Opinión

La universidad es el alma de un pueblo. Ella refleja sus logros y también sus miserias, por eso, no podemos esperar que de una sociedad dañada emerja una universidad de excelencia. Como dice Ortega y Gasset, la universidad respira el aire público más que el pedagógico que se da en sus aulas. Esto tal vez explique que el tema universitario sólo aparezca de manera tangencial en las propuestas de los candidatos a la presidencia, cuando es sabido que ningún proyecto de país, de desarrollo y de democratización es posible sin pasar antes por la universidad.

Desde su mercantilización, durante la dictadura de Fujimori, la universidad peruana ha ingresado a la mayor de sus crisis. La proliferación de pseudouniversidades que sólo quieren el lucro y una tajada en la torta del poder, sirvieron como instrumento de estafa a miles de jóvenes que buscaban hacerse de un futuro mediante la educación superior. Esta es una de las taras más graves que nos dejó el fujimorato, la producción de “bárbaros profesionales” que hoy se encuentran encaramados en todos los ámbitos de la administración pública y privada. 

Como nos enseñó el sabio tres veces Rector de San Marcos, Luis Alberto Sánchez, la universidad no es una isla. Por ello, la privatización de la universidad responde al proyecto mercantilista que el fujimorismo impuso a la sociedad peruana y de la que no podía estar exenta la universidad. Su banalización ha llegado al extremo de que algunos propietarios de universidades apenas puedan balbucear dos frases y se jacten de nunca haber leído un libro, de que otros estén detenidos por graves delitos, de que existan profesores que se sienten capacitadores más que educadores. La perversión en todas sus formas y manifestaciones.

Con la mercantilización y banalización de la universidad llegó la precarización de la labor del docente universitario, se terminó convirtiendo en un asalariado por horas, un profesor dictante. Es decir, una persona que alquila su saber para resumirlo en unas cuantas diapositivas e irlo repitiendo mecánicamente por cuanta universidad exista, sin ningún tiempo para la investigación. Una universidad de cascara, sin laboratorios, ni bibliotecas, ni recursos, es lo que se ha venido ofreciendo durante décadas a los jóvenes del Perú.

Cuando esta estafa se hizo evidente, se nos vendió otra farsa: la reforma universitaria. Tomando el prestigio del movimiento surgido en Argentina en 1918 que quiso democratizar, desfeudalizar y ampliar la educación universitaria. El impulso mercantilista aprobó la ley 30220, que si bien, significó un avance en varios sentidos, adolece también de un gran problema, la claudicación de la autonomía universitaria (una de las más importantes conquistas de la reforma de Córdoba) con la introducción de un ente burocrático, supervigilante, foráneo a la universidad y funcional al gobierno de turno como la SUNEDU.

Muchos maestros universitarios se han mostrado críticos respecto al esperpento que significa la SUNEDU, precisamente, Nicolás Linch, que junto al finado maestro Juan Abugattás, iniciaron el gran debate en torno a la “Segunda Reforma Universitaria” se ha manifestado al respecto: “La característica central de la Sunedu, en cambio, es ser un órgano extra universitario, ajeno a la universidad como tal, a sus tradiciones y a su historia y, lo que es peor, con un proyecto contrario a las mismas. El concepto de fondo que respalda esta exterioridad es la llamada “rectoría del Estado en la educación universitaria” que se le asigna al Ministerio de Educación. Esta rectoría se ha tornado en un concepto peligroso porque los tecnócratas han pasado de concebirlo no solo como la supervisión del cumplimiento de un conjunto de políticas de Estado en el sector, sino como una intromisión en los detalles del quehacer universitario que es donde encuentran su poder.”. (Linch, Foro Nueva República, 06-08.2020). Es decir, la aparente nueva solución mercantilista a la crisis de la universidad resulta una manera más de privatizarla.

Sin una decidida asignación presupuestal a la universidad pública, no es posible tener la excelencia que ésta reclama. Más del 40% de su presupuesto se destina vía Beca 18 a las universidades privadas que de manera encubierta reciben el financiamiento público destinado a las universidades públicas. El mercantilismo privatiza a la universidad pública cuando la obliga a tener que buscarse sus propios fondos, a través de la aberración que son los llamados “recursos propios”, lo que la condena a tener que desviarse de su auténtica misión. Con Beca 18 no sólo se financia y salva de la ruina a las universidades privadas, sino que reproduce una relación clasista en desmedro de la educación pública. 

