Opinión

De contrabando, porque no estaba así considerado previamente, en el proyecto aprobado en el Pleno que permite la reelección de gobernadores regionales y alcaldes, se ha eliminado de un plumazo la vigencia de los movimientos regionales, de modo tal de obligar a los ciudadanos a votar por partidos nacionales que no tienen arraigo o vigencia alguna en las regiones del país.

Uno de los problemas mundiales que agobia a las democracias, es su descrédito y pérdida de legitimidad, porque la ciudadanía no se siente efectivamente representada y porque resiente la distancia que se establece entre el elegido y los electores. No pasa mucho tiempo del proceso electoral y ya los índices de desaprobación suelen ser muy altos.

En el Perú, por propia decantación, sin nada que predisponga a ello, en las elecciones regionales, los llamados partidos nacionales -que en la práctica son ya partidos limeños- han perdido paulatina vigencia y surgieron movimientos endógenos que terminaron capturando la preferencia electoral del respectivo bolsón ciudadano.

Eso no es un problema. Es maravilloso para la democracia que surjan dinámicas políticas propias en cada región y se genere así paulatinamente clase política, burocracia regional y tecnocracia local. Es un gran paso a favor de la vigencia democrática y que la ciudadanía no se desencante aún más de un sistema como el democrático, que tiene, de hecho, muchas carencias, pero es el mejor sistema político conocido.

La regionalización en el país debe ser reformada radicalmente, porque es corrupta e ineficiente, pero eso no es problema de los movimientos regionales (probablemente, la situación sería peor si por obligación, sean partidos nacionales los que asuman el poder), sino de un sistema legal administrativo que lleva a ese escenario.

Los movimientos regionales deben mantenerse y ser alentados. Conectan mejor con las preferencias electorales de cada región, por lo general desalineadas de los parámetros capitalinos, y permiten que se practique el ejercicio democrático sanamente. Inclusive, con un control más eficiente de las fuentes de financiamiento de estos movimientos, podríamos arribar a un círculo virtuoso que imitaría los beneficios del federalismo en otras naciones.

En cada país, los grupos de poder siempre han tenido la intención de producir niñas, niños y adolescentes que respondan a los modelos de familia y ciudadanía que les resultan más convenientes. Siempre vinculados con la toma de los gobiernos, podemos considerar a los textos escolares como la más resaltante evidencia de tal intención. En los manuales podemos trazar las apuestas políticas, las revolucionarias y las represivas de los discursos en disputa de la hegemonía. Por esta razón cada vez son más las investigaciones que se realizan en ellos. España fue pionera en crear un centro para ello. Pasa por su experiencia. Al poco tiempo de que Francisco Franco tomara el poder tras la guerra civil, reescribió los textos escolares para que la juventud compartiera su anhelo de restaurar el imperio español. Y tras la muerte de Franco y la recuperación de la democracia, los textos escolares pudieron finalmente, enseñar el franquismo, aunque siguiendo la postura política de la editorial. Ante el último decreto sobre los saberes básicos (2022), la derecha más extrema se ha alzado en contra de la diversidad sexual y el que se haya reservado los estudios del bachillerato para un estudio político profundo de los siglos XIX y XX.

Augusto Pinochet cómo no iba a temer al programa Escuela Nacional Unificada de Salvador Allende, considerado comunista (cuando se trataba más de un modelo de gestión que de adoctrinamiento). Enfurecido, ordenó retirar todo material considerado extranjero, pues atentaba contra su patriótica educación. La historia se enseñaría a partir de heroicas biografías y las mujeres serían educadas para cuidar el hogar. Al igual que con el franquismo, una vez recuperada la democracia, la dictadura y los crímenes de Pinochet pasaron a los textos escolares para que las nuevas generaciones impidieran que se repitiera un gobierno tan atroz.  Sin embargo, los docentes no llegaban a trabajarlo por temor a que las familias reclamaran, lo reducían a un enfrentamiento entre dos bandos, o validaban opiniones que relativizaban los hechos. Hoy, las familias ya dejaron de oponerse y el tema cada vez interesa más a los estudiantes. 

