Al final de cuentas, el gobierno de Pedro Castillo no va a ser revolucionario, no va a convocar ninguna Asamblea Constituyente, no va remover los cimientos del modelo, no va a cambiar la primacía de la propiedad privada, no la va a afectar, no va tampoco a transformar radicalmente la salud y la educación públicas ni acometer un programa de redistribución socioeconómica trascendental. No va a ser ni Velasco ni Alan I. No le da el fuste ni para eso. El suyo va a ser el reino de un centrismo mediocre.
Ni puede -no tiene la mayoría en el Congreso, ni el respaldo masivo de las calles- ni quiere hacer algo superlativo. Rápidamente, se ha refugiado en el usufructo del statu quo, del piloto automático, pero con su añadido particular de una profunda medianía.
En estos cinco años de gobierno, el Perú va a retroceder, pero no porque haya llegado al poder un destructor del modelo liberal, sino porque se ha instalado en Palacio un personaje tan mediocre que lo único que parece buscar es darle puestos públicos a sus allegados y desmontar las pocas buenas reformas que se habían hecho en los últimos años (magisterial, del transporte, etc.).
En el fondo, quizás sea hasta positivo para el país que la coalición de izquierdas que nos gobierna corrobore su enorme incapacidad ejecutiva, su falta de cuadros técnicos y su vocación politiquera para administrar los recursos públicos. Y que, al cabo de los cinco años perdidos de este régimen, ojalá el país entienda el desastre que supone votar por la izquierda. La peor derecha es mejor que una izquierda como la peruana, incapaz de alcanzar cuotas de modernidad que en otras latitudes exhibe.
Por su parte, la derecha haría bien en descartar el escenario improbable de la vacancia y abocarse a tareas políticamente más productivas. Solo un escándalo de corrupción que toque directamente al Primer Mandatario la justificaría. La mediocridad del gobierno no es razón suficiente para ello.
La tarea derechista, en consecuencia, debería ser mantener a raya al régimen, evitar cualquier tentación colectivista o autoritaria (ya que goza del poder suficiente para lograr ello), impulsar los cambios que pueda acometer desde el Legislativo, y prepararse para el recambio del 2026 con candidaturas potables, apostando a que sobrevenga un periodo derechista de larga duración que, esta vez sí, haciendo las reformas institucionales pertinentes, conquiste un nivel de desarrollo irreversible del país, blindándolo contra eventualidades disruptivas como las que hemos sufrido este aciago año electoral.
Nota al margen: es política editorial de la dirección de Sudaca que ejerzo, respetar en grado extremo los informes que los reporteros publican con su respectiva firma y responsabilidad. Ello se ha hecho y se hará, escrupulosamente -jamás una nota ha sido censurada desde que Sudaca empezó a existir-, asumiendo que se está ante una exposición veraz de hechos a los que el reportero, con derecho propio, agrega subjetividades editoriales. Respecto de estas cabe, sin embargo, la discrepancia, y me permito ejercerla respecto de algunos acentos de la nota publicada ayer “Hablan los amigos de César Acuña (y otros se corren)” (http://ow.ly/NBzX30s6Zbt), particularmente en el tratamiento del rol jugado estos días por Augusto Álvarez Rodrich. A pesar de su amistad con César Acuña, AAR se ha pronunciado claramente en contra de la sentencia y ha promovido, desde la presidencia de IPYS, duros comunicados al respecto y ha gestado, inclusive, activamente la vigilancia de periodistas el día de la audiencia. No se ha escabullido respecto de este espinoso tema.
La condena a Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel por haber cometido delito contra el honor de Cesar Acuña por unas frases citadas en el libro Plata como cancha (Penguin Random House Perú, 2021) ha sido de inmediato considerada dentro y fuera del Perú como un atentado contra la libertad de expresión. Eso significa que la resolución del juez Raúl Jesús Vega ha puesto en dilema dos derechos humanos que debieran ser complementarios: el derecho al honor que nos otorga nuestra dignidad como personas, y el derecho a la libertad de expresión, a poder hablar libremente sobre los temas públicos que necesitamos identificar para que nadie que esté en el poder saque provecho del resto. De lo contrario, no hay verdadera democracia.
