Opinión

 

La evidencia empírica de muchos estudios sobre los temas de desarrollo económico en diversas partes del mundo, empezando por los estudios de nuestro compatriota Hernando De Soto, coinciden en mostrar que el otorgar títulos de propiedad (sea propiedad predial o propiedad de una empresa) constituye una de las herramientas más poderosas que tiene un Gobierno o un Estado para sacar de la extrema pobreza a los ciudadanos más desvalidos.

Lo interesante es que esto no se consigue sobre la base de otorgar dádivas, regalar bonos o los incentivos perversos que generan dependencia de papá gobierno, sino porque el objetivo se hace realidad de una manera sostenible.

 

 

De acuerdo a cifras del INEI, la pobreza monetaria alcanzó al 30,1% de la población del Perú durante el año 2020, afectando a 45.7% del área rural y al 26% del área urbana. Al ubicar geográficamente las zonas con mayores niveles de pobreza, constatamos que éstas se encuentran mayormente en las áreas rurales de la sierra, selva y costa, así como en las áreas marginales de las ciudades de la costa. Es decir, en las zonas ocupadas mayormente por comunidades campesinas, por poblaciones nativas y por las invasiones de asentamientos humanos alrededor de los cascos urbanos, lugares en donde -coincidentemente- nuestros compatriotas carecen de títulos de propiedad o se ven impedidos de ejercer plenamente su derecho a la propiedad.

Se trate del poblador de un pueblo joven, de un comunero campesino de la sierra, o de un nativo de la selva, el obtener el título de propiedad de un terreno es el primer hito del llamado saneamiento físico legal. Constituye la llave, no solo para acceder a los servicios básicos de electricidad, agua, desagüe, internet, vías e infraestructura básica, sino que es la herramienta para poder obtener crédito a través del préstamo hipotecario de un banco o de una caja rural y, porque además, abre un camino para su formalización a través de la bancarización. Cabe preguntarse, en época de la pandemia durante el Gobierno del Presidente Vizcarra, ¿cuántos de esos créditos del programa “Reactiva Perú” llegaron verdaderamente a los más pobres, que son mayormente los micro y pequeños empresarios informales? Pues poquísimos, porque para poder ser beneficiarios de esos programas el requisito era ser formal….

Más aún, el título de propiedad de un predio o el título de propiedad de una empresa, constituyen las rocas sobre las cuales se construirá el bienestar para una jubilación digna de aquel que vivió inicialmente en la pobreza y la informalidad. Y es que la propiedad de SU tierra, de SU terreno, de SU casa y luego de SU empresa, se capitalizarán con el tiempo y harán posible que quien inicialmente fue pobre e informal, obtenga una jubilación digna, cuando alquile esa propiedad u obtenga las utilidades por ser propietario de su empresa.

 

 

Al César lo que es del César. Curiosamente, cabe reconocer que los impulsores iniciales de la titulación de los asentamientos humanos en el Perú fueron el presidente Alan García y el alcalde de Lima, Alfonso Barrantes.  Pues fue en 1988, durante el Gobierno del Presidente García que se creo el Registro Predial Urbano, el cual permitió simplificar el registro de propietarios a bajo costo, al dejar de lado los trámites a cargo de abogados, escritura pública y notarios, reemplazándolos por formularios sencillos y estandarizados que integraban el catastro al procedimiento registral, y de esa forma ofrecieron una alternativa efectiva a los engorrosos y caros procedimientos para la inscripción de dominio. Y fue también en 1988, que a través de un dispositivo legal del Gobierno, firmado en las Pampas de San Juan en el distrito de San Juan de Miraflores, que el Alcalde Barrantes, recibió el encargo del Presidente García para iniciar la titulación masiva de asentamientos humanos en Lima, algo que se consiguió en un plazo de 120 días…

¿Quién diría que dos políticos que en ese entonces se ubicaban a la izquierda del espectro político fueran importantes iniciadores del capitalismo popular en el Perú?

Fieles a la vocación de esta columna, de plantear no solo QUÉ HACER con las políticas públicas, sino también CÓMO HACER para aterrizarlas, es que la semana entrante tocaremos el tema de cómo es que una Nueva Ley de Comunidades Campesinas podría contribuir a SOÑAR Y HACER REALIDAD ESE PERÚ DE PROPIETARIOS por el que abogaba mi amigo Mario Vargas Llosa en su campaña presidencial de 1990…

 

Los espero el próximo miércoles.

 

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Gobierno, Hernando De Soto

 

Hablar sobre el aborto o interrupción del embarazo es un tema muy tenso en el Perú. Buena parte de la población peruana, usualmente de formación católica o evangélica, se opone tajantemente porque lo considera tanto crimen como pecado. Otra parte de la población, considera que puede haber razones válidas para llevarlo a cabo en las primeras 14 semanas, pero que se trata de un tema íntimo a la par que violento y por ello es mejor esconderlo. Tocar el tema entonces, es per se una agresión que, apenas salta a la luz, de inmediato se debe acallar. Es una cuestión de creencias encontradas que puede dividir familias, separar amistades y enfrentar movimientos anti aborto contra las marchas a favor de un aborto libre. No se habla en los colegios ni en las universidades, la prensa escrita se atreve en tanto replica noticias de otros países, pero no lo discute el periodismo televisivo. La prensa religiosa es además muy dura cuando trabajadoras del sector eclesial comparten alguna publicación en redes sociales a favor del aborto libre.