Hasta hace poco, en Argentina la historia también se enseñaba desde un conjunto de símbolos patrios y de figuras heroicas. Por tal razón, Perón y Evita, aún en vida ya formaban parte de la imaginaría escolar y por la misma, el gobierno de Pedro Eugenio Aramburu prohibió los símbolos peronistas, encarceló y fusiló a los opositores. Al llegar la dictadura de José Rafael Videla, diseñó un sistema para controlar la subversión en la comunidad educativa, que trajo como consecuencia la desaparición de docentes y estudiantes. Sí, su gobierno fue el autor de la Noche de los Lápices. Aquella en que se secuestraron y asesinaron estudiantes de secundaria en septiembre de 1976. Recién durante los gobiernos de los Kirchner, los textos escolares presentaron una estructura más vinculada con los acontecimientos, como las dictaduras sufridas. Javier Milei aún no se ha referido al contenido, pero ha cancelado la compra de textos escolares de este año. 

En México, las quemas de textos escolares son tradición. Sobre todo desde la década de 1970 cuando se incorporó la educación sexual en los manuales. El año pasado, los opositores al gobierno del Presidente Manuel López Obrador encendieron nuevas hogueras. Los estados regidos por el PAN han rechazado los textos escolares por considerar que promueven el comunismo y la pedofilia y las familias han salido angustiadas a marchar.

En Perú, donde aún se extrañan los hermosos textos escolares del gobierno velasquista y del proyecto de Augusto Salazar Bondy, no ha sido necesario secuestrar, ni encender fogatas. Como los diversos grupos de corrupción han tomado el gobierno y las tareas públicas, ya consiguieron intervenir los textos escolares en nuestro país. El motivo es defender a Alberto Fujimori, negar el terrorismo de estado durante el Conflicto armado y ponerle fin a la educación sexual integral en el país. Así no cabe duda que la corrupción se alimenta de la ignorancia y el atraso, y por eso los fomenta. ¿Añadimos la indiferencia? 

En la última encuesta del IEP se pregunta, si se adelantasen las elecciones, por quién votaría el ciudadano. Un abrumador 82.4% no tiene candidato. Y entre los que tienen definido un voto, un 4.6% lo haría por el fujimorismo, encabezando, por lejos la primera opción (lo siguen Antauro con 1.5%, Pedro Castillo, con lo mismo, Vizcarra con 1.4%, López Aliaga y Hernando de Soto con 1.1% y el APRA con 1%).

Hemos planteado ya reiteradas veces que esta situación de anomia política requiere que la clase política sea capaz de proponerle al país una fórmula atractiva, potente, plural y convincente, con un buen liderazgo; en suma, un gran frente republicano, democrático y liberal.

Uno de sus primeros desafíos es, sin duda, derrotar a los candidatos radicales antisistema, que ya aparecen en las encuestas y que crecerán conforme se acerque la campaña. Pero hay otra meta política esencial y es desplazar al fujimorismo como eje referencial de la centroderecha peruana.

El fujimorismo se ha convertido en un lastre político y electoral para el país. No nos arrepentimos de haber ejercido un voto vigilante a favor de Keiko en las últimas elecciones, porque, como los hechos lo confirmaron, lo de Pedro Castillo fue un espanto, y nos hubiera ido mejor, a pesar de todo, con Keiko Fujimori en el poder.

Pero eso no soslaya que la democracia peruana requiere que ya la herencia fujimorista sea superada. Evolutivamente, el fujimorismo pudo haberse convertido en la gran fuerza liberal popular que el Perú requería, pero en lugar de evolucionar, involucionó. Su labor en el Congreso, que es la prueba ácida de su real conducta política, los deja pésimamente parados.

Sabotearon la posibilidad de apoyar a PPK y lograr un gran gobierno de derecha. Y ahora, apoyan ciegamente a una opción desprestigiada y que genera enormes pasivos, como los que supone el régimen de Dina Boluarte, y lo más importante que ha hecho el fujimorismo en el Congreso esdesplegar una serie de contrarreformas, como la de la Sunedu, que es de espanto.

