Por otra parte, recientemente se ha implementado el control previo de operaciones de concentración empresarial, a partir del cual INDECOPI evalúa las fusiones y adquisiciones entre compañías que operan en el Perú, con el objetivo de evitar que estas operaciones tengan un impacto negativo en el mercado. Esto, en la práctica, limita la formación artificial de monopolios.
La tercera falla es que esta propuesta es inejecutable.
La razón por la que la Constitución señala que se combate “el abuso de posiciones dominantes o monopólicas” es que se reconoce que en la práctica no es posible prohibir un monopolio u oligopolio. Hoy en día en Lima existe un monopolio en la prestación del servicio de agua potable. Prohibir los monopolios implicaría: (a) forzar a un competidor a entrar a ese mercado, independientemente de si hacerlo es eficiente o no; o, (b) forzar al actual prestador del servicio a salir del mercado y, en consecuencia, dejar de prestar el servicio.
La estructura de un mercado responde a diversas características de la industria. En algunos escenarios es positivo que exista un gran número de competidores, pero este no es siempre el caso. Sea porque operar en el mercado requiere de grandes inversiones, por escasez de insumos o infraestructura limitada, es posible que lo eficiente en algunos casos sea que existan pocos o incluso un solo proveedor.
Esto, sin embargo, no significa que el Estado no pueda hacer nada para promover la competencia. Ahí donde la reducida competencia responda a falta de incentivos para invertir, el Estado puede trabajar en reducir las barreras burocráticas que alejan la inversión, así como fomentar la confianza de los inversionistas, a través de la implementación de reformas para el fortalecimiento de la estabilidad política, la designación de funcionarios públicos preparados y el respaldo a políticas de cumplimiento y anticorrupción.
Finalmente, es notoria la importancia del INDECOPI en el diseño, cumplimiento y constante evolución de las políticas de competencia en mercados dinámicos. En tal sentido, resulta fundamental que el Gobierno concentre sus esfuerzos en fortalecer su institucionalidad, diseñar mecanismos para su autonomía funcional y otorgar los fondos suficientes para el desempeño de sus funciones. A la ciudadanía le toca el rol de vigilar que la institución haga bien su trabajo.
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