Lo alarmante es que ninguno de los candidatos tiene un plan coherente para revertir esta situación. De Keiko Fujimori sólo podemos esperar que continúe con el proyecto privatizador y corrupto de la universidad iniciado por la dictadura de su padre. De Pedro Castillo, una lectura de su plan de gobierno, deja ver que no tiene idea de lo que es una universidad. Tal vez, porque su único contacto con ésta provenga de una de esas universidades estafa, piensa que la manera de ampliar la oferta universitaria pasa por admitir más alumnos de los que la universidad puede recibir. Plantea duplicar el número de estudiantes con la misma infraestructura, lo cual no sólo es un disparate, sino un despropósito.

Mientras que la universidad no se encuentre en el centro del debate político y social, seguiremos padeciendo a los “barbaros profesionales” que hoy quieren gobernarnos. No habrá salida posible para el país si antes no nos planteamos de manera seria el tipo de sociedad y universidad que queremos. Esto sólo será posible en la medida en que la universidad no claudique en su autonomía para gobernar, desde la inteligencia, su propio destino.  

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Pedro Castillo

El sol no tiene un sendero tan luminoso en los próximos días. Y ni lo tendrá si resulta ganador un Castillo Terrones.

Hoy tu plata vale menos que ayer, y mañana valdrá mucho menos todavía. ¿A qué se debe? A que el comunismo se asoma. A que Pedro Castillo Terrones causa terror a los inversionistas. A que un Vladimir Cerrón, la mano que mece la cuna de Perú Libre, ese exgobernador de Junín condenado por corrupción, tiene un cerro de ideas destructivas en su plan de gobierno. A que uno de los congresistas que ha dado el lapicito se llama Guillermo Bermejo, nada menos que un acusado de terrorismo que en mayo se sentará en el banquillo de una corte señalado de pertenecer a la banda dinamitera Sendero Luminoso.

 

¿Cómo no va a causar incertidumbre financiera ese lapicito si viene afilado y amenazante? ¡Ah!, pero comunistas, aspirantes a comunistas y confundidos activistas creen que la culpa del alza del dólar es del Banco Central de Reserva. Responsabilizan a Julio Velarde y su directorio. Arrugan la cara como Greta Thunberg haciendo hígado al ver que el sol no brilla más frente al dólar alucinando que se trata de una intromisión del BCR en la campaña electoral. No es así. El BCR ni siquiera ha decidido cambiar la tasa de interés de referencia, manteniéndola desde hace muchos meses en 0,25, lo que significa que está conservando una política monetaria expansiva. Es decir, consciente del contexto de pandemia y del año electoral, el BCR, al no variar estas cifras está favoreciendo la circulación de dinero en el mercado. Por eso, las pataletas de los comunistas no tienen sustento, son pura ignorancia o son los típicos berrinches que siempre hacen: culpan al sistema o al empresario cuando no quieren reconocer que es su propia presencia la que ahuyenta el progreso.

 

El BCR está haciendo su trabajo y diría que hasta un poco más de lo que le corresponde. En las últimas horas ha detenido la velocidad del alza del dólar causado por el miedo a Castillo, ha usado swaps cambiarios por 200 millones de soles a un año. Pero el dólar sigue subiendo. Se trata de un poquito de Castillo. Una cucharadita de comunismo afilado. Pedro Castillo, su corrupto Vladimir Cerrón, Guillermo Bermejo y su misterioso equipo técnico espantan las inversiones y, es lógico, las empresas no ponen a circular sus dólares. Pronto subirán los precios del pollo, del aceite, del petróleo y hasta del celular desde donde lees esta columna y no es culpa ni de la derecha ni del Banco Central de Reserva; sino del modelo comunista, leninista, marxistas, maoísta (y todo lo demás) que promete expropiar tu vida y el futuro libre. Tal vez lo sufras unos años hasta que encuentres una escapatoria del país, tú que puedes hacerlo, quienes no podrán serán los más pobres. Marca el lápiz nomás. Por lo visto y probado (hasta ahora con el alza histórica del dólar) el sol no tiene un camino tan provechoso en los próximos días. Y ni lo tendrá si resulta ganador un Castillo Terrones.