El fujimorismo se ha mantenido autoritario, se ha vuelto mercantilista y, además, terriblemente conservador en temas de derechos civiles. Salvo que se subordine y acepte ser parte secundaria del gran frente propuesto, el fujimorismo no debería formar parte de esa convocatoria y, por el contrario, debe ser, desde ya, un objetivo a derrotar. El país debe evitar la trampa mortal de una segunda vuelta entre Antauro Humala y Keiko Fujimori.

El sábado tomando con unos amigos discutimos sobre si titular o no las obras de uno de ellos. Bruno —como mucho otros pintores— se interesa poco por nombrar sus obras y se limita al ‘sin título’ que precisamente da nombre a esta columna y que normalmente se acompaña de la fecha en la que se acabó la obra y su ficha técnica. Uno de los asistentes —hisrtoriador y curador— reclamaba la necesidad de un título que evidencie el diálogo entre la pintura y la imagen colonial que había catapultado la invención del cuadro. Es cierto, la intertextualidad iconográfica existe, pero está en la misma obra y quien se enfrenta a la pintura no necesita de la referencia para apreciar y dejarse sensibilizar por el cuadro.

Muchas veces los títulos pueden ser estupendos, agregar a la obra o abarcarla. Nadie puede negar que son útiles en tanto nos permiten referirnos a las obras de manera clara e inconfundible. Sin embargo, son tramposos. Con esto me refiero a que los títulos no suelen ser pensados como parte de la obra (sé que a veces sí). Por lo tanto, son un producto posterior y ajeno a la misma, que trata de referir a ella, pero con elementos ajenos a esta. La obra de arte visual o musical está pensada y compuesta en un lenguaje que no se compone de palabras. Su registro es otro. Y creo que funciona perfectamente en este. No tiene la necesidad de un orden lingüístico racional que la encapsule en un termino que proviene de un orden ajeno al propio de la obra. El hecho de titular a la obra que esta fuera de las palabras es imponerle un registro que no es el suyo. Lo que trata o abrasa la obra de arte visual y musical, si está realmente lograda, no puede ser mejor comunicado que a través de la expresión misma de la obra. En caso el artista hubiese sido capaz de encontrar una o dos palabra que expresen mejor lo que buscaba su composición, pues podría haber prescindido del lenguaje visual o sonoro, para limitarse al uso de estas palabras.

Por ello defiendo la constumbre de no titular la obra. Muchas veces, ocurre que socialmente se le otorgan títulos a obras no tituladas o tituladas de otra forma. Pensemos en que nadie llama Retrato de Lisa Gherardini, esposa de Francesco del Giocondo al cuadro más famoso del mundo. Hablamos de la Monna Lisa o La Gioconda. Nos referimos como a la sonata para piano n.º 14 en do sostenido menor, Op. 27 n.º 2de Beethoven como Moonligth Sonata o Claro de luna. Y resulta útil, práctico, amigable, pero es interesante notar que son nombres que no fueron puestos por los artistas. Son posteriores y se ubican fuera de la obra.

Que el artista rete de tal manera al público es interesante. Lo es porque complica la manera de referirse a su obra sin reproducirla, describirla o mostrarla. De alguna manera, reta e impone el propio lenguaje de la obra para evocarla. En el caso de las piezas de música “clásica” o “académica” se suelen utilizar por nombres esta suerte de códigos técnicos que nada nos dicen sobre la pieza. En ese caso, el nombre es un cuatión puramente práctica, pero cuando se nombra pensando en lo que la obra es, estamos ante un problema. La obra es —creo— lo que la obra es. Como decía, la mejor manera de decir lo que es la obra es como la obra misma lo hace. No por gusto el artista se toma tan en serio su trabajo buscando la mejor forma de representar lo que busca representar.

Por eso, creo en ese maravilloso ‘sin título’ que espero que mi amigo Bruno mantenga siempre. Porque reta a quien quiera referenciar la obra. Solo podrá describirla, reproducirla o mostrarla. Pensemos en lo divertido que es en la música. Ocurre con mucha frecuencia. La gente no siempre sabe los nombres de las canciones, pero sí puede tararearlas, silbarlas o cantar un pedazo de la letra en caso la tenga. En esos ejemplos, precisamente se hace lo que sugiero. La obra se evoca con su propio registro, uno que está fuera del lenguaje de las palabras. Almenos en estos espacios, seguiré siendo devoto del ‘sin título’ al que honra esta columna.