Si ambos son derechos de toda persona, ¿qué ocurre cuando en casos como este parecen los derechos contradecirse entre sí? ¿Hasta dónde sé es libre para criticar a personajes públicos y hasta qué punto el honor puede ser razón para que un juez castigue a quienes investigan a políticos acusados de abuso y corrupción? He ahí el problema principal de la resolución del juez Jesús Vega que se concentró en proteger el honor de Acuña, ocultando que se trata de la obra fiscalizadora de un periodista que cuidadosamente ha presentado todas sus fuentes de información. Y siendo el sello editorial el que debiera brindar seriedad a la publicación, con total indiferencia, el juez condena también al director, Jerónimo Pimentel.
Que el juez y el abogado de Acuña, Enrique Ghersi, apelaran al honor para así poder castigar al periodista y a la editorial, resulta pues, sorprendente, dado que se trata de un personaje importante de la política peruana, vinculado a diversos cargos de gobierno y legislación, dueño de universidades, y que, por lo tanto, la prensa y toda la ciudadanía peruana tiene derecho a compartir información que advierta acerca de sus acciones. Así lo entiende la legislación sobre este tema en el mundo entero. El honor solo es recurso cuando se afecta el de una persona en el ámbito privado. A ello hay que sumar (literalmente) que en lugar de haber pedido rectificación de la información, como suele ocurrir con los querellantes de honor ofendido, lo que se ha pedido en esta ocasión es sólo prisión suspendida y dinero como reparación civil. Esto trae pues, una segunda pregunta quizá mucho más importante que la anterior, y es ¿en qué consiste entonces el honor para Jesús, Ghersi y Acuña?
El honor es el derecho a ser respetado por los demás, por eso tiene dos aspectos, uno individual, personal, “cómo la persona se valora a sí misma” en tanto se siente respetada, y el otro, es el de la reputación, de “cómo los demás valoran a la persona”, cuánto la respetan. Y cuando pensamos en Acuña, esta pregunta nos conduce de inmediato a otra contradicción, pues sin duda Acuña tiene una valoración de sí mismo muy distinta de la que tenemos las peruanas y peruanos que hemos tomado conciencia a lo largo de los años de la cantidad de denuncias judiciales que ha tenido en Trujillo y en Lima, de testimonios de funcionarios condenados por corrupción, de la indignante manera en que ha convertido la formación universitaria en un negocio electoral. Cabe añadir las desconcertantes y risibles frases de un hombre que se jacta de haber contratado un equipo cada vez que tuvo que hacer una tesis para que la escribiera por él.
¿Cómo es entonces que nos valoramos los demás y no Acuña? En casi todas las legislaciones suele aparecer como sinónimo de honor la palabra honra. La honra es el nivel más alto del honor y por eso permite construir en cada sociedad un conjunto de valores vinculados al orgullo. Retornando a la dignidad, podemos identificar que aquello que nos brindan nuestros derechos y nos dignifica como personas es la libertad, es decir, la capacidad de poder decidir y de hacernos cargo de nuestras responsabilidades en relación con los demás, dejando así con estas acciones nuestro honroso legado a la sociedad. ¿Qué honroso legado le debemos a Acuña? ¿Miles de estudiantes manipulados electoralmente? ¿Jueces comprados? ¿En qué honor entonces pensaba el Juez si para él se trataba de una reputación que valía el ingreso mensual del ofendido? Ojalá pronto se escuche la voz de sus estudiantes porque gracias a la libertad de expresión podrán leer el libro, tomar conciencia y protestar por la realidad a la que Acuña los ha conducido.
Los meses finales de 2021 han estado llenos de inestabilidad e incluso de temblores políticos en el Perú. Sin embargo, hemos llegado al Verano y los expertos han observado que, con muy raras excepciones, entre las vacaciones del Congreso, el disfrute de la playa de algunos y el padecimiento de lluvias y huaicos de otros, regularmente este es un tiempo en el que no pasa mucho en la esfera pública. Según estas observaciones, en años normales la acción política recién comenzaría nuevamente post Semana Santa, para cobrar volumen y beligerancia en los siguientes meses, típicamente Mayo y Junio, y luego producirse cambios fuertes en Julio, con salidas y entradas de ministros e incluso gabinetes completos. Esto sería parte del año político estándar en el Perú, aunque ya hay señales -por ejemplo, la alta rotación de carteras y despachos- de que 2022 será un año muy particular.