Los estudios de las organizaciones que defienden el derecho de las mujeres sobre su cuerpo se acumulan desde la década de 1970 en el Perú, pero el aborto continúa penado desde 1863. Es cierto que desde 1924 se declara fuera de castigo el aborto terapéutico, pero fue ignorando hasta que recién el año 2014 se aprobó el reglamento para que pudiera ejercerse. Así que hasta hoy sólo es aprobado cuando es el único medio para salvar la vida o evitar un daño grave y permanente en la salud de la mujer, quedando como delito cuando el embrazo es producto de una violación sexual, cuando existen malformaciones fetales incompatibles con la vida extra uterina, y cuando se trata de una inseminación no consentida.

Como señaló Elizabeth Salazar Vega (Ojo Público, 2019), en nuestro país, las mujeres y adolescentes que sólo lo pueden realizar de manera ilegal son perseguidas por el Estado. Y quienes las denuncian son las personas a quienes acuden precisamente a buscar ayuda: personal de hospitales, policías y fiscales. Son ellos quienes las denuncian amparados en los artículos 114 y 120 que establecen desde tres meses hasta dos años de cárcel para ellas. ¿Y por qué lo hacen? Porque el artículo 117 establece que los profesionales que “abusen de su ciencia o arte para causar el aborto”, tendrán pena privativa de libertad de 1 a 5 años, dependiendo del consentimiento de la paciente, y serán inhabilitados para ejercer su profesión y privados de grados policiales, títulos honoríficos y demás distinciones propias de su oficio.

Desde fines de los años 90 en adelante, el espacio donde sí se discute a pesar de que no quisieran muchos congresistas, es en el ámbito legislativo. Pronto sabremos del debate en la comisión de Justicia y Derechos Humanos, pues en diciembre del año pasado, congresistas encabezados por Ruth Luque presentaron nuevamente el proyecto de Ley para despenalizar el aborto por violación, y una semana después, la congresista pastora evangélica María Jáuregui, presentó como contraparte el proyecto de Ley que reconoce los derechos al concebido.

Colombia aprobó el aborto el año 2006. Lo que ha ocurrido el lunes pasado es que la Corte Constitucional lo ha despenalizado hasta la semana 24, acción que se ha celebrado en la región, pero que levantó preguntas en las redes del por qué se aprobó hasta el segundo trimestre del embarazo si, como es sabido, es un estado de gestación que pone en riesgo la salud, es más doloroso e implica una prolongada recuperación. La Corte no puso plazo por dos razones: porque hay casos en los que la vida de la madre se pone en riesgo recién al final de la gestación, como en el caso de la mortal preeclampsia que solo se puede diagnosticar después de la semana 20. Y porque son tantos los obstáculos que establecen muchas veces las familias y las instituciones, públicas y privadas, que el plazo de 14 sólo se cumple en los países donde los programas llevan décadas y el personal está capacitado. Colombia ahora pondrá sus esfuerzos en la educación sexual. Ojalá que aquí perdamos miedo de mentarlo y aprendamos a escuchar.

 

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Aborto, Colombia

 

Al cabo del tiempo, este lustro va a ser recordado como el periodo del retroceso, aquel en que el Estado peruano involucionó, se paralizaron reformas importantes y se desperdició la oportunidad de crecimiento económico.

Y en ese empeño, son cómplices el Ejecutivo y el Congreso. Desde el gobierno central se está perpetrando el mayor latrocinio burocrático de los últimos tiempos, al desmantelar los núcleos de excelencia que funcionaban relativamente bien en algunos sectores del Estado. El copamiento partidario de cuanta entidad sea factible de infiltrar ya está produciendo el colapso de la gestión pública.

 

 

Y desde el Congreso, el fujicerronismo se ha empeñado en tirarse abajo no solo reformas importantes, como las de educación y transporte, sino que ahora enfilan baterías contra uno de los pocos baluartes institucionales que nos ha permitido sobrellevar la crisis producida por el develamiento del escandaloso grado de inmoralidad vigente durante la transición post Fujimori: la lucha anticorrupción y el equipo de fiscales y jueces que lo ha permitido.

Tumbarse la legislación vinculada a la colaboración eficaz, no obedece a un intento de fortalecer el sistema anticorrupción, sino al propósito no santo de debilitarlo y favorecer tanto a los corruptos del pasado como, sobre todo, a los venideros. A los fujimoristas o seguidores de Luna se les ve con claridad el fustán de sus torvos afanes y a ellos se suman los congresistas oficialistas que se están curando en salud o queriendo proteger aliados circunstanciales: Dinámicos del centro, lobistas de Sarratea, etc.