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Lenguaje, nombrar, obra de arte, registros, sin título

Según la última encuesta de Ipsos, no descolla ningún candidato en particular para las elecciones del 2026. Ello es malo porque hace anidar en la mente de los interesados de que la cancha está libre para cualquiera y de que es posible capturar un bolsón electoral suficiente como para pasar a la segunda vuelta. Es decir, favorece la dispersión y diluye la urgencia de armar frentes.

Es bueno porque quiere decir que no hay identificaciones regionales prefijadas con los candidatos de la izquierda radical, aunque lo más probable es que el sur andino termine siendo el fiel de la balanza en ese sentido (probablemente vote en la primera vuelta del 2026 como lo hizo en la segunda vuelta del 2021).

Ojalá suceda que no baste un rostro carismático o una candidatura sorpresa de último momento, sino que la ciudadanía sea capaz de exigir una mínima agenda de gobierno, sobre todo en los aspectos más álgidos: inseguridad ciudadana y crisis económica.

Según encuesta publicada hoy en Perú21, de acuerdo a Ipsos, el 78% desaprueba al gobierno en materia de lucha contra la delincuencia. Este dato es terrible, porque, además, no se ve visos de mejora, sino, todo lo contrario, de que la situación va a empeorar. Y lo mismo sucede con el manejo de la reactivación económica, que no halla amparo en una política técnica del MEF.

Lo preocupante de discernir respecto de si ambos problemas se agudizan es que van a propender a reforzar las incursiones de los Bukele o Milei peruanos, émulos de los gobernantes salvadoreño y argentino, respectivamente.

Y no es eso lo que el Perú necesita. No requiere de candidatos monotemáticos, centrados en atender primordialmente un punto de la agenda nacional, cuando la misma comporta otros grandes desafíos que sí exigen un programa de gobierno y un gran frente democrático, liberal y republicano, para ser asumidos.

Hablamos de la corrupción, de las economías ilegales, de la reforma del sistema de justicia, del cambio de la regionalización, de la reforma del Estado, etc. No basta con reactivar la economía o enfrentar la inseguridad ciudadana.

Solo bajo esa perspectiva, de que se necesita tiempo para madurar una conformación política de esa naturaleza, podríase aceptar que es mejor que Dina Boluarte se quede hasta el 2026.

La batalla cultural contemporánea se desarrolla en diversos escenarios. Uno, predilecto, fundamental, es la escuela, la palabra escrita, el manual escolar. Escuchaba un discurso de Pablo Iglesias, líder de Podemos, movimiento progresista radical español, en el que le responde al también radical y libertario presidente de Argentina Javier Milei. Solo se desprende una conclusión: la batalla se ha convertido en guerra, se expande por todas las latitudes, los bandos no van a dialogar, se enfrentarán, al menos, hasta que cambie de nuevo el mundo. La democracia, el disenso, el consenso, la aceptación de la posición mayoritaria por parte de la minoritaria a nadie le importa, y es hora de que vuelva a importarnos porque una guerra se sabe comenzar pero nunca se sabe dónde ni como termina. 

Enfoque de género, conflicto armado, aborto, conflicto social, dictadura, educación social integral son seis de las palabras o proposiciones que la exministra Mirian Ponce quiere sacar de los manuales escolares peruanos. Seis palabras que señalan seis tópicos que están en el centro de nuestra peruanísima y particular versión de la batalla cultural. 

Soy un ciudadano cuestionador de los excesos del libertarismo conservador y del progresismo woke. Será que no me gusta la guerra, que así como no me gustó Pinochet, finalmente tampoco me gustaron los totalitarismos socialistas. Encontré a la democracia y al republicanismo como sistemas sinérgicos, absolutamente imperfectos y corruptibles pero que, al mismo tiempo, funcionan bien en ciertas latitudes, y podrían servirnos a nosotros. 