Este año Marzo nos traerá un elemento que podría ejercer mucha influencia en el clima político, dependiendo de cómo se desarrolle: el regreso a clases presenciales por parte de los escolares en todo el país. Todos sabemos, especialmente los padres y madres de familia, que este regreso es impostergable y urgente, pero también es evidente que será doblemente problemático 1) por la necesidad de resguardos que habrá que tomar si arreciara la extensión o gravedad del COVID que nos ha asolado, y 2) por haber salido a flote, por la pandemia, todas las carencias con las que ya veníamos trabajando en nuestro sistema educativo.
Fallas serias en rubros como mejorar la infraestructura para cumplir con los protocolos establecidos, en los procesos de contrato de docentes, en el funcionamiento de las alternativas informáticas a la actividad presencial, en la capacitación de los maestros, o, peor que todo eso, un brote mayor de contagio en escolares, pueden generar descontento y malestar en alumnos, padres, maestros, la opinión pública y por supuesto nuestros políticos, y esto a su vez ahondar en la inestabilidad presente.
Y queda muy poco para Marzo y muchas cosas urgentes que hacer para darle condiciones mínimas al funcionamiento de nuestras escuelas: cumplir con la vacunación de maestros y alumnos, establecer un sistema intra-escuela de alerta constante frente al surgimiento de cualquier foco de COVID, resolver problemas tan inverosímiles como la falta de agua potable en muchísimos centros educativos, etc. El Ministerio y sus instancias, lo mismo que los Gobiernos Regionales, estarán bajo reflectores, y seguramente subirán o bajarán sus bonos según su desempeño en este rubro.
En medio de estas urgencias creo que el paréntesis obligado de la pandemia nos está dando la oportunidad de volver a pensar qué es lo fundamental que aporta la institución escolar a sus estudiantes. Durante muchos años la escuela esencialmente ha servido para dos cosas, como espacio de cuidado de menores en horas de trabajo de los padres, y también como institución de certificación de aprendizajes (un paquete heterogéneo, integrado entre otras cosas por fracciones y quebrados, tropos literarios del siglo de oro, algunas ideas -no siempre acertadas- sobre la evolución de las especies o sobre la física de los nuevos materiales, etc. La lista es inacabable).
Muchas personas se han dado cuenta en estos meses que antes que eso, que sin duda es importante, hay un rol socializador en la escuela, que no se opone, sino que completa la formación en el hogar, que permite a los niños aprender a convivir con sus pares y con otros adultos. Al jugar y compartir espacios se aprende casi sin sentirlo a respetar reglas, planificar actividades, hacerse oír, a ganar y también a perder. En ese sentido educarse es más que recibir un conjunto de cursos de diversa utilidad, es convertirse en persona.
En esta columna intentaremos escribir sobre ese proceso que es complejo, sobre sus problemas y algunas alternativas para solucionarlos, sin olvidar el día presente, pero considerando también apuestas de largo plazo.
Nací en el año 89, lo que quiere decir que soy de esa generación a la cual le tocó vivir los mejores años en términos económicos para el Perú, y que creció escuchando que aquí había oportunidades para los jóvenes. Recuerdo con emoción un discurso de graduación en mi universidad de Gastón Acurio que cerraba diciendo: “Quisiera decirles, en realidad pedirles, que no se vayan del Perú: ustedes son sus hijos más afortunados, sus hijos más preparados. Si salen a estudiar una maestría, regresen. No se vayan: es aquí donde están las oportunidades, es aquí donde está la riqueza, es aquí donde la vida encuentra un sentido. No se vayan porque su pueblo los necesita; el Perú los necesita; la historia los necesita”.
Qué difícil se volvió en los últimos años mantener el optimismo y abrazar las palabras de nuestro querido chef. En un escenario de crisis política, económica y social, que no parece tener cuando acabar, ¿vale la pena mantener la fe en el Perú? ¿Debemos considerar que es nuestro rol como jóvenes luchar y cambiar nuestro país para mejor, o después de estos últimos años es mejor tirar la toalla e irnos?
Es una pregunta difícil, y de seguro la respuesta es personal, y no existe una sola, ni correcta. Argumentos a favor y en contra de quedarse en el Perú deben pasar por la cabeza de miles de jóvenes en este momento.