Son tal para cual este Ejecutivo y el Congreso. Ninguno de los dos poderes del Estado actúa a la altura de sus responsabilidades históricas, que van más allá de la infeliz coincidencia de este desastre con el Bicentenario, sino con la encrucijada histórica en la que nos hallábamos, con una transición democrática agotada y devaluada, que merecía una superación cualitativa, política, económica y social.

 

 

No se avizoraba un buen destino, al cabo de tener que elegir en la segunda vuelta, entre los dos peores candidatos tanto de la izquierda como de la derecha. La conformación consecuente del Congreso no podía ser indemne al descalabro que ello auguraba, pero abrigábamos la leve esperanza de que los tiempos forjasen el carácter de sus protagonistas y los hiciera elevarse sobre su estatura mínima de arranque. No ha sucedido, lamentablemente, y salvo un milagro político, tendremos que resignarnos a soportar a Castillo y al Congreso actual, por cinco años completos.

 

 

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Congreso, Ejecutivo, Gobierno

 

El flamante ministro de salud Hernán Condori ha defendido repetidas veces los beneficios del ‘agua arracimada’. Los que proponen esta teoría se basan en un hecho real, a saber, que es posible que las moléculas de agua se arreglen en clusters (racimos) debido a la formación de puentes de hidrógeno. Sin embargo, se sabe que estos arreglos son bastante inestables, y por esa razón sus propiedades aún no se conocen bien.

Los promotores de agua arracimada sostienen que han conseguido estabilizar estas estructuras. Según ellos, el agua que venden contiene racimos compuestos de 3 a 5 moléculas de agua, y cuando uno toma esta agua ‘arracimada’ consigue hidratarse más rápido que tomando agua normal, ya que, al ser los racimos tan pequeños, consiguen filtrarse con mayor facilidad por nuestro organismo. Según los impulsores de este producto, hidratarse de esa manera tendría grandes beneficios para la salud. Conceptualmente, esta teoría es confusa. Y en términos de evidencia empírica, todo lo que se ha recabado hasta ahora muestra que la teoría es falsa.

Se ha dicho que los que promueven este producto promueven la pseudociencia, pero qué es exactamente la pseudociencia no es algo que se haya discutido mucho en este contexto. Tanto los científicos serios como el público en general suelen definir como pseudocientíficas a las disciplinas que carecen de evidencia científica, y que no realizan afirmaciones falsificables. A pesar de ser muy populares, estas no son buenas definiciones.

En primer lugar, carecer de evidencia no es una buena razón para catalogar a una disciplina como pseudocientífica. Después de todo, existen muchas teorías científicas que actualmente no cuentan con evidencia. Por ejemplo, la física de Newton describe de manera incorrecta la trayectoria de varios objetos astronómicos. A pesar de ello, nadie diría que la física de Newton es pseudocientífica. Además, en su origen muchas teorías no poseen evidencia suficiente, y sin embargo suelen recibir financiamiento por parte de instituciones científicas justamente para recoger dicha evidencia. Por otro lado, es posible que una teoría pseudocientífica cuente con algún nivel de evidencia, como podría ser el caso de una predicción astrológica que resulte ser verdadera por casualidad. Tal como señalaba el filósofo Karl Popper, “la ciencia suele errar, y pseudociencia puede tropezar con la verdad”. Es cierto que las afirmaciones de los que defienden el agua arracimada carecen de evidencia científica, pero esta no es la razón por la cual esta práctica es pseudocientífica.

Otro criterio que suele usarse para definir pseudociencia es el de la falsifiabilidad, propuesto por el mismo Popper. De acuerdo a Popper, las afirmaciones científicas son falsificables. Para Popper, cuando se hace una predicción en base a una teoría realmente científica, es posible definir de antemano qué tipo de resultados observables corroborarían la teoría, y cuáles la refutarían. Esto es lo que Popper llamaba ‘falsifiabilidad’, la idea de que es posible concebir una situación en la que la evidencia observable pruebe que la teoría es falsa. En ese sentido, las predicciones científicas de alguna manera ponen en riesgo a la teoría. Ejemplos de afirmaciones no falsificables serían “si rezas todo va a salir bien”, o “todo lo que sucede es la voluntad de Dios”, o “el universo ha sido creado hace 5 minutos”. En estos casos, es imposible concebir una situación que pruebe que dichas afirmaciones son falsas. Por ejemplo: si rezo y me muero, se podría argumentar que igual todo salió bien porque me fui al cielo; si abro mi computadora y leo un texto escrito hace dos días, se podría argumentar que tanto el texto como mi memoria de haberlo escrito fueron creados hace 5 minutos; etc.

