Opinión

Llama la atención que el candidato con mayor antivoto sea Ollanta Humala. Según la última encuesta de Ipsos, un 73% “definitivamente no votaría por él”, superior al 71% de Keiko Fujimori, supuestamente la bestia negra de la política peruana.

A diferencia del 2006 o el 2011, en esta ocasión Humala no podrá argüir que ello se debe a su postura antisistema y divergente del statu quo ideológico. En su primera elección fue hábilmente colocado por Alan García como el monstruo chavista y no pudo librarse de esa etiqueta perdiendo la elección. En su segunda participación, ya contra Keiko Fujimori, competía con otra candidata con enorme antivoto, pero no obstante ello tuvo que quitarse el polo rojo y colocarse el polo blanco, cambiar la “gran transformación” por la “hoja de ruta” para poder hacerse del triunfo en la segunda vuelta.

Esta vez la cosa es muy distinta. Ollanta Humala ya no es el candidato radical, cuyas ideas despiertan temores en los sectores altos de la sociedad peruana. El etnocacerismo dejó de ser hace tiempo su leit motiv y hoy no pasa de ser un candidato centrista más, del montón. La propia Verónika Mendoza, ella sí claramente de izquierda, tiene menos rechazo (48% de antivoto, de gente que jamás votaría por ella).

Lo que se aprecia en las encuestas es el duro castigo que las urnas le están dando a quien tiró por la borda la enorme esperanza popular que lo llevó a la Presidencia. Enhorabuena que haya migrado al centro y haya dejado el chavismo que lo inoculaba antaño, pero moderarse no quiere decir que uno ejerza un gobierno mediocre, sin ningún ánimo reformista.

Salvo la reforma educativa emprendida por su ministro Jaime Saavedra y la creación de la Sunedu, lo suyo no pasó de lentificar la inversión privada y emprender algunos programas sociales, dejando al Perú peor de lo que estaba cuando lo recibió, cinco años previos.

Y a ello se suma el justo castigo a quien hizo del nacionalismo una farsa, al hipotecarse financieramente al chavismo primero (en la campaña del 2006), y a las empresas brasileñas después (en la campaña del 2011), dándoles luego enormes beneficios que hoy se investiga si tienen connotación delictiva (el equipo de fiscales Lava Jato está convencido de ello).

En un país desmemoriado, nadie está descartado. Ollanta Humala tiene 4% de intención de voto. Está en el pelotón de los presidenciables. Pero de antemano parte con un merecido descrédito que difícilmente podrá revertir.

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Ollanta Humala

El único gran problema que ya se avizora a corto plazo es que vamos a tener un Congreso 2021-2026 enormemente fragmentado. Con un pelotón de candidatos con menos de diez por ciento de intención de voto, es probable que haya seis o siete bancadas semejantes, sin capacidad de hacer mayoría, como no sea haciendo pactos que comprometan a tres o más agrupaciones partidarias.

Si eso no ocurre, bastará un influjo irregular, como el que, por ejemplo, hoy tiene el clan Luna Gálvez y se armarán bancadas mayoritarias hechizas que pondrán seriamente en riesgo la gobernabilidad del Ejecutivo, si es que no se allana a los caprichos de una claque políticaextorsiva, como la que ya ha mostrado su rostro en este último periodo legislativo.

Será obligación del ganador establecer alianzas o pactos explícitos para asegurar la buena gobernanza. Como el que hizo Toledo con el FIM, del 2001 al 2006, el APRA con Unidad Nacional y Alianza para al Futuro (el fujimorismo) para el periodo 2006-2011, o el de Humala con Toledo para el 2011-2016. O, para retroceder más en el tiempo, como el que firmaron Acción Popular y el PPC en el periodo 1980-1985, o el del APRA con el SODE, entre 1985 y 1990. Gracias a esas alianzas se consiguieron mayorías parlamentarias que evitaroncinco años de zozobra e incertidumbre.