Por un lado, a pesar de las voces de izquierda que celebran que la economía creció en el 2021, y que este gobierno no ha resultado ser “comunista” o “chavista” (sino solo incompetente), la realidad es que la cosa no viene bien. Para el 2022, la economía crecerá solo 1.9%, la menor tasa en los últimos 13 años*. Este bajo porcentaje se debe principalmente al deterioro de la confianza empresarial, y una inversión privada que proyecta -9%. Evidentemente esto entierra consigo la posibilidad de recuperar los empleos formales perdidos durante la pandemia.
Para cualquier joven, este es un momento difícil tanto para buscar trabajo como para emprender un negocio. A esto se le suma un gobierno que demuestra día a día incapacidad de mejorar, o de implementar si quiera algunas de las banderas tradicionales de la izquierda, como la mejorar de los servicios públicos. Durante el 2021, la inversión pública no llegó a un % de ejecución mayor a 45% en ninguna región*, y las cuestionables designaciones a todo nivel de gobierno no auguran una situación mucho mejor para el 2022. Ante este escenario, muchos jóvenes talentosos consideran que podrán encontrar mejor calidad de vida para ellos y sus familias en otros países, y han migrado, o están buscando hacerlo, con justa razón.
Por otro lado, estamos los necios optimistas. Quienes pensamos que los países que hoy se consideran desarrollados, lo son en parte porque en algún momento de su historia, sus ciudadanos lucharon y trabajaron para que así sea. Alemania y Japón son ejemplos de países que lograron reconstruirse luego de situaciones muy duras de guerra. Los países bálticos, por ejemplo, pasaron de ser comunistas y extremadamente pobres durante la existencia de la Unión Soviética, a ser las economías más prometedoras de Europa, gracias a sus políticas anticorrupción y de libertad económica. Pero ningún país (u otro tipo de organización) se construye, o reconstruye solo. Se necesitan personas dispuestas a trabajar en ello. Y las preguntas pertinentes son las mismas que surgen cada vez de que nos enfrentamos a una situación que quisiéramos que cambie: si no soy yo, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuándo? *, ¿quién va a trabajar por este país si no son sus propios ciudadanos? ¿alguien lo va a hacer por nosotros? El Perú, como bien dijo nuestro maestro cocinero hace más de 10 años, necesita más que nunca que no le perdamos la fe.
*Las opiniones expresadas en este documento son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las de las organizaciones a las cuales pertenece.
** Fuente: IPE
*** Tomado del discurso de Emma Watson en la ONU, 2014.
La Corte Suprema y la Junta Nacional de Justicia tienen que hacer un trabajo urgente de fiscalización y sanciones a muchos fiscales y jueces de primera instancia, que cuando se abocan a ver casos vinculados a la libertad de prensa, muestran una ignorancia absoluta de las protecciones legales de los periodistas, sus garantías constitucionales y sus prerrogativas profesionales.
Lo acabamos de ver en la absurda y abusiva sentencia recibida por el periodista Christopher Acosta y el editor Jerónimo Pimentel, por obra y gracia del juez Jesús Vega, condenados ambos a dos años de prisión suspendida y al pago de cuatrocientos mil soles de reparación civil, luego de una querella planteada por César Acuña. Ha bastado escuchar los argumentos del juez para darse cuenta que no entiende absolutamente un ápice -o lo entiende muy bien y es motivado por otros afanes- de los márgenes jurídicos que garantizan el ejercicio periodístico.
Algo similarmente escandaloso ocurrió hace algunos días, cuando una bufalesca montonera de policías y fiscales allanó la vivienda del periodista Pedro Salinas, por una querella interpuesta por un aparente turiferario sodálite que ha buscado un despropósito para amedrentar al periodista. En este caso, el solícito fiscal contra la libertad de prensa se llama Reynaldo Abia.
He tenido a lo largo de mi carrera periodística casi una veintena de querellas, todas perdidas en primera instancia y luego ganadas en instancias superiores (salvo una, que se halla en revisión en estos momentos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dada su grosera improbidad). Hay un tic autoritario, antilibertario, inscrito en el ADN procesal de los jueces de primera instancia que es menester corregir rápidamente, porque constituyen una serísima amenaza a la libertad de prensa.
En el Perú ya no es el poder gubernativo, como suele suceder, el que amedrenta a la prensa. Son también poderes fácticos los que aprovechando su enorme influencia y poder, atarantan o seducen a magistrados para que fallen venalmente, como en los casos mencionados.