Lo principal: me creí eso de los derechos fundamentales, se lo digo a Milei, tanto como se lo digo a quienes los rechazan por todo lo contrario, porque su universalidad les parece una imposición patriarcal capitalista que invisibiliza la diversidad. Los derechos, es verdad, deben tomar en cuenta contextos culturales, pero al mismo tiempo deben defendernos a todos y, de acuerdo con cada sociedad, favorecerán naturalmente más a quienes más los necesiten. Pero si dejamos de partir del principio de la igualdad del ciudadano frente a su par podemos ingresar en un despeñadero sin salida donde cualquiera tendrá que responder a una voluntad que, siendo distinta a la del colectivo, se pretenderá absoluta, arbitraria y punitiva. 

Sobre los conceptos que se quiere vetar de los manuales. Comencemos por el más sencillo: la dictadura. En el Perú no somos una democracia auténtica por dos motivos; uno, la corrupción; el otro, la dictadura, y este es un problema histórico: nuestro siglo XX fue un siglo de dictaduras. Solo podemos denunciarlas sin descanso si queremos construir aquí algo parecido a un régimen basado en las leyes y sus instituciones, administrado por personas que quieran y defiendan esas leyes y esas instituciones. De lo contrario no hay punto de partida, prevalecen el caos y la anomia. 

El enfoque de género está en medio de la batalla cultural. Si esta batalla se desató es porque hubo excesos de ambos lados que generaron dos bandos irreconciliables o porque hubo dos bandos irreconciliables que cometieron disparatados excesos.  El orden no interesa. ¿Quién establece el bien? ¿quién señala el mal? ¿qué filósofo contemporáneo admitiría que existe una única verdad salvo la que está escrita en los textos sagrados? Pero la democracia es laica, le pertenece al ciudadano, la administra el ciudadano. Jesús lo tuvo bastante claro “Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”.  

Pasa lo mismo con Conflicto Armado Interno. Ese concepto es oficial, es internacional, es el que corresponde. El presidente de Ecuador Daniel Noboa lo invocó para combatir el terrorismo que súbitamente se desbocó en su país hace unos meses “declaro Conflicto Armado Interno para combatir el terrorismo”. Así pueden parafrasearse sus palabras. Distinta es la premisa que algunos desprenden de la nomenclatura Conflicto Armado Interno en el Perú: “hubo dos bandos, militares y terroristas, y el pueblo estaba al medio siendo la víctima indistinta de ambos”. Esta premisa, bien popularizada en nuestro progresismo, es la que rechazan con furia los sectores conservadores y periféricos a las fuerzas armadas. De nuevo ¿qué hacer? ¿cuál es la mejor postura? ¿Cómo podemos acercarnos a un concepto tan relativizado por la filosofía como la verdad?

Hace poco se habló de que se buscaba acallar la memoria histórica a propósito del veto que ciertos sectores quisieron imponer a la película “La Piel Más Profunda”. He sostenido que la misma no es ni proterruca, ni nada que se le parezca. Al contrario, es una obra de arte y narra la difícil relación que entabla una joven mujer andina expatriada, con su pasado, que la lleva a reencontrarse con su padre, un senderista y asesino que purga condena en la carcel. Pero no es una sola memoria, una sola memoria es un concepto orwelliano a estas alturas. La posmodernidad hizo trizas los relatos únicos, la posverdad es una cuña de cinismo de la que saldremos, tarde o temprano, la posdemocracia la vivimos día a día, y en medio de todo esto, siguen proliferando memorias y discursos, unos después de los otros, al gusto de cada quien. 

Creo que lo que buscan los militares es ser escuchados también, contar su historia. Pero su formación castrense les impide expresarse en esos términos, solo saben sonar a voz de mando y carecen de buenos interlocutores. Recién el LUM homenajeó al exalcalde aprista de Chepén Pedro Cáceres Becerra, tras 24 años de ser asesinado por Sendero. Me pareció una buena noticia, hace años me pregunté en una columna ¿dónde están las salas dedicadas a víctimas militares y de los partidos políticos durante el periodo de la violencia, en el LUM? Faltaba eso, hoy se está corrigiendo, un LUM de varias voces, es mejor que un LUM de una sola voz.

El día que aprendamos a escuchar varias voces, luego aprenderemos lo que desgraciadamente hemos olvidado, a conversar, a intercambiar ideas, a respetar a las mayorías sin pisotear a las minorías y a defender los valores democráticos. Hay quienes hablan de “reeducar”, yo comenzaría por enseñar democracia y republicanismo. Sin consensos básicos, el Perú no va a ninguna parte. 