El criterio de Popper es tal vez una de las ideas filosóficas más aceptadas por científicos profesionales. Sin embargo, a pesar de sus méritos, presenta varios problemas que han sido señalados desde hace décadas por muchos filósofos. Para comenzar, la unión (conjunción) de una afirmación falsificable con una no falsificable da como resultado una afirmación falsificable. Por lo tanto, cualquier afirmación no falsificable podría entrar en el conjunto de afirmaciones científicas siempre y cuando se le una a una afirmación falsificable, lo cual niega el propósito de distinguir entre ciencia y pseudociencia. Otro problema es que muchas pseudociencias también emiten afirmaciones falsificables. En ese sentido, Popper puso una valla demasiado baja. Por ejemplo, la afirmación de que la supuesta agua arracimada se metabolice más rápido que el agua normal puede testearse fácilmente, y de hecho ha sido testeada y probada falsa. Pero según Popper, la teoría del agua arracimada sería científica.

Es importante destacar que el criterio de la evidencia y el criterio de la falsibilidad pueden jugar en contra el uno del otro. Así, si se demuestra que una afirmación es falsa, significa que era falsificable. Sin embargo, ser probada falsa significa que carece de evidencia. En ese sentido, la falta de evidencia prueba que había falsifiabilidad. Si se usan estos dos criterios a la vez, la teoría del agua arracimada sería y no sería científica.

Para entender bien por qué una determinada teoría, disciplina o práctica es pseudocientífica nos tenemos que enfocar no solo en las afirmaciones que se producen alrededor de la misma sino en la estructura social en la que están inscritas. La ciencia real cuenta con un aparato institucional que de alguna manera intenta bloquear los errores típicos del razonamiento humano, tales como los sesgos, la falta de objetividad, etc., y a la vez fomenta la colaboración y la claridad conceptual. Las pseudociencias hacen todo lo contrario: son disciplinas que están aisladas, que no incentivan la colaboración, que están llenas de confusiones conceptuales que ni siquiera buscan aclarar, y que ignoran aquello que las refuta. Básicamente, son teorías cuyos defensores hacen exactamente lo que está haciendo nuestro ministro de salud: en ninguna entrevista ha intentado dar detalles de la plausibilidad científica de lo que propone y más bien intenta confundir a su audiencia usando términos científicos sacados de contexto. Además, ignora completamente todas las objeciones posibles, tales como los estudios que han fallado en demostrar la efectividad del producto. Para entender por qué estamos frente a un caso de pseudociencia hay que mirar los detalles del producto, sí, pero también debemos observar cómo se comportan los charlatanes que los promueven.

[Nota: la información sobre el agua arracimada la saqué del siguiente artículo compartido en twitter por el doctor Elmer Huerta. https://www.molecularhydrogeninstitute.com/microclustering-the-making-of-a-myth-part-1-facts-claims-and-history]

 

* Manuel Barrantes es profesor de filosofía en California State University Sacramento. Su área de especialización es la filosofía de la ciencia, y sus áreas de competencia incluyen la ética de la tecnología y la filosofía de las matemáticas.

 

 

 

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Hernán Condor, Minsa

 

-Pedro, ¿cuándo vence tu pasaporte? – le pregunta a su esposo.

-Ni idea. Todavía.

-Dicen que no hay cita para renovar hasta julio- le dice Ana

– ¿Qué? Pero si es enero.

Ana va a su cuarto, y encuentra su pasaporte. Horror: vence una semana antes de su viaje, planeado para mayo. Se mete a internet. Es verdad. No hay citas hasta julio.

– ¿Esto es normal? – pregunta.

-No- responde su esposo- que yo recuerde las últimas veces he renovado mi pasaporte un mes antes de viajar.

– ¿Y ahora?

– El otro día leí en un grupo de WhatsApp que un amigo del colegio tenía un problema parecido. Alguien del grupo le comentó que había una forma de hacerlo “más rápido” pagando 500 soles- le dijo su esposo.

– ¿Pagándole a quién? – peguntó Ana

-No sé. A alguien con contactos, me imagino.

– ¿Eso es legal?

La situación descrita arriba es ficticia, sin embargo, basada en las experiencias denunciadas por distintos ciudadanos en las redes sociales. Efectivamente, muchos peruanos vienen experimentando largas esperas para conseguir una cita para renovar su pasaporte, y largas colas en el aeropuerto cuando se trata del trámite de emergencia (para aquellos que viajan en las siguientes 48 horas).

El día de ayer, una usuaria de Facebook contó su experiencia renovando el pasaporte en el aeropuerto, exponiendo que llegó a las 8:30 am a hacer el trámite, y salió a las 3:30 am del día siguiente (19 horas después). Indicó que habían alrededor de 500 personas haciendo dicho trámite y solo 2 personas atendiendo en migraciones. Explica que había personas con “trato preferencial”, e incluso estas se demoraban entre 6 y 8 horas.