Y si estos pactos incluyen intercambio de cargos ministeriales o participación en algunos organismos públicos nadie tendría por qué llamarse a escándalo ni ruborizarse. Así son los pactos políticos acá y en cualquier parte del mundo. Bajo el amparo de un programa de gobierno con agenda común en las líneas maestras, a ser dispuesto por el partido que haya ganado la elección en la segunda vuelta, se pueden establecer componendas y concesiones destinadas a asegurar una coexistencia Ejecutivo-Legislativo sin sobresaltos.

Ojalá quien gane las elecciones tenga la sensatez que no tuvieron Kuczynski y Keiko para forjar alianzas. Si PPK se unía a Fuerza Popular y formaban una gran coalición de derecha, hoy el Perú sería muy distinto. Sería terrible que el quinquenio del bicentenario nos asomemos nuevamente a una sucesión de crisis políticas interminables y extenuantes.

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políticos

Los últimos resultados de la encuesta de Datum confirman la tendencia que el resto de encuestadoras serias revela: salvo George Forsyth (13%), el resto conforma un pelotón casi homogéneo (Keiko Fujimori con 6%, Verónika Mendoza empatada con Julio Guzmán en 5%, seguidos de Yonhy Lescano con 4% y Daniel Urresti, Hernando de Soto y César Acuña, con 3% los tres; más abajo Daniel Salaverry y Ollanta Humala con 2% ambos).

Si suponemos que Forsyth cae de acá a la primera vuelta -algo bastante probable dada su orfandad ideológica y carisma limitado- y se junta al pelotón de minicandidatos, no hay forma sensata de establecer un pronóstico factible.

¿Pueden disputar la segunda vuelta Forsyth versus Keiko? Sí. ¿Puede haber una segunda vuelta entre Urresti y Acuña? Sí. ¿Y podría haberla entre Lescano (ojo con esta candidatura) y Guzmán? Sí, también. Del mismo modo, no sería sorpresivo que De Soto dispute la final contra Verónika Mendoza, u Ollanta Humala contra Salaverry.

Hay todavía un gran número de indecisos (19%) y de quienes, a la fecha votarían blanco o viciado (30%), quienes suelen disminuir conforme se acerca la definición electoral.

Normalmente, se ha visto, además, que en las ultimas dos semanas o inclusive a pocos días de la elección, el tablero se mueve haciendo que algunos candidatos crezcan cuatro o cinco puntos. La diferencia entre todos los mencionados es tan poca que ese salto lo colocaría al beneficiario ya en la lid definitoria.

Bastaría una entrevista televisada feliz, un traspiés vergonzoso de algún competidor, una metida de pata de algún candidato congresal, una denuncia grave contra cualquiera de los mencionados, para que el proscenio se modifique y nos lleve a una definición imprevista.

Como está dado el tablero socioideológico del país uno tendería a pensar que en conjunto los candidatos de la derecha o el centro tendrán mejor performance, pero dada la dispersión, la izquierda podría colarse. Nada puede olearse ni sacramentarse. El gobernante del bicentenario se va a definir la última semana de una campaña sui generis, sin chorros publicitarios ni mitines consagratorios.

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Keiko Fujimori, Pedro Castillo

Lo primero a comentar de la conferencia del consejo de ministros de hoy tiene que referirse el pasmoso desorden explicativo de la misma. Un desastre informativo. Eventos de este tipo se destinan a aclarar y explicar, no a enredar y a obligar a la ciudadanía a descifrar de qué diablos se está hablando. Al final de la misma nadie sabía con claridad a qué regiones se refería ni cuáles eran las medidas restrictivas tomadas, que no eran explicadas en conjunto sino aisladamente y con distintos ministros de portavoces.

Lo segundo es un lamento. Porque indica que el gobierno repite, aunque atenuadamente, los errores de Vizcarra, como es creer que las restricciones físicas conducen a algo bueno. Más brutal que la cuarentena dictada el 15 de marzo por el gobierno anterior no ha habido. Y fue en el cumplimiento de esa cuarentena que la pandemia se disparó a niveles inimaginables. En otras palabras, las restricciones no parecen servir de mucho y probablemente estemos ante un ciclo natural del virus, ajeno a las restricciones indicadas.