28 DE ABRIL DEL 2021

 

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Comunismo, Elecciones 2021

No hay camino más seguro para la derrota de Keiko Fujimori que ella y sus allegados hagan eco de los pánicos, histerias y prejuicios de los sectores altos de la sociedad peruana o de la extrema derecha aterrada con el resultado de las encuestas.

Campañas furibundamente racistas y clasistas en redes sociales, dispendio en paneles absurdos en la ciudad de Lima (habrá que suponer que no han provenido del equipo oficial del Keiko), solo contribuyen a reforzar el estereotipo positivo del gran candidato anti establishment que se tiene al frente, como es Pedro Castillo.

Castillo tiene grandes debilidades personales y colectivas. Para hablar en términos futbolísticos, no tiene banca ni variantes de juego. Va ganando el partido, pero éste se le puede voltear si sigue evadiendo precisiones y contactos con la prensa más inquisitiva.

Hay zonas grises que revelan que su respaldo no es sólido. Está recibiendo votantes de derecha que naturalmente debieran haber migrado al keikismo, tiene respaldo antinatural en el sector AB, el grueso de su electorado no quiere un cambio radical de la Constitución, etc., etc.

De ello va a cosechar, sin duda, la candidata de Fuerza Popular. Pero para ello requiere inteligencia estratégica: convencer primero al propio electorado derechista, rebajar el antifujimorismo y también el antikeikismo (que tiene vida propia) y finalmente convencer a los sectores antisistema de la gran masa D y E que detestan todo lo que tenga que ver con el statu quo político y económico.

Pero esa finura de estrategia (¿cómo defender el modelo y a la vez ser antiestablishment?), pasa por algo más sutil que aquella basada en los miedos irracionales de un sector importante de la derecha peruana, de la cual haría bien Keiko Fujimori en apartarse.

Castillo no está dando muestras que querer cambiar. Hasta ahora lo que se ve es al candidato de Perú Libre estacionado y a la candidata de Fuerza Popular desplegando una estrategia gradual.

Quedan cinco semanas y media por delante. Nada está dicho definitivamente, a menos que los habituales artífices de las derrotas de los últimos lustros, la inefable derecha bruta y achorada, se logre enseñorear en los predios del keikismo. Si es así, mejor que le coloquen la banda de una vez a Castillo.

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DBA

Las mujeres en situación de violencia enfrentan una serie de barreras para acceder a la justicia, por ejemplo, las barreras de género, vinculadas con la permanencia de una serie de estereotipos que operan para que se descalifique a la víctima. Las barreras lingüísticas, culturales, geográficas y económicas; relacionadas con el limitado reconocimiento de la diversidad y casi nula adaptación intercultural de los servicios, la ausencia de intérpretes para la atención en lenguas originarias, el racismo, la lejanía de las instituciones estatales de parte del territorio nacional y la falta de autonomía económica. 

Sin embargo, existe una barrera poco visibilizada: el acoso judicial.  Esta es una estrategia común en agresores, quiénes en un claro despliegue de poder utilizan el sistema judicial para amedrentar a sus víctimas, amenazarlas, vulnerar su salud emocional, afectar su estabilidad económica y así perpetuar la impunidad. 

La Defensoría del Pueblo, a través de la Adjuntía para los derechos de la mujer, ha publicado su Informe Defensorial “Violencia contra las mujeres en forma de acoso judicial”, el cual, a partir del caso de Natalia Manso, detalla el calvario que tienen que vivir las mujeres afectadas por esta forma de hostigamiento, destacando el impacto de ello  en el derecho de las mujeres a acceder a la justicia y a vivir libres de violencia.

Según este reporte se entiende por acoso u hostigamiento judicial a una: “una especie de violencia psicológica y económica, que se configura con la indiscriminada utilización de los mecanismos legales de defensa, pero que tiene una finalidad distinta a la establecida en la ley, desnaturalizando así su esencia tuitiva.” (Defensoría del Pueblo 2021:5)

Natalia Manso, además de sufrir el incumplimiento del acuerdo conciliatorio de Antun Ucovich (ex pareja), tiene que enfrentar 18 procesos judiciales, 11 de los cuales han sido interpuestos por este, incluyendo 4 procesos por violencia psicológica sin fundamentos; utilizando para ello la Ley 30364, Ley contra la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Es decir, las mujeres que denuncian hechos de violencia o se encuentran en algún proceso judicial ya sea de tenencia, alimentos o cualquier otro, son amenazadas y amedrentadas por sus agresores. Lo perverso de esto es que utilizan “mecanismos legales” y se amparan en la neutralidad de las leyes para seguir violentando; desnaturalizando así el principio de justicia y manipulando el sistema a su favor. 

