están las cosas parece maná caído del cielo.

Así, la propuesta insistente de Verónika Mendoza por cambiar la Constitución y el modelo económico ha obligado a algunos partidos como el fujimorismo a salirle al frente, en defensa de la carta magna del 93. Y en ello se ha generado un interesante intercambio de ideas que de algún modo recrean la vieja discusión entre si el Estado debe regir el funcionamiento de la economía o si debe ser el libre mercado.

El fujimorismo le está ganando por puesta de mano a Hernando de Soto o a Rafael López Aliaga ese lugar en el espectro ideológico. El ausentismo inexplicable del autor de El otro sendero, y la distracción del candidato de Renovación Popular en asuntos menores, le han puesto en bandeja a Keiko la captura de esa bandera programática.

Siempre se ha dicho que el debate de ideas no funciona en campañas electorales y que, más bien, quienes incursionan en aquel terminan por verse afectados negativamente. Pero en medio de una campaña tan empírica como la que hoy tenemos en curso, con candidatos impostados, carentes de ideas, con repetición cansina de lemas, cualquier intento de introducir propuestas programáticas será bienvenido.

Claramente lo que está en juego en las actuales circunstancias es si se continúa el proceso de transición democrática iniciado el año 2000, si se regresa a modelos más libremercadistas de los 90 o si se da un giro radical hacia la izquierda. Así se pueden perfilar más o menos las principales candidaturas. Lo que resulta deseable es que se pase del perfil natural a la propuesta proactiva y explícita que dé luces al electorado respecto de qué es lo que se hará desde el gobierno a partir del 28 de julio si finalmente las urnas le sonríen a cualquiera de los postulantes.

Tags:

Ideas

Aun vacunados no dejaremos de usar mascarillas. Aun vacunados debemos mantenernos distanciados. Aun vacunados podemos ser ¿contagiados? Ni los médicos saben si aun vacunados podemos estar listos para volver a la normalidad. ¿Cómo es eso? He escuchado a varios señores de bata blanca decir en televisión que, en buen cristiano, aun vacunados debemos evitar hacer nuestra vida como la hacíamos antes. La efectividad de la vacuna contra el coronavirus —razonablemente— causa dudas, ¿no?

 

En los Estados Unidos siguen apareciendo casos de personas que se han contagiado de covid aun habiéndose sometido a las dos dosis de la vacuna. Recientemente, otro congresista de ese país ha dado positivo a covid-19 cuando se suponía inmunizado. También un enfermero resultó contagiado después de vacunarse con la de Pfizer. Y así, varios casos en el mundo. ¿Qué les están poniendo? Acaso, ¿placebos, agua? El caso cercano en nuestro país es el de Mariela Vela, la mujer de 54 años que la semana pasada murió de covid tres meses después de aceptar ser parte del experimento de la vacuna china Sinopharm. Convenientemente la Universidad Cayetano Heredia, que coordina ese ensayo, aseguró, en un comunicado tardío, que Mariela no recibió la vacuna sino placebo. Claro, ¿acaso convenía decir la verdad si hubiera recibido vacuna?, ¿se imaginan eso?, habría generado miradas con cejas fruncidas a Sinopharm, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo saber la verdad? La respuesta es: No la sabrás. Tenemos que conformarnos con lo que diga un comunicado y punto porque todo eso que te preguntas es confidencial, secreto perpetuo. Pero lo que no es secreto es que la vacuna Sinopharm es una vacuna recién en desarrollo, no está terminada. Y si la de Pfizer, con resultados de fase 3, no ha funcionado, ¿por qué sí lo haría la de Sinopharm que no está al nivel de su competencia?. En China no se arriesgan tanto, allí el Gobierno no permite que la vacuna Sinopharm se inocule a todos indiscriminadamente sin antes conocerse los resultados de fase tres. Los chinos ponen en tela de juicio a su propia vacuna hasta que los datos de seguridad sean transparentados, ha contado la periodista Patricia Castro que radica en Pekín. Además ha dicho que esa vacuna es de tipo inactiva, o sea, que para dar protección por más de un año requiere ser inyectada tres veces, y probablemente cuatro. Sí, cuatro dosis. No dos. Pero ni así podrías ilusionarte con volver a hacer tu vida sin mascarilla.