Según reporta el diario Gestión, en agosto del año pasado, la gestión anterior de la Superintendencia Nacional de Migraciones hizo las coordinaciones para establecer una compra de 700,000 pasaportes. Estos debieron tenerse en enero. Sin embargo, en los últimos meses cambió el equipo, se cambió la modalidad de contratación, y el contrato recién se firmará. Los miles de pasaportes necesarios demorarán meses en llegar. Una situación similar se vive para sacar DNI y brevetes, estando la compra de los últimos paralizada.

¿Es que los constantes cambios en todos los niveles del Estado que vivimos en los últimos 6 meses comienzan a afectar a los ciudadanos en su día a día? ¿Por qué tramites que antes demoraban semanas ahora demoren más de 6 meses? ¿Es justo que los ciudadanos tengamos que hacer colas de casi 24 horas por un documento de identidad, o en el peor de los casos, perder un viaje o andar indocumentados? Sin contar, por supuesto, con que este tipo de escases es una bandeja de plata para la corrupción, y que ya se escuchan todo tipo de métodos “extraoficiales” para sacar los documentos de manera “express”.

Hace ya un buen tiempo que se viene advirtiendo del copamiento de muchos sectores del Estado con funcionarios poco capacitados, a todo nivel. ¿Habrá comenzado esto a afectarnos en trámites del día a día? ¿Cómo fiscalizamos esto? ¿Los congresistas, que se supone nos representan, no deberían exigir a los ministerios competentes una solución a la ciudadanía? A estar atentos.

*Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de las organizaciones a las cuales pertenece.

 

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Pasaportes

 

Sí hay personajes en la centroderecha que podrían galvanizar un proyecto político electoral potente y con posibilidades para el 2026 o para antes, si el régimen sigue haciendo agua y termina con su mandato interrumpido.

Roberto Chiabra, Fernando Cillóniz, Rómulo Mucho, Flor Pablo, Roque Benavides son, por ejemplo, nombres capaces de integrar diferentes colectividades partidarias y encabezar un proyecto de consolidación de las libertades políticas y económicas en el país, agregando las urgentes reformas institucionales y de segunda generación que debieron haberse llevado a cabo luego de la caída del fujimorato, pero que los gobernantes de la transición soslayaron olímpicamente.

 

 

Es preciso insistir en hacer realidad la sensata propuesta de Rafael López Aliaga de renunciar él mismo y Keiko Fujimori a sus respectivas aspiraciones. Son candidatos polarizantes, que eventualmente podrían pasar a la segunda vuelta (como lo ha demostrado tres veces Keiko Fujimori), para luego ser derrotados por sus contendores, aun por personajes tan precarios y endebles como Pedro Castillo. Y en ambos casos, además, le pueden quitar votos cruciales a los candidatos de similar identidad ideológica.

Si eventualmente Castillo dura sus cinco años de mandato hay tiempo de que aparezcan nuevos liderazgos (es una lástima que Rosangela Barbarán o Lucas Ghersi no alcancen la edad suficiente para poder postular), pero por lo pronto puede haber una baraja lo suficientemente atractiva para hacerle frente a centros aguachentos o izquierdas de toda laya que puedan surgir o querer reaparecer.

Es tiempo de reconducir la nave nacional hacia una opción claramente identificada con un modelo promercado, radical en las reformas necesarias para consolidar un capitalismo competitivo en el país, pero, a la vez, de plantear serias reformas institucionales (electoral, política, de seguridad interna, regionalización, salud y educación públicas, etc.).

La centroderecha, a diferencia de la izquierda -como ha quedado meridianamente demostrado en estos aciagos meses de gestión de Pedro Castillo-, tiene cuadros tecnocráticos de sobra y podría rápidamente dotar de excelencia la gestión pública, si tiene el norte definido y claro y no busca tan solo hacerse del poder para mantener el statu quo.

La del estribo: no pueden dejar de visitar la exposición Maravillarte, que va en el Ministerio de Cultura, en San Borja, y reúne alrededor de 500 obras de arte, seleccionadas previo un concurso convocado a raíz del bicentenario y que además de mostrar nuevos valores (en pintura, escultura, grabado y fotografía), alberga también la obra de algunos artistas consagrados. El ingreso es libre y no hay que hacer reserva. Va de martes a domingo (este domingo 27 clausuran), de 9.00 a 5.00 pm.

 

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Pedro Castillo

 

Enrique Montenegro ha mostrado en el programa de Milagros Leiva cómo hoy, sin necesidad de ser abogado, y por 170 soles, se puede conseguir un certificado trucho de diplomado de LIBREJUR con el Colegio de Abogados del Callao. Esto nos lleva, primero, a un horror conocido: los certificados bamba de diplomados. Sin embargo, ¿podemos afirmar desde ya que todos los certificados son falsos? Es muy ligero afirmar eso. Veamos.