Las víctimas pasan de ser denunciantes a denunciadas, lo que les genera angustia, inseguridad, mayor desconfianza en el Estado y el sistema de justicia, temor y un gran desgaste de tiempo y recursos que puede determinar no sólo el abandono de sus propias denuncias, sino además la perpetuación de la violencia.

Pero este no es el único caso, al Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán se han acercado víctimas de acoso sexual para reportar que sus agresores las amenazan o han denunciado por difamación.  Situaciones similares encontraremos en otras sobrevivientes de violencia física y tentativa de feminicidio, quienes con sorpresa toman conocimiento de denuncias hechas por sus agresores, las cuales – paradójicamente – suelen encontrar una mejor respuesta en el sistema. Es claro que necesitamos una justicia con enfoque de género. 

En efecto, una de las recomendaciones del Informe Defensorial es que se priorice el “fortalecimiento del Sistema Nacional de Justicia Especializado para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, evitando la existencia de una multiplicidad de procesos vinculados a un mismo hecho” (Defensoría del Pueblo 2021: 16)

Finalmente, el acoso y hostigamiento judicial, que podríamos nombrar como el empapelamiento dirigido especialmente a las víctimas de violencia de género no son casos aislados; por lo que las autoridades deben encender las alarmas para prevenir que –  mediante la manipulación del sistema – se perpetúe la discriminación. 

 

1 Ver Informe Defensorial disponible en: 

https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/04/Informe-Final-Acoso-judicial-2.pdfhttps://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/04/Informe-de-Adjunt%C3%ADa-Acoso-judicial.pdf

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Defensoría del Pueblo, Flora Tristán

Las últimas encuestas parecen indicar que la suerte está echada, que Pedro Castillo le ganará la elección a Keiko Fujimori. Pero nada está 100% definido. En el 2006 Alan García logró revertir su alto antivoto y ganarle a Ollanta Humala con una estrategia parecida a la que está utilizando ahora Keiko Fujimori. Acá un análisis de las potenciales trampas de las campañas de ambos candidatos.

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Elecciones 2021, Keiko Fujimori, Pedro Castillo

Aunque es claro que los dueños de los principales medios apoyan el modelo económico mafioso y depredador que hoy tenemos, es ciego e ingenuo creer que ésta es la única razón por la que apoyan a Keiko Fujimori. La otra gran preocupación que los aflige, y que ocultan muy bien con periodismo histriónico y de lugares comunes, es que Pedro Castillo está hablando de desconcentración y democratización de los medios masivos, lo que significa medidas para acabar con el feudo mediático que usufructúan. Es decir, decisiones de gobierno para terminar con el uso patrimonialista, inconstitucional y culturalmente nocivo que se hace – y se ha hecho por décadas – del espectro radioeléctrico nacional, contando con la complicidad (activa o pasiva) de todos los gobiernos de turno, y cuyo resultado es una concentración mediática de contenidos mediocres y políticamente manipuladores. Los dueños de medios no quieren, de ninguna manera, que se discuta el regresivo sistema de entrega de licencias para radio y televisión que tenemos, sobre todo en sus numerales relativos a las renovaciones automáticas, porque éste es el origen de su ya centenario feudo mediático, y el mecanismo que explica la ampliación y consolidación del oligopolio ilegal que hoy tenemos.