Se espera que en segunda instancia estos groseros dislates contra la libertad de prensa sean corregidos y la sociedad peruana no vea coartada una de las mayores libertades que una democracia debe exhibir. No es un fallo, no son uno o dos periodistas los afectados. Es la democracia en sus fundamentos la que ha sido magullada estas horas.
Anoche Canal N presentó un panel supuestamente conformado por expertos para discutir la situación del Perú respecto de la pandemia. Entre los invitados se encontraban el doctor Magno Santillana, quien, como reporta Salud con Lupa, es miembro del grupo anticientífico Organización Mundial para la Vida (OMV), que promueve el dióxido de cloro y está en contra de las vacunas.
Darle tribuna a este señor es un error. Estamos en medio de una emergencia sanitaria, y difundir puntos de vista como los suyos contribuye a generar desinformación, y esto a su vez tiene consecuencias negativas directas.
Cierto estilo de sociología filosófica mediocre ha hecho que la gente le tenga miedo a la palabra ‘verdad’, y ahora creen que lo correcto es decir que ‘todos tienen su verdad’. Este eslogan/cliché que inicialmente denotaba apertura de mente ha devenido en la bandera de los obstinados por excelencia: ya que yo tengo mi propia verdad, nada que tú me digas me va a hacer cambiar de opinión, y si yo creo que el dióxido de cloro funciona, pues ya está, funciona para mí.
Un periodista serio no invita a un terraplanista a discutir con un astrónomo ‘para que el público saque sus propias conclusiones’. Si el periodista es serio, entonces a) tiene muy claro que la tierra no es plana, y b) invita a personas que puedan explicar por qué la tierra no es plana. No hay que tener miedo de decir que la tierra no es plana, así como no hay que tener miedo de decir que las vacunas funcionan.
Ahora bien, frente a esto uno podría responder que no es que el periodista no creyera en las vacunas, sino que su razonamiento fue algo así como que la mejor manera de aclarar un mito es haciéndolo explícito: al invitar a una persona como Santillana se les da la oportunidad a los expertos de verdad de explicar con detalle por qué las ideas de Santillana no tienen sustento alguno. Es decir, la razón para invitar a Santillana sería exponer la precariedad de sus argumentos, y de esta manera ayudar a que las personas que fueron persuadidas por él rectifiquen su error. En ese sentido, Santillana sería un simple objeto pedagógico, un pallasín, un títere, una piñata cuyo único objetivo es estar ahí para ser demolido.
Esto, lamentablemente, no funciona así. El señor Santillana no va a dejar nunca que lo traten como piñata, se va a defender y entonces va a intentar ensuciar la discusión con mentiras, o medias verdades, e interrupciones.
¿Pero qué hacer entonces, si queremos ayudar a aclarar las confusiones del público? Es muy sencillo. El periodista mismo debe leer las tonterías de Santillana, resumirlas en preguntas concretas, y hacérselas él mismo a un científico serio, y no parar de preguntar hasta que no considere que las explicaciones han quedado claras para todos. No hay ningún problema en discutir ideas, por más absurdas o extravagantes que sean. Es más, dado que estas ideas son compartidas por un grupo significativo de la población, es en cierto modo un deber el ayudar a aclararlas. Pero lo que no se puede hacer es contribuir a que personas no calificadas o abiertamente mentirosas utilicen la señal abierta para difundir tonterías.
* Manuel Barrantes es profesor de filosofía en California State University Sacramento. Su área de especialización es la filosofía de la ciencia, y sus áreas de competencia incluyen la ética de la tecnología y la filosofía de las matemáticas.
Las elecciones regionales y municipales de este año trae consigo una serie de análisis sobre qué discursos utilizarán los candidatos. Para este artículo me centraré en el caso limeño, bastión de la oposición al gobierno de Pedro Castillo.
José Carlos Requena en su reciente artículo señala que estas elecciones subnacionales podrían o continuar como una política vecinal a escala regional o como un plebiscito de apoyo o no al régimen (El Comercio, 06/01/22). Razón no le falta al precisar ello. Como lo señalé hace unos meses por este medio: y es que el contexto político en el que nos encontramos es de transitar entre la ideología y la improvisación del actual gobierno.