LIBREJUR otorga certificados junto con el nombre del Colegio de Abogados del Callao desde hace muchos años, y además, en 2017 firmó un convenio con el Colegio de Abogados de Lima para cuestiones académicas. El 4 de octubre de 2021 ofreció un diplomado que incluye a un juez supremo (José Neyra, sobre derecho penal general y el Nuevo Código Procesal Penal), y antes, en otro diplomado, aparecía Alcides Chinchay, fiscal supremo en lo penal. El 21 de enero de 2022 ha ofrecido diplomados virtuales “válido para concursos de jueces y fiscales de la JNJ”, “Acreditados para el Ilustre Colegio de Abogados del Callao”. Su actividad no es reciente y se registran eventos desde el año 2009 al menos.

El nombre de Jaime Wilfredo Guillén Guillén aparece también como parte del Consejo Directivo del Instituto Peruano de Estudios Forenses. ¿Es el mismo LIBREJUR que ha caído en la venta de sus certificados sin llevar los cursos? ¿O siempre dio certificados bamba? ¿Esos abogados del 2009 no llevaron realmente los diplomados? ¿Cuántos abogados más han sido certificados por LIBREJUR? ¿O es que sí brinda cursos pero a veces también vende los certificados como se lo vendieron a Montenegro? ¿La JNJ tomará en cuenta a LIBREJUR para acreditaciones en los concursos en marcha?

Todas estas preguntas son necesarias y requieren una investigación. Como se ve, el problema es profundo. Por eso, llama la atención que el programa de Leiva se haya focalizado solo en la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, quien por cierto también debe explicar cómo fueron esas capacitaciones. Otro tema a dilucidar, sin aspavientos ni ojerizas, es la preservación por parte de un particular de documentos de hace 12 y 14 años (los cinco certificados en la mira son de esos años), no solo de una persona, sino de todos los que tienen certificados de esa época. Dicho sea de paso, de la calificación 67.50 puntos que se le dio a la fiscal Ávalos en su postulación a la suprema, el puntaje que recibió por cursos de capacitación presenciales fuera de la AMAG fue de 2.00 (“0.75 por cada uno”). Los certificados de LIBREJUR con el Colegio de Abogados Callao (con firma del decano en ese entonces Jorge Guizado Salcedo) que presentó para el concurso dicen que se realizaron en el Teatro “Felipe Pardo y Aliaga”, el auditorio de la UTP y el auditorio del Sindicato de Telefónica. De ser certificados truchos, ¿cómo así el exCNM no los detectó, o es que no eran truchos? Ojo, no era el CNM de Aguila del 2015.

Qué duda cabe que hay que mirar las denuncias sobre nombramientos de supremos del exCNM. Pero esas investigaciones deben hacerse sin prejuicios. Los cuestionamientos sobre el nombramiento de Ávalos se basan, al menos hasta donde se sabe, en dichos de personas investigadas por Cuellos Blanco. Se necesita investigar con profundidad e independencia. ¿Por qué no se dice que el congresista al mando de la investigación es José Ventura de Fuerza Popular, partido que tiene una acusación fiscal por crimen organizado? ¿Por qué en este escenario se le entrevista al ex fiscal de la Nación José Peláez, quien es cuestionado por las infructuosas investigaciones fiscales a Alan García? Dicho sea de paso, no podemos perder de vista otros procesos mientras todo esto pasa, como la elección de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, donde uno de los dos candidatos es el abogado Juan Antonio Fernández Jerí, muy cercano a Peláez Bardales.

Que se investigue objetivamente, y que intereses subalternos no saquen provecho de todo esto.

 

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CAL

 

El artículo semanal de Javier Díaz Albertini para El Comercio[1] vino esta semana con una preocupación que es la de muchos, pero que vale la pena discutir. El cuerpo central del texto cuestiona el por qué no existe una protesta ciudadana en la calle que haga sentir su voz frente al gobierno y Congreso. El autor destaca en especial tres condiciones como necesarias para empujar la “calle”:

“Primero, debe existir un sentimiento profundo de indignación de carácter moral por parte de un grupo significativo de la ciudadanía. Segundo, es necesario construir identidades colectivas que claramente distingan a un “nosotros” de un “ellos”. Tercero, es indispensable el convencimiento de que los cambios sociales son posibles por medio de la acción colectiva.”

Creo que esta vez el autor, uno de los más lúcidos para analizar la realidad peruana, se equivoca.

Tengo mis dudas sobre la primera condición, que es la clave. Particularmente, no percibo indignación. El mismo autor expresa un doble sentido de términos en el artículo cuando dice: “solo se está cumpliendo la primera. Estamos hartos.” Pero indignación y hartazgo no van por el mismo camino.

Indignar supone una emoción y un impulso a actuar que no se ve de manera evidente por ningún lado. Nos estamos -como sociedad- acostumbrando a una situación de crisis permanente en la que, si un día amanecemos sin gobierno y sin Congreso, a la gente le va a importar menos que poco.