El feudo mediático peruano empieza en 1922, cuando la radio llega a nuestro país y requiere de un espacio del espectro radioelectrónico. Desde entonces – lo que incluye el arribo de la televisión en 1957 – las asignaciones de frecuencias se han otorgado bajo una lógica argollera y patrimonialista: nunca ha habido reales concursos públicos – casi todo ha sido “a iniciativa de empresas” – y el beneficio otorgado jamás ha tenido fecha de caducidad, como si se tratase de un territorio medieval que la corona entrega a algunos señores y sus descendientes. Esta historia de inconstitucionales repartijas (un bien público no puede usarse de modo exclusivo), allanadas por tecnicismos legales y normas emitidas “entre gallos y medianoche”, y auspiciadas con discretas barreras a la competencia inoportuna, genera una inevitable situación de oligopolio empresarial cada vez más dominante, cuyo rostro vigente (los empresarios pasan, el feudo queda)  es la concentración mediática subdesarrollante que en la actualidad tenemos. La última de estas felonías legalizadas la hicieron – al alimón – un saliente y proactivo Alan García, y un entrante y pasivo Ollanta Humala, cuando entregaron nuevas licencias de funcionamiento, para el uso de una o más estaciones de televisión digital, a los miembros del actual oligopolio televisivo. El trámite se hizo a través de variados y discutibles mecanismos, aprovechando un contexto mundial de cambio tecnológico que nos obligaba a un nuevo reparto del espectro radioeléctrico, y nos daba una oportunidad hacer cambios progresistas de modo inmediato. Está a la vista el atropello: varios de los grandes canales ya utilizan su par digital, gracias los naturales beneficios que les trae ser parte del feudo mediático peruano.

Como consecuencia de este medieval sistema de reparto, hoy tenemos que las principales nueve empresas televisivas controlan el 50% de todas las licencias asignadas en el territorio, mientras las nueve firmas radiales más importantes manejan el 14% (no necesitan más a estas alturas). En la práctica, esto implica que sólo ocho empresas  (cuatro de radio y cuatro de televisión), dentro de un universo de más de 7000, concentren a más del 80% de la audiencia y la publicidad. Estas firmas son:  Grupo ATV (ATV – Global – La Tele), Plural TV – América Televisión, Frecuencia Latina y Panamericana Televisión, así como RPP (Radioprogramas y Capital),  Corporación Radial del Perú (CRP), Panamericana y Corporación Universal (única marca provinciana). Salvo la última, todas las empresas enumeradas operan en Lima, pero dado su nivel de penetración, definen la mayor parte de los contenidos que circulan a nivel nacional, y sobre todo la información política, pues producen los principales noticieros y los escasos programas de entrevistas de nuestra señal abierta. Así, son una influencia aplastante y hegemónica a nivel de opinión pública, pues obviamente informan desde sus preferencias e intereses políticos, y promueven valores y reflexiones funcionales al actual modelo económico y mediático.

Esta realidad feudal, inconstitucional, centralista y antidemocrática se agrava con un segundo privilegio legal: los medios están totalmente protegidos contra todo tipo de regulación de contenidos, más allá de algunos límites indispensables y de lo establecido en el código penal, que responde al honor y la buena reputación, pero no tiene ninguna vinculación con la calidad de los mensajes y narrativas mediáticas. Al final, a partir de las potestades feudales y hegemónicas que poseen, las empresas mediáticas han  generado una radio-televisión de productos degradantes y alienantes, y de espacios tiránicos en cuanto a postura política (hoy estamos viendo su keikismo bruto y achorado), además de elementales en cuanto a argumentos y registro de conocimientos. 

Pero como se puede deducir de lo escrito arriba, esta situación es perfectamente reversible, porque el espacio radioeléctrico – que permite la acción radial y televisiva – es propiedad de los peruanos y lo administra el Estado, con total capacidad técnica para regularlo y asegurar un reparto de acceso y poder mediáticos muchos más democrático y beneficioso para nuestro desarrollo. Un sistema que acabe con la sutil expropiación de un bien público y la negación de derechos políticos y culturales con que nos violentan. 

Y dicho lo anterior, ahora sí corresponde hablar de libertad de expresión, opinión y prensa, lo que vitorean dramáticamente cuando se les menciona la posibilidad razonable de regular sus contenidos y programaciones. Como todos los derechos y atribuciones, esta libertad colisiona con otras y con indiscutibles deberes, con los que convive en un equilibrio en el que ninguna de las partes tiene superioridad o inferioridad definitiva y, por lo tanto, ninguna puede imponerse totalmente ni ser obviada. La libertad que empresarios mediáticos y periodistas defienden como estandarte gremial, no es de ningún modo más importante que el derecho a la vida o a la seguridad pública, ni que la imperiosa necesidad de recibir contenidos educativos y culturales de calidad – por todos los medios posibles – para salir intentar de nuestro subdesarrollo. 