Con todas esas condiciones, la compra de la vacuna china Sinopharm por parte de nuestro país sigue su camino, a un precio que nadie sabe con certeza porque eso también es secreto de Estado. Según Sagasti, se ha comprado para medio millón de peruanos —incluyéndose él—, dos dosis por cada uno. Un millón de vacunas o un millón de placebos, nadie sabe. La vacuna podría no funcionar. De eso son conscientes los gobiernos de China y del Perú. Y tú, ¿por qué no?

__________

Redes:

TWITTER E INSTAGRAM: @kevincarbonell

 

Esta columna se escribe en tiempos difíciles para la humanidad, cada persona que está viviendo o sobreviviendo a la pandemia no podrá negar que el contexto que tenemos es absolutamente atípico, agotador, doloroso, desafiante y bastante incierto.  Es evidente, que, aunque el COVID-19 puede afectar a cualquier persona, no nos afecta a todos/as por igual.

La desigualdad preexistente en nuestro país ha mostrado su rostro más cruel, precarizando la vida de millones de personas, especialmente de las mujeres, niñas, niños y personas LGBTIQ+. Más adelante podremos tener acceso a estudios que revelen el real impacto que ha tenido y tendrá este contexto en la vida, salud mental y medios de subsistencia de poblaciones históricamente discriminadas y excluidas.

Por el momento, lo que tenemos claro es que las mujeres y niñas no sólo se enfrentan a la pandemia, la cual ha incrementado los trabajos de cuidado y angustias económicas, sino además a la violencia de género y a mayores barreras para el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos; ampliándose las brechas de desigualdad.

En cuanto a la violencia de género, las cifras del Ministerio de la Mujer reportan que en el 2020 los Centros de Emergencia Mujer (CEM) atendieron 57, 166 casos menos en relación al 2019,  a pesar que las llamadas de urgencia a la Línea 100 reportaron un incremento en más del 50% comparadas con el año anterior, concentrándose este aumento en los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre, los cuales coinciden con los momentos más dramáticos de la pandemia durante la primera ola.

Estos datos nos confirman que es un error cerrar o reducir la capacidad del Estado para atender la problemática, en un contexto en donde la violencia tiende a profundizarse.

En ese sentido, es un acierto que, en el actual contexto de emergencia y periodo de confinamiento, los servicios para la atención de la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar a cargo del MIMP hayan sido declarados esenciales.

Aunque fundamental esta medida no es suficiente, pues tiene que ir acompañada de una fuerte estrategia informativa que oriente a las mujeres sobre las rutas que deben tomar en la actual coyuntura, así como garantizar la atención de calidad de los/as operadores/as de servicios y el desarrollo de una estrategia paralela con la Policía Nacional del Perú. Recordemos que el 77.6% de mujeres que busca ayuda asiste a una Comisaría.

Otra de las estrategias que se tienen que apuntalar, es vincular la lucha contra la violencia de género con políticas para garantizar la autonomía sexual y reproductiva de las mujeres. Para ello, es necesario que el MIMP trabaje de forma más coordinada con el MINSA en el contexto de pandemia, garantizando – por ejemplo- que los kits de emergencia (que incluyen la AOE) se entreguen a todas las víctimas de violencia sexual y que estas o sus tutoras/es sean informadas/os sobre lo que es el aborto terapéutico y las posibilidades de solicitar una evaluación por causal salud en los casos de embarazo producto de violación, especialmente de niñas y adolescentes.

Según datos del MINSA, durante el 2020 se entregaron a nivel nacional sólo 1325 kits de emergencia, mientras que el Programa Aurora reporta que fueron atendidos 16 618 casos de violencia sexual por los CEM y Equipos Itinerantes de Urgencia; ello nos grafica un panorama desolador. Así mismo, 1175 niñas menores de 14 años tuvieron partos, es decir fueron obligadas a continuar con embarazos producto de una violación.

La violencia contra las mujeres es esa otra pandemia que no ha sido superada y que corre el riesgo de ser minimizada sino se toman acciones concretas a corto, mediano y largo plazo para garantizar políticas integrales de prevención y atención.

El nuevo periodo de confinamiento, una creciente segunda ola y el riesgo de una tercera tal vez tan cruel como la que vivimos actualmente nos grafican un escenario incierto y doloroso, el Estado debe programarse para sobrevivir a esta tragedia en los próximos años, es claro que esta situación no acabará en los próximos 15 días, las medidas que se tomen deberán pensarse con enfoque de género y priorizando el derecho de las mujeres y niñas a vivir libre de violencia y discriminación. Gran reto.