Las medidas dominicales son, a mi juicio, el summum de la sinrazón. Es el día que menos gente sale a las calles y por ende hay menos aglomeraciones. ¿Por qué se insiste en prohibir la salida de vehículos y en algunas regiones de personas? ¿En base a qué data se ha establecido que las salidas dominicales son la causa del rebrote de la pandemia?

Lo que la conferencia de prensa debió señalar o los periodistas preguntar es cómo se va a dotar de camas UCI, plantas de oxígeno y personal intensivista ante el colapso evidente del sistema de salud pública. Pero de eso ni una palabra. Supuestamente, además, las cuarentenas tienen como finalidad lentificar al proceso para darle tiempo al gobierno de adecuar la respuesta sanitaria. ¿Se van a comprar unidades UCI? ¿Cuántas? ¿A quiénes? ¿Cuándo llegan? ¿Se van a montar plantas de oxígeno? ¿Cuántas? ¿Adónde? ¿Se va a cubrir la necesidad de personal médico? ¿Cómo? (¿por qué no se valida rápidamente, por ejemplo, los grados académicos de los médicos venezolanos que han emigrado a nuestro país y que en estas circunstancias pueden ser de utilidad enorme?).

En resumen, el panorama no resulta alentador. El gobierno peruano, como muchos en el mundo, no saben qué hacer y recurre a las restricciones, al parecer por seguir recetas anticuadas de los epidemiólogos o, lo que es peor, por contentar a cierto sector de las tribunas que se complace con encierros y mano dura, así sean contraproducentes por el enorme impacto económico que producen.

Las declaraciones de Roberto Sánchez, nada menos que cabeza de la lista congresal por Lima en Juntos por el Perú, respecto del dictador venezolano Nicolás Maduro, considerándolo “presidente constitucional” y pasando por agua tibia la feroz represión que en Venezuela existe contra la oposición, pone en clara evidencia que el tema de la democracia no ha sido zanjado positivamente en la izquierda peruana.

Ese tema fue aparentemente resuelto en la década de los 80, cuando un ala de la izquierda formal aún insistía en el manejo de estrategias paralelas para acceder al poder, una era por la vía democrática y la otra por la vía revolucionaria, violenta, pero el sector mayoritario decidió alejarse de esa tendencia y marcar la cancha a favor del reconocimiento de la democracia formal, representativa, burguesa como método político irrenunciable.

Fue con ese talante, aparentemente, que la izquierda se plantó como factor opositor y beligerante contra los devaneos autoritarios de Fujimori, pero por lo visto, el antifujimorismo de la izquierda o de un sector de ella más obedeció a un tema ideológico que a un tema democrático.

La inquietud sobre Venezuela es importante porque existe fundado temor en buena parte de la sociedad peruana respecto de que ese es el camino que quiere seguir la izquierda peruana en caso llegase al poder: estatismo económico y restricción democrática. Como es natural, prende sus alarmas cuando aprecia la simpatía que por ese régimen tiene uno de sus voceros más importantes, como es el citado candidato congresal.

En esta columna hemos advertido, con genuina preocupación, que los postulados económicos de Verónika Mendoza podrían llevar al país a una crisis descomunal, si no como la venezolana sí como la argentina. Por lo que se ve, los temores deben radicar también respecto de la vocación institucional democrática.

Llegada al poder, impulsada por una serie de medidas populistas y, por ende, una alta popularidad, una izquierda que no tenga claras las fronteras democráticas que no se deben trasponer, puede constituir un serio peligro para las libertades políticas que con tanto esfuerzo hemos logrado mantener más o menos incólumes desde el año 2000 (el periodo democrático más prolongado de nuestra historia republicana).

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Izquierda

El caso de la ciudadana Ana Estrada, quien clama porque le permitan disponer dignamente de su vida, no es solo un caso de dignidad sino también de la más íntima libertad.

La vida humana es el bien más preciado no sólo ética sino también legalmente. El mismo respeto debe existir, por ende, porque exista libertad para disponer de ella cuando uno, el dueño de la misma, así lo decida.