Sobre este contexto, para el caso de Lima, los actores políticos vinculados a la oposición política deben hacer un esfuerzo por llegar a un acuerdo para afrontar los vaivenes de Pedro Castillo que afecta severamente a la economía y estabilidad política del país.
A través de la historia del Perú, hubo momentos políticos en los que se pudo llegar a acuerdos para afrontar una elección. Uno de ellos fue el Frente Democrático del año 1945 en la que el Apra endosó apoyo a Bustamante para llegar al gobierno. El otro episodio la podemos encontrar el año 1956 en la que también el Apra endosó votos a Prado para que aperturase el escenario político. El otro la podemos encontrar en la alianza gubernamental entre Acción Popular y el Partido Popular Cristiano durante el primer gobierno de Fernando Belaunde Terry. Antecedentes hay.
La situación en la que nos encontramos precisa de reconstruir la oposición política -a través de alianzas coyunturales- para que el gobierno deje de estar en ese vaiven en la que se encuentra para que pueda así otorgar certidumbre a los inversores y a la ciudadanía en general sobre las políticas de gobierno en torno a la sensatez.
Recordemos que el mundo precisa de comodities (léase cobre y litio) a precios altos que actualmente el país posee. De aprovecharse este escenario contribuiría a mejorar nuestra actual situación económica que afecta necesariamente el rumbo político y social del país.
Para terminar, es necesario también que este escenario nos genere la posibilidad también de poder debatir sobre los alcances y límites que ha tenido la descentralización en el país y sus reformas correspondientes. El contexto lo exige.
La derecha peruana tiene que volver a imponer una narrativa, equivalente a la vinculada a la defensa del modelo económico, que tanto éxito político le retribuyó en los últimos 30 años. La resaca del apocalipsis económico que supuso la gestión del primer gobierno de Alan García bastó para que esa narrativa sobreviviera, potente y eficaz, a lo largo de este periodo.
Pero ese discurso claramente ya se agotó, políticamente hablando. Ya no surte efecto ni moviliza conciencias. El triunfo de Castillo demuestra fehacientemente que a las mayorías no les preocupa que ese modelo se venga abajo. Es culpa, en parte, de la propia derecha que dejó pasar, relativamente incólumes, proyectos centristas mediocres que subordinaron las prácticas procapitalistas (como fue, sobre todo, el gobierno de Humala), sin marcar una pauta crítica al respecto, pero también porque el paso de los años ha extenuado ese discurso, más aún en generaciones que no sufrieron el desastre alanista y no tienen, por ende, por qué comprarse en automático un discurso en sentido contrario.
Lo que corresponde es que la derecha, sin descuidar la defensa del modelo económico, recupere fueros en aspectos más vinculados a la democracia y la eficacia estatal. En suma, la reforma político-electoral y la ansiada reforma del Estado. La bicameralidad, la mejor representación electoral, el fortalecimiento de los partidos políticos, la descentralización, la salud y la educación públicas, la estructura del Ejecutivo, la reforma laboral y tributaria, son, por ejemplo, algunos aspectos en los que la derecha puede y debe tomar la iniciativa.
Tiene, a diferencia de la izquierda, tecnocracia mucho más calificada y expertos, en cada uno de esos campos, sobradamente más capaces que los que la izquierda puede exhibir (basta ver la orfandad programática que la coalición de izquierdas que nos gobierna, exhibe). Hay toda una generación de expertos, con estudios, inclusive, en el exterior, en las mejores universidades del mundo, que podrían aportar en esa narrativa, que rescate la lucha por construir en el Perú un capitalismo competitivo y una democracia sólida.
El problema es que la clase política de derecha es una lágrima. Nos merecemos algo mejor que la dupla Keiko Fujimori-Rafael López Aliaga. Una está involucrada en todos los entripados mercantilistas habidos y por haber (transporte informal, minería ilegal, educación trucha, etc.) y el otro solo está obsesionado por una restauración conservadora. No tienen, ni por asomo, cercanía con la modernidad de los nuevos discursos descritos sino que, además, son muy malos candidatos, ambos. La derecha merece que su nueva narrativa, si la construye, vaya acompañada de mejores portavoces.
La semana pasada el presidente Castillo oficializó la convocatoria a las elecciones regionales y municipales que tendrán lugar en octubre de este 2022. Con esto ya las candidaturas empiezan a moverse y seguramente tendremos un hipo en las adhesiones a partidos y movimientos para lograr las postulaciones deseadas.