 

 

 

Como se sabe, en el Perú del bicentenario y la pandemia discutimos sobre tener o no una nueva constitución. Cabría meditar sobre lo constituyente, que tiene que ver con los momentos fundacionales y reconstitutivos de las sociedades políticas, y con los estatutos que formalizan dichos inicios.

Suele pensarse que una constitución tiene poca relevancia en las decisiones que toman los hombres de Estado, pues siempre presenta contradicciones y vacíos sujetos a interpretación, lo que con mayorías parlamentarias se transforma en leyes que quiebran – sin decirlo – los propios principios constitucionales. Además, se argumenta, la maquinaria de gobierno está lejos de tener la capacidad administrativa y coercitiva suficientes para hacer cumplir prolijamente el contenido constitucional, por lo que éste termina siendo un articulado poco significativo en la práctica.

Sin embargo, este punto de vista sólo mira una parte del asunto, la que corresponde a la operatividad que plantea un documento constitucional, donde sólo un despistado esperaría que no haya importantes insuficiencias, pues se trata de un breve texto regulatorio que pretende constituir a un país entero. Queda toda una dimensión ideológica en juego, que es la que avala la racionalidad cotidiana y científica de una sociedad, y el tramado de sus valores políticos y económicos. Una constitución es un horizonte de sentido, no en vano plantea un conjunto de derechos y deberes universales, una estructura de gobierno y una perspectiva de desarrollo material. Sus preceptos están en la cabeza de la gente, y su espíritu se materializa de maneras muy tangibles en el largo plazo económico.

Obviamente, las constituciones tienen un tiempo finito, que es el que dura su legitimidad. Es conservador renegar porque el siempre insatisfecho subdesarrollo produce muchos de estos textos fundacionales. Mientras haya grandes asimetrías históricas, habrá potencial de momento constituyente, que es el proceso en el que un nuevo consenso primordial, de amplia mayoría, se va haciendo visible en el fuero público y busca plasmarse en un documento de iniciación política.

No son aguas mansas los momentos constituyentes, tampoco su arribo. Son más bien convulsivos, pues toda constitución favorece a un grupo social, casi siempre minoritario en el Perú. Y ese sector se resiste al cambio, de maneras legales y criminales, dado que están en juego sus riquezas y destinos de clase. Toda constitución busca negar o disminuir la existencia del orden político derrotado. Ciertamente, y no por voluntad de sus grandes poderes, la sociedad contemporánea es más propensa a los momentos constituyentes, pues hoy la información circula bastante más rápido y en mucha mayor cantidad, y esa riqueza es abono para la aparición de discursos críticos sistémicos. Al mismo tiempo, el mundo que corre vuelve más exigente la gestión política del proceso fundante: hoy es inimaginable viabilizar una nueva  constitución si no pasa por los cabildos ciudadanos para su discusión y elaboración. La transparencia de la sociedad digital así lo exige.

¿Estamos en un momento constituyente en el Perú? Aún no, pues hay una indispensable condición de grandes mayorías que debe satisfacerse. Pero estamos muy cerca, porque hay innegables motivos constituyentes en la escena mundial y nacional, cada vez más voluminosos e impostergables. Un primer nuevo asunto fundamental son las demandas ambientales: la viabilidad  planetaria peligra y es consenso internacional que se necesitan cambios de profundidad civilizatoria. Y entonces la lógica económica del liberalismo capitalista ortodoxo se muestra doblemente nociva: ya no es sólo la concentración y abuso crecientes de unos pocos millonarios frente a mayorías cada vez más precarias y desprotegidas – lo que es inaceptable y políticamente inmanejable – sino que ahora la especie y su hábitat están en acumulativo riesgo.  Frente a ello, el Perú está cada vez más lejos del desarrollo capitalista, pero cuenta con una geografía privilegiada  en biodiversidad y ecosistemas, que en la crisis energética y ambiental que se avecina (pronto no habrá agua), será sinónimo de sostenibilidad económica y ventaja geopolítica ante el mundo.  ¿No es razonable que estos territorios se protejan constitucionalmente del deterioro y la extinción?

El internacionalismo ecocida y autodestructivo que promueve la constitución del 93, tan básico como la ortodoxia económica que lo origina, es opuesto a lo que necesitamos para el mundo entrante, donde debemos actuar mucho más soberana y colectivamente, para buscar nuestro propio camino hacia la sostenibilidad, el equilibrio ecológico y la universalización de una vida materialmente digna. Para que eventos lamentables como la pandemia nos encuentren con servicios de salud y fortalezas inmunológicas suficientes, y no nos lleven a catástrofes económicas y humanas que bien podrían evitarse si miráramos la realidad política con otros prismas.