Víctima de una enfermedad degenerativa y autoinmune, ella considera que el tipo de vida que puede llevar -absolutamente dependiente, sufriente y limitada- no corresponde a sus deseos humanos de sobrevivencia y desea que le permitan morir por propia decisión.

El caso ha llegado a los juzgados. Luego de una larga lucha, Ana Estrada logró que la Defensoría del Pueblo la acompañe presentando una acción de amparo ante Jorge Ramírez Niño de Guzmán, titular del 11 Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima, quien ha declarado que resolverá en tiempo razonable.

Invocamos un sentido de justicia superior y por ello hacemos votos para que el magistrado calibre la real dimensión no sólo jurídica sino moral del amparo presentado. Al final de cuentas, debe recordar el juez, el derecho no es una abstracción teórica sino una herramienta ética.

No hay precedente legislativo en el Perú y en el mundo subsiste intenso debate respecto de este derecho humano. Será motivo para lograr que al menos en esta materia, nuestro conservador país se ponga a la vanguardia y se convierta en ejemplo mundial de respeto a las libertades más básicas y a uno de los más humanos de los derechos.

Ojalá nuestra legislación y quienes son llamados a interpretarla sepan ponerse a la altura de las circunstancias. Y ojalá la sociedad entera vea en este caso toda la hondura compleja y moral que implica la vida humana. La lucha incansable de Ana Estrada debe ser la de quienes creen en las libertades y en la defensa a ultranza de la dignidad humana.

La labor maravillosa y heroica que hasta el momento ella ha librado ya merece inmenso reconocimiento. Su lucha ha dignificado su vida y la nuestra.

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Libertad de expresión

La movida política detrás del activismo contra la cuarentena dispuesta por el gobierno, tiene la clara intención de mellar al régimen, en el mejor de los casos, y el de bajárselo, en el peor. Haría bien Sagasti en estar atento a ello e intensificar la narrativa política y médica que justifica la decisión tomada.

No estamos ante una movida libertaria, defensora de las libertades individuales a ultranza. Habrá así uno que otro bellaco, pero lo que realmente motiva esta convocatoria es el afán de golpear indirectamente a Guzmán, haciéndolo con el gobierno morado vigente.

No parece que vaya a tener mayor éxito esta movilización, a pesar del desembozado respaldo de los medios de comunicación ultraderechistas, pero si lograsen relativo apoyo ciudadano pueden animar, a su vez, al resto de competidores electorales de Guzmán, que verían en el golpe a Sagasti un modo de afectar la candidatura morada.

Y de esos hay varios en el Congreso, empezando por Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos, Somos Perú y el propio Frente Amplio, a quienes no les caería nada mal que Julio Guzmán se vea afectado por el desplome o descrédito del gobierno de Sagasti.

Pecaría de ingenuo Sagasti si subestima a la coalición vacadora que se llevó de encuentro a Vizcarra y que no dudaría un segundo en hacer lo propio con él si cree o supone que ello le reportará algún beneficio.

Al afán mafioso de algunas universidades privadas por tirarse abajo la Sunedu, la reforma universitaria y retornar al statu quo precedente, se suman muchos afectados por el proceso Lava Jato que buscan impunidad ahora que se acercan los juicios. La sumatoria de intereses los hace buscar hacerse del poder así sea por algunas semanas para lograr sus propósitos.

Si a estas razones, que estuvieron detrás de la vacancia a Vizcarra, se suma el interés electoral por golpear a Guzmán, la combinación puede ser explosiva y desestabilizadora.

A esta coalición le importa un comino que estemos en medio de una pandemia y ad portas de un importante proceso electoral. Sus intereses subalternos están por encima de los de la Patria. Hay que estar atentos para impedir que prosperen.

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Derecha

Hay una pregunta que los periodistas van a tener que agregar en sus habituales listados para los candidatos presidenciales de la derecha peruana, y es qué opinan del autócrata Donald Trump. Va a ser la mejor manera de distinguir a los liberales de aquellos que pretenden disfrazarse de tales cuando no es si no una vocación autoritaria y conservadora la que los identifica.

Así como legítimamente se le inquiere a la izquierda por Maduro o el chavismo y resulta una buena prueba ácida de las reales convicciones democráticas de sus portavoces (quienes, en lugar de quejarse de la pregunta deberían entenderla y responderla), a la derecha hay que someterla a idéntico test.