Recorramos entonces lo que fueron las últimas elecciones municipales en Lima, como ejemplo de lo que se nos puede venir, las que dieron como ganador al alcalde Muñoz, el que llega con 53% de desaprobación y 39% de aprobación a su gestión en el último año de su mandato; muy similar a su predecesor Castañeda (55% / 40%) y bastante mejor que Villarán (75% / 19%), aunque falte ver como lo “castiga” la opinión pública después de la tragedia de Mesa redonda de fines de año.
Lima es una ciudad de 43 distritos (¡!), teniendo en las últimas elecciones poco más de 7 millones y medio de electores. ¿43 distritos son necesarios? Sin duda alguna será una pregunta que rondará la campaña, aunque a ningún partido le convenga reconsiderarlos por eso de las cuotas de poder. Aunque suene absurdo, serán 43 alcaldes los electos solo en la ciudad capital, cada uno con su estilo, su manera de enfrentar los problemas y -desde luego- de no enfrentarlos.
El aporte de votantes de cada distrito no está ni cerca de ser homogénea. Haciendo un Pareto de las últimas elecciones municipales, se observa como 5 distritos de 43 (el 11%) concentran un tercio del total de electores de Lima: dos de Lima Este, dos de Lima Norte y uno de Lima Sur. Entre rumores de proyectos que lo convertirían en la nueva provincia del departamento de Lima San Juan de Lurigancho aporta el 10% de votantes en Lima. Cada punto porcentual que un candidato saque en ese distrito aportará más de 7,500 votos a favor. Comas, por su parte tiene más de medio millón de votantes.
9 distritos (20%) otorgan el 50% de los votantes de la capital. De ellos, solo Surco es de lo que se conoce como “Lima moderna” y el Cercado de la “Lima Tradicional”. El resto, sigue siendo de las Limas periféricas: dos de Lima Este, dos de Lima Norte y tres de Lima Sur. Lo pueden ver en el siguiente cuadro:
Pero de la misma manera podemos ver cómo hay 14 distritos (32%) que solamente representan el 5% de la población electoral limeña. Elegiremos 14 alcaldes y 106 regidores para gobernar a poco más de 400 mil ciudadanos. No sé si esto suena razonable. También es de sentido común preguntarse si cada balneario requiere un alcalde, que además muchas veces enfrentan problemas judiciales, no sé si el mar es un corruptor natural o qué. La población total de los balnearios – distritos de Lima no llega a 50 000 electores y son seis alcaldes y 42 regidores los que los gobernarán.
La participación ciudadana es similar a las elecciones presidenciales. En la última municipal estuvo en 81%. Quiere decir que 20% de limeños no quisieron o no pudieron ir a votar. Cuando lo vemos por distritos, el tema se vuelve recurrente. San Isidro, Miraflores, San Borja y Surco son distritos con una tasa de ausentismo significativamente mayor que otros. Mientras que San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador son los que tienen las tasas más altas. Tema recurrente porque elección tras elección vemos cómo el tema se repite y repite.
Volviendo a las elecciones de 2016, para la alcaldía provincial de Lima se presentaron 20 candidatos. 20 personas que postularon a un solo puesto de elección popular. 20 candidatos y sus listas de 42 regidores. 860 personas en competencia solo por Lima. Si las presidenciales son absurdas en número de candidatos, las municipales también juegan. De los 20 candidatos, tres obtuvieron el 65% de los votos válidos del conteo realizado por la ONPE: Muñoz, Acción Popular (36%); Urresti, Podemos Perú (20%); y Reggiardo, Perú Patria Segura (9%).
Por el otro lado, Villacorta, de PPK; y Ocrospoma, de Perú Nación, mucho gusto, sacaron, sumados ambos, la impresionante suma de 50 mil votos. Gagó de Avanza País, sacó 40 mil. Igual que Guerra García de Juntos por el Perú. Y así podemos ir sumando los cero por ciento mientras nos vamos preguntando ¿para qué postulan? ¿cuál es el sentido de movilizar recursos materiales y humanos en algo que no tiene ningún sentido, cuál es la apuesta allí? Muy difícil de entender.
Eso en la provincial, en las distritales la cantidad de candidatos promedio fue de 15: 15 candidatos para un distrito de Lima. Ya no seguiré insistiendo con preguntarnos por qué, ya se habrá dado cuenta el lector de que es inútil.