Las tendencias al autogobierno también son un nuevo asunto fundamental. Es muy difícil estar en contra de la voluntad popular en el mundo de las redes digitales, y por ello, la razón de Estado se ha vuelto más participativa y modesta: entiende que la estabilidad política depende de cuánto se logra incluir, consultar y escuchar, de usar las fuerzas sociales para robustecerse. Las reformas institucionales que más preocupan a los especialistas peruanos, que son las vinculadas a la calidad de la representación política y a la estabilidad de las relaciones ejecutivo-legislativo, sólo serán viables si introducimos esta nueva forma de ejercicio gubernamental en nuestra ingeniería constitucional. Es claro que se propone una maquinaria inevitablemente más lenta en el intento de dar explicaciones públicas con frecuencia, pero más segura y factible de dirección, y más útil para el largo plazo, que es el único norte real que nos queda.

Lo anterior trae a cuento el insoslayable asunto de la pluriculturalidad, que el mundo entero va recibiendo, incluyendo a nuestros vanguardistas hermanos de Ecuador y Bolivia. Nosotros, mientras tanto, tenemos una constitución todavía tributaria de un tipo de occidentalismo que se considera superior, y que hoy muestra sus debilidades e limitaciones sistémicas. La gran ciencia occidental está en crisis hace buen rato, y por lo tanto su institucionalidad y contenidos de educación y salud (que se intersecan con el género y la sexualidad). Crecen las epistemologías y medicinas alternativas en la sociedad global más avanzada, y en el Perú seguimos ninguneando – y negando la existencia política – a toda una cosmovisión que contiene grandes saberes medicinales, alimenticios, ambientales y espirituales, todavía vivos en nuestras comunidades rurales. Según el último censo, la cuarta parte de los peruanos se reconoce como indígena originario de la sierra o selva. El Perú rural ocupa más de la mitad de nuestro suelo, y los territorios indígenas cerca del 38%.

Las narrativas del capitalismo global, que hablan de democracia liberal y mercado, ya no movilizan ni despiertan esperanza, y más bien van evidenciando que sólo el segundo de estos dos elementos es pleno, porque el primero se pulveriza en la concentración creciente natural al sistema. Y como se sabe, el desarrollo y la continuidad de una nación necesitan de mitos cohesivos. Con los actuales en franca retirada, la oportunidad de potentes refundaciones políticas está a la mano, siempre que haya grandes mayorías concientes de la necesidad de cambio, o élites capaces de convencerlas de que es más barato detenerse que seguir. En nuestro caso, de liderazgos que sepan explicar con claridad la necesidad de salir – sin duda con mucho esfuerzo y paciencia – de un orden económico que nos somete al primer mundo y sus desprolijidades económicas, y cuya precariedad creciente e inestabilidad de gobierno impiden una real democracia. Debe divulgarse que el futuro nos será más propicio si nos plegamos a las fuerzas ambientalistas globales, y al mismo tiempo nos reconectamos con la cosmovisión pre-hispánica.

Es un camino con batallas pendientes el de la reconstitución del Perú bicentenario, dentro de las innegables señales de que el mundo está dejando atrás al capitalismo liberal ortodoxo, y de que la gente finalmente está despertando. Nuestra bifurcación de posibilidades más cercana son las próximas elecciones presidenciales. Si gana un candidato de izquierda (o afines), tiene la muy desafiante tarea de abrir el debate y guiar al país hasta consolidar la gran mayoría constituyente en camino, y de poner en marcha un gobierno que busque – con la prudencia del que está en minoría – universalizar niveles básicos de calidad de vida a partir del consumo razonable, el respeto al medio ambiente, el esfuerzo ciudadano y el nacionalismo inteligente.

Y si por el contrario, se lleva la victoria cualquiera de los candidatos restantes – que apoya el modelo económico y por tanto la constitución que lo expresa – habrá renuncias presidenciales, desborde social, desgobierno y severo deterioro económico. Y en algún momento de esa inevitable caída, que podría tener picos extraños y hasta parecer lenta, se consolidará una clara mayoría fundante y se escribirá la primera constitución progresista del siglo XXI peruano. No hay retorno posible, porque el orden saliente ha agotado todas sus respuestas.