Julia Kristeva, la filósofa y psicoanalista que ha estudiado tanto la relación entre el lenguaje, comunicación y tejido social, si la he leído bien, ayuda a comprender este particular momento de la relación entre política y sociedad en el Perú, cuando sostiene que estamos frente a nuevas formas de representación en las que nos volvemos menos parlantes y nos dejamos llevar más por imágenes:

“el papel creciente de la imagen, que reemplaza al lenguaje y hace que el hombre parlante se vuelva cada vez menos parlante. Mientras tanto, el sistema de comunicación cubre ya todo el campo visual bajo una inmensa tela superficial, en detrimento de la profundidad, del fuero interior.”[2]

Así, nuestra interpretación de lo que ocurre deja de ser diálogo y pasa a ser imagen. Principalmente porque lo que pasa no nos integra ni convoca. Vemos lo que ocurre, pero no interactuamos (lenguaje) con ello. Nuestra realidad es como una película que vemos en el cine o en la casa. Algo lejano que no percibimos relevante ni con la capacidad de que nos penetre.

Esto hace que, frente a la realidad, la evaluemos y nos distanciemos de ella. Por eso la “indignación” que para Díaz Albertini existe, de modo axiomático, no genera acción posible. No podemos trasgredir los planos, como en la Rosa Púrpura del Cairo de Woody Allen, donde la protagonista podía salir del ecran y volver a entrar en él, porque no hay conexión entre los mundos. Son realidades paralelas y planos diferentes. Pero en el plano importante, en las “cosas del comer” genial término acuñado por la comunicadora Laura Arroyo, eso no entra, es una ficción, una foto en la que no salimos.

Ahora bien, pensemos un poco algunos detalles:

  • La retórica del gobierno, expresada por el presidente, que habla de cómo la corrupción golpea al “pueblo” y no es capaz de mandar a su casa a ministros, asesores y autoridades con antecedentes tan cuestionables como indignantes.
  • La conducta del presidente Castillo que ha privilegiado siempre los pequeños encantos del poder antes que las políticas de Estado. Si no, que la fiesta de su hija, la visita a sus padres en plena cuarentena y otros adicionales, se expliquen adecuadamente.
  • La respuesta de ministros presentables de este gobierno que se ponen de costado frente a otros impresentables, sin hacerse paltas, diciendo que ellos solo ven por sus sectores. Porque de gobierno de proyecto único y claro, no hay nada, pero eso a quién le importa si tengo el ministerio.
  • Un Congreso que invierte una buena parte de su producción legislativa en proyectos declarativos que no impactan en la vida de nadie, como vimos en un buen informe de Alejandro Boyco, de El Comercio[3]
  • Una Mesa Directiva encarnada por Alva, prepotente y con tonos clasistas y racistas que no tiene ningún problema en mostrarse así frente a una alcaldesa de una provincia de afuera de Lima, desde luego.
  • Una confrontación oficialismo – oposición de papel, de palomillas, pero que cuando tienen que sentarse a defenderse ellos mismos, pues no tienen empacho en los abrazos largos y en tirarse abajo las reformas incipientes y el sistema anticorrupción. Allí sí hay foto.

Frente a eso, que además es el resumen de la última semana nomás, nos indignamos primero, gritamos, pero de ahí nos acostumbramos. Porque si no, nos morimos.

Pasamos a la última fase del duelo de una manera casi natural. Porque no hay cuerpo que aguante todo eso. Porque eso va a otra esfera, una en la que ya no tenemos decisión ni competencia. Tener opinión no es indignarnos. Y cada vez nos volvemos más cínicos socialmente hablando. Estamos al borde del alpinchismo moral en un sentido muy amplio.

Si no, miremos con otros ojos el índice Bloomberg tan comentado esta semana: ¿no deberíamos estar más preocupados por la diferencia inmensa que hay entre el indicador económico y el político y las cuerdas separadas que hay entre ambos? Cada uno quiere verlo desde su propio interés, pero nadie alerta sobre cómo nos hemos acostumbrado a vivir en la precariedad política más elocuente.

Lo que nos lleva a la segunda condición: la necesidad de un “nosotros” que nos convoque. Honestamente, me sonó un poco raro que se plantee eso porque es algo etéreo. ¿Por qué habría un “nosotros” si lo que puede convocar a algunos va a desmotivar a los otros? ¿Somos capaces de afirmar que ese “nosotros” es posible? Lo que nos genera identidad hoy es justamente esa diferencia con el otro. Por eso el #quesevayantodos resulta tan relevante.

Recordemos las marchas convocadas hace solo semanas contra el gabinete Valer. Un desfile de argumentos cada cual más extraño donde solo había una condición posible: la unidad era imposible. Yo no marcho con los cojudignos era la voz principal. La segunda era el yo no marcho con corruptos. Al medio los que querían expresar su posición, pero no así. Resultado: magras movilizaciones que validan más de lo que cuestionan.

En ese escenario, la tercera condición es quimérica: que la movilización se base en el convencimiento de que genera cambios sociales efectivos. Allí Díaz Albertini pone buenos ejemplos de lo que las últimas movilizaciones consiguieron:

“Que se derogaran leyes lesivas para los jóvenes trabajadores, que la justicia funcionara ante la violencia de género, que se repusiera a los fiscales del equipo Lava Jato, que no se usara la vacancia para convertir al Estado en botín.”