La derecha liberal es antizquierdista por principio. No comulga con el estatismo económico que la caracteriza y no tiene, por ende, vaso comunicante alguno con ella. Pero ello no hace que todo antizquierdista devenga en liberal automáticamente.

Un sector creciente de la derecha global y peruana se ha ido acercando a variantes autoritarias en lo político, mercantilistas en lo económico y ultraconservadoras en lo moral, que de liberales no tienen un pelo. En su versión más delirante, como la de los seguidores de Trump, esta derecha cree que estamos siendo víctimas de un plan siniestro global de la izquierda planetaria, que quiere acabar con Occidente. Basta rascar un poquito en las reales convicciones de estos derechistas para darse cuenta de su perfil medieval. Para ella la Ilustración ya fue, al parecer, una revuelta antioccidental y brutalmente llama neomarxismo prácticamente a cualquier pensamiento complejo que no se esfuerza en entender.

Esta derecha ultra no debe ser vista como un fenómeno folklórico al que se mira con sorna. Es muy peligrosa, es un riesgo para las libertades y para el pleno despliegue del tipo de capitalismo democrático que un país como el Perú necesita. Si ha puesto en jaque a la democracia estadounidense, sería perfectamente capaz de destruir la precaria institucionalidad nacional.

Por supuesto, esta derecha tiene todo el derecho del mundo de existir, de expresarse y de pretender ganar el favor popular en un proceso electoral, pero lo que merece denuncia ostensible es que se quiera disfrazar poniéndose ropajes ideológicos impostores.

Se le debe combatir desde sus gérmenes. Y esta campaña electoral debe servir para denunciar su intento de infiltración en diversas candidaturas presidenciales y parlamentarias. No hay que dejarla pasar.

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Donald Trump, EE. UU.

De los casi seis millones de venezolanos que han salido de su país producto de la demencia ideológica perpetrada por el chavismo y sus seguidores, casi un millón ha recalado en nuestro país.

De arranque debe decirse que desde esta columna no nos lamentamos de esta migración. Creemos que es positiva para el país, que el Perú debería ser, como siempre ha sido, destino de comunidades foráneas que luego terminan perfectamente asimiladas a nuestra cultura (véase la migración africana, china, japonesa o italiana).

La inmigración irriga y enriquece a un país, no lo contamina y mucho menos lo empobrece. A la postre, más allá de los problemas logísticos que pueda suponer un influjo masivo como el que se ha producido acá, la llegada de miles de extranjeros que buscan labrarse un porvenir en nuestras tierras debe ser saludado.

Por ello es que resulta cuestionable, moral y políticamente, que el gobierno peruano se haya desentendido del problema inmenso que ha supuesto para la comunidad venezolana la llegada de la pandemia. Vizcarra no los incluyó en ninguno de los programas de asistencia económica y muchos de ellos, dada su situación legal irregular ni siquiera pueden acceder a la salud pública viéndose obligados a costear atenciones privadas sumamente onerosas.

Es menester que se les incluya en el programa de vacunaciones que se iniciará este mes según ha anunciado hoy, al inicio de la tarde, el presidente Sagasti. Y ahora que se avecina la segunda ola y probablemente ello lleve al Ejecutivo a congelar nuevamente cierto sector de la actividad económica y se requiera nuevamente de entrega de bonos, es preciso alzar la voz para que en ese bolsón de beneficiarios también se incluya a los venezolanos afincados en el país.

Se debe acelerar las labores de reconocimiento legal del status migratorio de la comunidad de venezolanos. Es de interés estratégico del Perú que sea una migración definitiva, que se afinque en el país, y por ende se debe otorgar la mayor facilidad para que se normalice su situación legal y puedan así trabajar, estudiar o realizar cualquier trámite legal sin problemas.

Resulta inadmisible, además de contraproducente, dejar librados a su suerte a un millón de persona que radican en el país, así no sean connacionales. El virus y sus consecuencias no distinguen pasaporte ni documento de identidad.

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