Acción Popular, el partido que además ganó en la provincial, sacó 15 alcaldías. En todas ellas además resultó primero Muñoz también. Las más relevantes, por la cantidad de votantes son San Martín de Porres, Ate, San Juan de Miraflores y Surco. APP por su parte obtuvo 5 alcaldías, varias de Lima Este: El Agustino, Lurigancho, Chaclacayo. En todas, salvo en Pucusana, en la provincial ganó Muñoz, de Acción Popular.
Siempre Unidos obtiene 3 alcaldías en Lima, en Los Olivos, en Independencia y en Barranco. Nada mal si se tiene en cuenta que su candidato a Lima, Manuel Velarde no llegó a los 100 mil votos en total, cerca de 2% de votos válidos.
También es interesante como el partido que quedó en segundo lugar, Podemos Perú, con Urresti a la cabeza, con el 20% de votos válidos en todo Lima, sólo obtuvo una alcaldía distrital. Pero tampoco es poca cosa si notamos que es la de San Juan de Lurigancho. El distrito más grande del Perú.
Un detalle muy importante: en promedio, los alcaldes distritales en Lima fueron elegidos con el 27% de los votos válidos. Solo en un distrito un candidato sacó más del 50% (San Borja, donde Tejada obtuvo el 57% de válidos y el 54% de emitidos). En otros distritos como Los Olivos, Jesús María y Villa María del Triunfo, los alcaldes fueron respaldados por más del 40% de votos válidos.
Pero en San Juan de Miraflores (14% de válidos), San Juan de Lurigancho (15%), Independencia (16%), San Luis (17%), Santa Anita (17%) y Rímac (18%), sus alcaldes fueron electos con porcentajes bastante bajos de los votos válidos. Llama la atención, pero no sorprende este indicador; con tanta atomización de candidaturas hay casos en los que la autoridad es elegida por muy poco margen. La mitad de las alcaldías distritales de Lima fueron electas con porcentajes menores al 25% de votos válidos.
En la votación para alcaldía provincial la figura es la inversa. El candidato más votado en los distritos, en promedio obtuvo 38% de votos válidos. En Miraflores (69%), San Isidro (68%), San Borja (66%), La Molina (59%), Jesús María y Pueblo Libre (ambos con 58%), es donde la votación para alcalde provincial saca la más alta proporción de votos válidos. Coincidentemente, en todos estos distritos es Muñoz y su propuesta de Limaflores la que terminó imponiéndose.
Sin embargo, para que se entienda el punto. El aporte de votos, que es con el que se gana una elección se debe analizar adecuadamente. Veamos el siguiente cuadro:
10 distritos que más contribuyeron en votos a Muñoz (AP)
Ni Miraflores ni San Isidro ni San Borja aparecen. Apenas entran La Molina y Surco. El resto, distritos más poblados donde con una cantidad importante de votos un candidato puede ser electo alcalde de Lima. ¿Se entenderá este mensaje?
Tenemos largos meses de campaña en medio de una crisis política permanente. El contexto también puede afectar esta elección. La forma de como el gobierno se maneje va a influir en las decisiones que tomemos, tanto a nivel de candidato como de programa.
Pero lo que hemos aprendido de las últimas elecciones vale la pena revisarlo:
Muchas candidaturas no generan una elección de calidad sino de una lógica del “menos malo”. Pocas opciones permiten ser más críticos, sobre todo cuando no hay segunda vuelta.
La mal llamada “Lima Moderna” es la que menos vota, la que menos electores representa y la que no determina quién será el alcalde (por más que a Muñoz quieran recordarlo como el que ganó por esos votos).
La votación distrital y provincial no es tan determinante. En 22 distritos en los que Muñoz ganó se eligió a un alcalde que no era de Acción Popular. Solo en 15 distritos se logra el triunfo acciopopulista en ambas plazas.
Sin el apoyo de electores de las distintas Limas no hay alcalde posible.
Estaremos atentos y analizando las distintas tendencias que se vayan presentando.
Data de Ipsos. En el caso de Castañeda y Villarán, en la medición de enero del último año. EN el caso de Muñoz, encuesta de diciembre 2021.
Fuente: ONPE, resultados de elecciones municipales 2016. En: www.onpe.gob.pe