Pero queda en debe cuando analiza si lo que se logró realmente se sostuvo. Si esos cambios fueron tales y no fueron desmantelados por el ejercicio de esa política distante que justamente por eso interesa tan poco. Tan es así que el autor lo obvia, que no menciona los intentos actuales de contrarreforma y por qué ello no ha generado la misma movilización. Si en algún momento vivimos un momentum social que generó cambio, aprendimos también que ese cambio no fue permanente. Volvimos al estado inicial más temprano que tarde.

Díaz-Albertini acaba con un párrafo beltmoniano: “El (camino) más deseable es reparar nuestra alicaída autoestima nacional y repetirnos –hasta el cansancio– que merecemos más y mejor”. Un Splenda al corazón. Pero es en el fondo la aceptación explícita de que no tenemos idea de cómo afrontar esto que nos pasa. Es el buen deseo, la palmadita en la espalda, en-la-cancha-somos-11-contra-11. Nadie nos gana y Dios es peruano.

Porque en el fondo falta un elemento que le de inicio a este debate: cómo entiende el peruano esta situación, si la ve como crisis y cuáles son los marcos en los que quisiera una resolución. En esta historia, nadie le ha preguntado a la gente nada. Y eso nos va a pasar factura.

 

[1] Díaz Albertini, Javier (16/02/2022), La calle está dura. En: https://elcomercio.pe/opinion/columnistas/la-calle-esta-dura-por-javier-diaz-albertini-noticia/?ref=ecr

[2] Clarin (2014): Los nuevos dolores del alma. Entrevista a Julia Kristeva. En: https://www.clarin.com/rn/ideas/Julia-Kristeva-nuevos-dolores-alma-moral_0_HkAeM1Jowme.html

[3] En: https://elcomercio.pe/politica/congreso/congreso-continua-con-la-agenda-declarativa-peru-libre-accion-popular-y-fuerza-popular-son-las-bancadas-con-mas-proyectos-no-vinculantes-proyectos-de-ley-legislativo-produccion-parlamentaria-ec-data-noticia/

 

 

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Gobierno, Pedro Castillo

 

Utilizo para mi columna de hoy el concepto utilizado por Pierre Rosanvallon para caracterizar lo que actualmente pasa por los regímenes políticos occidentales. El historiador señala que actualmente -en las democracias liberales- vivimos un tipo de accionar ciudadano y político que impacta de manera negativa en el régimen, desgastándolo y vaciándolo del contenido representativo.

Esas acciones pasan por judicializar, vetar e imputar cualquier tipo de política gubernamental, discurso y proyecto político. No es negativo ello, pero el punto de inflexión está en tener en cuenta que dichas características quedan en el aspecto reactivo. Ante tal contexto, cuando la opinión pública exige cambios importantes, la acción propositiva queda en el vacío. No hay eco que sea recogido por cualquier iniciativa que reconstruya el escenario político representativo. Se queda solo en el aire, como un llamado de atención. Eso es lo que actualmente estamos viviendo por el mundo.

Y eso es por lo que el país transita, desde hace varias décadas. Así entramos a la transición a la democracia. En un escenario político, que transita entre la fragmentación y la organización mínima, las minorías activas de toda índole (políticos y sociales) impulsan discursos y acciones que no generan capacidad de síntesis de aquel contexto que vivimos; por el contrario, acentúa aún más la capacidad de normalizar dicha de coyuntura crítica. De estar conformes de la crisis permanente.

Eso lo podemos evidenciar en la poca capacidad que tienen las minorías activas de movilizar gente por las calles o de reconstruir grandes relatos y proyectos que generen confianza en la mente y corazones de los peruanos. Lo que podemos ver también es que dichas minorías generan agendas que repercuten en la opinión pública (medios y encuestas), así como en la capacidad de canalizar la indignación a través del voto. Ya hemos podido apreciar cuales han sido los resultados de dicha situación en esta última elección: Pedro Castillo y su forma amateur de hacer política.

Me surge una pregunta a partir de dicho contexto: ¿es posible que transitemos a escenarios desencadenantes que impacten negativamente en el país? Vale decir, ¿podemos llegar a tocar fondo, mediante una elección, en la que elija a alguien más nocivo (léase populista) que el actual presidente del país? La entrada teórica propone que los populismos surgen como situación excepcional entre la dictadura y la democracia. Otra propone que el populismo no es excepcional, que es parte de nuestra cultura política y que gira entre ella y las dictaduras, en la que la democracia se vuelve algo no regular.

¿Por dónde va nuestro rumbo? Por generar proyectos democráticos que conecten de abajo hacia arriba -mediante proyectos de partido-escuelas- la necesidad de reconstruir la política representativa tan venida a menos desde los años noventa. Eso pasa por discutir reformas de los partidos que vayan más allá de la cuestión electoral.

 

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