Aquellos que vivimos los tiempos fujimoristas, recordamos la desazón con la que fue recibida la eliminación del curso de Filosofía del Plan Curricular Nacional. Tampoco era que los profesores de aquel entonces fueran reflexivos pensadores que nos enseñaran bien el contenido de los textos escolares (muchos sin formación habían sido nombrados en el primer gobierno de Alan García), pero uno que otro curioso, o algún privilegiado que accedió a un buen colegio, sin duda leyó y discutió sobre la libertad, las ideas, la ética y la moral.
No me detendré a hacer un recuento de que han dicho los pensadores al intentar definir la ética, pero sabemos que se trata de una actitud reflexiva que emerge cuando tenemos que tomar decisiones que nos afectan a nosotras, nosotros mismos, pero sobre todo porque afectan a los demás. Desde los más cercanos hasta grandes grupos de la humanidad o de seres vivos. La ética nos comprende (o nos comprendía) no como personas aisladas, sino como seres condicionados a vivir en comunidad.
Una obligación del Estado, se suponía, consistía en compartir una ética con la población, que debía reconocer como propia y que por ello se enseñaba desde la escuela, se esparcía mediante los discursos públicos, en los espacios emblemáticos y, sobre todo, al momento del ejercicio de sus poderes. Pero aquí hoy no la hay. Se fue como arena entre los dedos: si abrimos las noticias veremos que los mineros quieren permanecer artesanales, los policías dedicarse a la extorsión y tráfico de armas, la presidenta y su gabinete quieren seguir mintiendo, los alcaldes usar los bienes públicos para sus negocios y los congresistas empeñarse en borrar toda legislación que les impida delinquir y de paso, censurar a sus opositores políticos.
Mientras tanto, la población quiere justicia por los peruanos asesinados por este gobierno; cárcel para los políticos corruptos, y unas fuerzas del orden capaces de poner fin a los asesinatos y atentados de los sicarios, de las fuerzas paramilitares. Pero también quiere la indiferencia del Estado respecto de su informalidad, que se apruebe la pena de muerte, aplaudir la vida amorosa de sus futbolistas de televisión y mantener la fama culinaria alcanzada a nivel mundial. Es un anhelo sin reflexión, instintivo, defensivo agresivo, de frases como “con mi gente no te metas”. Quizá esa sea la suerte de discurso que ha reemplazado al ético y que implica indiferencia y colusión.
Es un reto político muy grande porque se trata de una crisis ética que ya había sido anunciada: décadas atrás se empezó a discutir la carencia de un pacto social que sirviera de base para gobernarnos como nación y ponerle fin a la pobreza. Al poco tiempo de terminada la dictadura de Alberto Fujimori, se creó un Acuerdo Nacional, con personajes destacados de la política peruana y destinado a proteger a las poblaciones más vulnerables. Hoy es una página web abandonada donde aún se cita a los ex presidentes ahora encarcelados.
El carecer de un acuerdo solidario ha devenido en la imposición de intereses cada vez más criminales en los tres poderes del Estado y en un contexto internacional también muy complejo. Nuestro continente se ha llenado de sur a norte de políticos y presidentes que han convencido a la población de que los derechos humanos que se habían logrado, son algo maligno que se debe rechazar (basándose en tres nefastas dictaduras que tampoco tienen interés en proteger derechos). Que el bienestar social empobrece al Estado y le hace daño al país. Son dirigentes cada vez más populares, millonarios empresarios que se están convirtiendo en el modelo exitoso de político que pasa por encima de los demás, con herramientas de entretenimiento y religión sumamente poderosas para el control de la población. Vaya reto nos toca si es nuestra tarea resolver cómo fortalecer a la ética para que retorne (porque alguna vez lo estuvo) a los corazones de nuestra población.