Además, hoy es clarísimo que el oligopolio mediático vigente ni siquiera es capaz de respetar las libertades que promueve, pues torpedea uno de sus insumos insoslayables, que es el pluralismo político (que asegura la plena conciencia ciudadana y el buen uso de la soberanía personal). No tenemos eso ni mucho menos: son vergonzosamente echadas las entrevistas de radio y televisión que sus periodistas hacen a Keiko Fujimori, así como terruqueantes, despectivas y prepotentes las que hacen a Pedro Castillo. Y la opinión política que emiten o convocan es siempre homogénea en cuanto a su derechismo económico. Algunos, los mejores, intentan manifestarse desde su convicción de neutralidad periodística, pero claramente se alinean al final. Es obvio que casi todos comparten los valores y preferencias que promueven y eso también es libertad periodística, pero deja de serlo cuando es parte de un atentado sistémico contra el derecho ciudadano.

Es cierto que la televisión y la radio de señal abierta son negocios declinantes en cuanto a ingresos (habría que hacer públicas sus cuentas en un nuevo modelo mediático), pues la explosión de  nuevas alternativas y soportes de consumo audiovisual (celulares, internet, Netflix, etc.) los han dejado fuera de toda competitividad lo que ha traído al piso sus tarifas publicitarias, pero cómo se descrito arriba, siguen siendo muy poderosos en términos políticos (¡vaya que Montesinos lo sabía!) y muy estratégicos como instrumentos de desarrollo nacional. 

Así que tiene toda la razón Pedro Castillo en querer descentralizar, desconcentrar y democratizar las licencias de radio y televisión, incentivando y entregando permisos para, por ejemplo, canales regionales o universitarios, culturales o de capacitación. Para ello, tiene que lograr que el congreso cambie un punto de la actual Ley de Radio y Televisión, que es el relativo a la renovación automática de licencias, lo que le permitirá construir, de a pocos, un nuevo mapa de distribución mediática en el territorio nacional. En el escenario maximalista, tendría que hacer del tema una discusión constitucional y llevarlo a la asamblea constituyente que está promoviendo. En ese caso, es seguro que la justicia y el derecho ciudadano se honrarían más rápidamente.

Y en relación a la regulación de contenidos, también Pedro Castillo está en lo correcto, porque es obvio que se necesita un equilibrio mucho más saludable entre los muchos y muy importantes derechos ciudadanos en juego, y la muy importante libertad de expresión, prensa y opinión. Es claro que el criterio de beneficios empresariales debe estar subordinado aquí, sin que esto quite su  gran importancia y obligatoria presencia en la ecuación final del nuevo modelo. Esta voluntad también pasa por cambiar la normativa vigente en el congreso, pero en un escenario más incierto porque regular nunca es sencillo, y precisamente por eso existen especialistas en la materia. Quién es el juez que interpretará la ley y decidirá la pertinencia de lo programado, es una pregunta absolutista y de ánimo cancelatorio que los voceros mediáticos esgrimen como argumento final. La respuesta la han dado muchos otros países del mundo desarrollado y algunos vecinos regionales: se crea un consejo autónomo y enmarcado en una sólida institucionalidad, cuyo cuerpo decisorio esté conformado por todas las partes ideológicas, territoriales, gremiales, políticas, y sobre todo ciudadanas, de manera que ningún criterio arbitrario tenga preminencia en dicha regulación, salvo el bienestar que la mayoría de peruanos considera mejor. Obviamente, todo esto debe estar enmarcado en una lógica en la que radio y televisión de señal abierta son, en gran parte, un bien público, además de un medular instrumento de nuestro desarrollo. Riesgos de subjetividad habrá siempre, pero en las democracias estos conflictos se zanjan con mayorías representantes, y no con propuestas ilógicas de auto-regulación.

Como se observa, ésta es otra de las razones por las que Pedro Castillo es por muchas cabezas superior a su chamuscada rival: entiende la necesidad y la urgencia de poner la televisión y la radio al servicio de los peruanos y su desarrollo, lo que pasa por quebrar el oligopolio feudal que nos han impuesto para beneficio de unos pocos aprovechados. Felizmente, las encuestas indican que, al menos esta vez, no se salvan de devolver lo que no es suyo.

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Pedro Castillo

A nadie con dos dedos de frente le debería molestar que el candidato Pedro Castillo modere sus posiciones radicales y prometa aplicar un programa de izquierda que por lo menos no sea tan radical como el que aparece en su programa de gobierno.