La única manera de zanjar el debate que se ha generado alrededor de las AFP, a propósito de un proyecto de ley de la congresista Carmen Omonte, pasa por recuperar la libertad de los afiliados de disponer de sus fondos en el momento que lo deseen, y aún antes, de decidir si quieren o no ahorrar para recibir una pensión futura.

Lo hemos sostenido desde hace muchos años. El sistema, tal cual está diseñado, supone un trasvase millonario de rentabilidades de la clase media a favor de los cuatro o cinco grupos empresariales que controlan las AFP.

Mucho mayor rentabilidad futura (para los tiempos de jubilación), logra un ciudadano invirtiendo en salud, educación o bienes inmuebles, que dejando una parte importante de su remuneración en una AFP, que si bien le otorga una buena rentabilidad en ningún caso será superior a la que le brindará su propia cartera de inversiones en las materias señaladas (por ejemplo, en una mejor educación para sus hijos).

Para evitar un daño social significativo, el Estado deberá brindar una pensión de sobrevivencia a las personas que luego de jubilarse no tengan capacidad alguna de subsistencia -como funciona hoy Pensión 65-, pero el resto -la inmensa mayoría- debe tener la libertad de decidir si le quitan de la ONP o de la AFP una parte de su sueldo para asegurarle una pensión.

Hecho ello, dispuesta esa libertad, se verá cómo inmediatamente las AFP, de la noche a la mañana, sin ninguna coacción regulatoria de por medio, aseguran menores comisiones, mayor rentabilidad y, por ende, mejores pensiones. Cuando no tengan un mercado cautivo, que no requiere esfuerzo alguno en conquistar y mantener, encontrarán la manera de hacer atractivo un producto que hoy en día solo causa irritación en la ciudadanía (por eso, el 95% de los afiliados ha retirado el total de sus fondos cuando ha podido hacerlo).

De paso, a ver si tanto entusiasta libertario por interponer recursos legales contra la cuarentena light que nos han impuesto o marchar contra ella, también se anima a hacer lo propio en contra de un sistema que coacta groseramente nuestra libertad de elegir cómo aseguramos el bienestar para nuestra futura ancianidad.

Tags:

AFP

El desplome de Julio Guzmán es lo más significativo de la última encuesta del IEP. Políticamente lo más llamativo es el ascenso previsible de Yonhy Lescano, pero estadísticamente hablando la caída del líder morado es la que más relevancia denota.

Guzmán cae de 9.1 a 4.6, casi exactamente a la mitad de la intención de voto que tenía en diciembre. ¿Qué ha pasado en el camino que explique este revés? Un factor importante, sin duda, es el efecto dominó del gobierno de Sagasti. Las encuestas golpean brutalmente la aprobación del Presidente. Cae de 58% de aprobación a 21%, casi a la tercera parte en apenas un mes (en Ipsos había caído de 44 a 34%, entre diciembre y enero).

De hecho, hay un arrastre indirecto, revelando que en términos de estrategia electoral parece haber sido un error de los morados asumir la jefatura del gobierno, en una circunstancia tan complicada como la actual y teniendo como antecedente a un mandatario del estilo de Vizcarra, mediocre y taimado, que basó su alta popularidad simplemente en mentir respecto de la estrategia sanitaria frente a la pandemia (los pasivos del desastre los ha tenido que asumir Sagasti).

A ello se suma un liderazgo timorato de Guzmán. Mucho tiempo se le reclamó su ausencia en los debates surgidos los últimos cinco años. Creía seguramente que así no arriesgaba su capital político. Se equivocó Guzmán si creyó que la ciudadanía le iba a perdonar su silencio sepulcral durante el lustro. Lo que era un candidato potable, sacado de la contienda malamente el 2016, terminó convertido en un holograma. Resultado de ello, de lo único que parece haber memoria pasada respecto de Guzmán es de su indecoroso incidente.

Mejor candidata hubiera sido Carolina Lizárraga. De lejos. Las correrías de Guzmán no han sido interpretadas como un incidente amoroso (ello, inclusive, hasta votos le pudo haber dado), sino una prueba negativa de carácter. Debió leer el daño que le hacía a su propia agrupación luego del traspiés de la última elección congresal, donde apenas colocó un puñado de parlamentarios. Por lo que se ve, el castigo parece ya definitivo.

No es el suyo, síntoma de que la polarización política ha empezado a devorarse al centro. Es solo consecuencia de una mala performance personal y una pésima estrategia política y comunicacional

Tags:

Julio Guzmán
x