Igual sería un desastre productivo, pero por lo menos no sería el apocalipsis económico y político que muchos tememos con razón, más aun si se tiene en cuenta la agenda filosubversiva de algunos de sus compañeros de ruta de anterior data (huelga magisterial) y de última hora.

Lo que sorprende es que quien se ofrezca de constructor de puentes (pontífice, literalmente hablando) en ese sentido, sea alguien que compitió en esta contienda electoral y lo hizo bajo una propuesta de libre mercado que disiente radicalmente de las posturas de Castillo, aún de las más moderadas.

Felizmente, los candidatos perdedores no tienen capacidad de endose alguno y mal harían Castillo o Keiko en coquetear con De Soto para embolsicarse su caudal electoral. De Soto se representa a sí mismo y sus electores ya sabrán por quién se inclinan sin que les importe qué haga o deshaga su excandidato electoral.

En su calidad de líder político, sin embargo, lo que cabía era una definición. Y ella, como parece evidente, no podía ser otra que apoyar la candidatura de Keiko Fujimori, defensora del modelo en el cual De Soto dice creer (debe recordarse que De Soto ya ha sido compañero de ruta de Keiko Fujimori en la anterior elección). Y si con ese apoyo en buena hora lograba inducir a Keiko a incorporar alguna narrativa anti establishment, tanto mejor, porque eso es lo que necesita para conquistar al electorado D y E, que disiente del modelo y ve sus beneficios como ajenos.

Pero su coqueteo con Castillo y su indefinición, son impropias de quien fuera candidato, menos aún proveniente de alguien con clara vocación ideológica, no un pragmático o un improvisado. ¿Qué puente va a construir, como no sea, quizás, aquél que le permita fungir de asesor de alto nivel gubernativo en caso cualquiera de los dos candidatos gane la elección? Mientras no acabe la campaña, De Soto está obligado a actuar con la investidura de un líder político, no puede ponerse prematuramente el sombrero de tecnócrata en busca de contrato, como, lamentablemente, parece ser su prosaico objetivo.

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De Soto

Cierre de brechas sociales, crecimiento económico y un castillo de naipes que se derrumba al primer soplido técnico. No te pierdas la videocolumna de Alexandra Ames La Caja Negra.

 

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Economía, Elecciones 2021, Pedro Castillo

Hay un dato revelador en la última encuesta del IEP: un 58% de la población señala que se debería mantener el modelo, pero con cambios, mientras que un minoritario 33% dice que se debería cambiar totalmente. En la propia izquierda, hay un 52% que señala lo propio, que se debe mantener el modelo, pero con cambios, y en la derecha el 63%.

No estaría cayendo en saco roto el mensaje de Keiko Fujimori de defensa del modelo y su narrativa anticomunista. Claramente apunta a reforzar su núcleo duro, de derecha, centro y hasta una porción de la izquierda. Y es más fácil para Keiko decir que va a defender el modelo y le va a hacer algunos cambios que a que Castillo lo haga.

Castillo está atrapado en su lógica radical. Difícilmente va a poder salir de ella. Su propia bancada está partida en tres: los prosenderistas, los cerronistas y unos cuantos castillistas. Si se modera no solo perdería a su facción radical -que fácilmente puede dejar de votar por él y pasarse al bolsón de blancos y viciados- sino que puede resultar inverosímil y proyectar la imagen de la impostura.

No es casual que Castillo rehúya las entrevistas en set, ante periodistas calificados y acuciosos y solo decida declarar a reporteros, sin posibilidad del intercambio de preguntas y respuestas necesario y sin el tiempo debido (él mismo se encarga de cortar las entrevistas).

Nada está definido en esta elección aún. Las actitudes, más que la ideología, va a jugar un papel preponderante y ya estamos viendo que, según la propia encuesta del IEP, hay mayor facilidad de que el discurso de Keiko (si le agrega alguna dosis de anti establishment) pegue antes que el de un rígido Castillo (no tiene muchas variables de juego).

No es momento de que los castillistas celebren alborozados el triunfo ni de que los keikistas se conduelan deprimidos por los resultados de las primeras encuestas. La campaña recién comienza y no estamos ante bloques ideológicos afianzados y duros que sean imposibles de convencer de su migración.

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Keiko Fujimori, Modelo económico, Pedro Castillo
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