El reciente intento del gobierno de Dina Boluarte, mediante el Ministerio de Educación conducido por Morgan Quero, de retirar 22 libros de educación básica ha desatado una justificada ola de críticas desde la academia y la sociedad civil. Estos libros contienen términos como «conflicto armado», «conflicto social», «dictadura», «ideología de género», «aborto» y «educación sexual integral», considerados adversos a la narrativa promovida por el fujimorismo y otras bancadas conservadoras, como Renovación Popular y Avanza País, entre otras. Esta acción representa una amenaza a la libertad de expresión y al derecho a la información.

La censura de estos términos es una maniobra para manipular la información y la historia. Este acto busca reforzar la impunidad para militares y políticos, generalizando el uso del término «terrorista» para deslegitimar a los opositores del gobierno y minimizar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado y sus fuerzas del orden. Esta estrategia de manipulación histórica no solo tergiversa la verdad, sino que también distorsiona la percepción pública de eventos trascendentales, afectando la memoria colectiva.

Eliminar términos como «conflicto armado interno» es particularmente preocupante. La inclusión de este término en los textos escolares permite a los estudiantes entender el contexto y las características del conflicto ocurrido en el país, el cual tuvo profundas implicaciones sociales, políticas, económicas y culturales. Eliminar este término distorsiona la comprensión de estos eventos cruciales y su impacto en la historia nacional.

El silencio del Congreso ante esta grave situación es alarmante. A pesar de la polémica generada, ningún legislador ha citado al ministro Quero para que rinda cuentas, y varios congresistas vinculados al ámbito educativo han optado por la complicidad del silencio. Este mutismo institucional no solo evidencia una falta de compromiso con la defensa de una educación libre y plural, sino que también sugiere una preocupante alineación con las políticas de censura y manipulación del régimen de Boluarte.

En un país como el Perú, marcado por una historia de conflictos y dictaduras, es vital que la educación refleje de manera fiel y completa los acontecimientos del pasado. La manipulación de la verdad y la historia desde el Ministerio de Educación no solo traiciona el legado de aquellos que lucharon por la democracia y los derechos humanos, sino que también hipoteca el futuro de las nuevas generaciones.

Es imperativo que la sociedad civil, los académicos y los defensores de los derechos humanos se unan para resistir estos intentos de censura. La educación debe ser un espacio de libertad y verdad, donde se fomente el pensamiento crítico y se promueva una comprensión profunda y matizada de nuestra historia y realidad contemporánea. Solo así podremos construir una democracia sólida y una sociedad justa y equitativa.

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¿Qué pesa más en la balanza: el eventual ciclo de inestabilidad que supondría un anticipado proceso electoral o la resolución del hartazgo ciudadano con un gobierno mediocre y sin rumbo?

Apenas 5% de la población aprueba al gobierno de Dina Boluarte y 90% lo desaprueba, según la última encuesta del IEP. Y al socio político del Ejecutivo -el Congreso- solo lo aprueba el 6% y lo desaprueba el 91%.

Lo que es más grave: un 50% de peruanos considera que el gobierno de Dina Boluarte será más corrupto que los anteriores y 42% igual de corrupto. Además, un 72% considera que la situación económica es peor que hace un año y 55% considera que será peor en el futuro.

La sensación de corrupción, desatada luego del Rolexgate y de las andanzas del hermanísimo, ha corroído seriamente las bases de legitimidad del régimen. Y si se le suma la desesperanza respecto de la economía (expresada fácticamente en el aumento de la pobreza), se entenderá la foto del presente desalentador para la democracia, y, como bien señala el propio IEP, esto alentará la aparición de propuestas radicales o autoritarias.

Volvemos a la pregunta inicial: ¿es mejor cortar por lo sano, adelantando las elecciones generales, o, en aras de no aumentar la inestabilidad -que no veo dónde está (hay relativa paz social)- mantenemos como sea a Boluarte hasta el 2026?

Esta situación no va a mejorar. Va a ir para peor, y cuando queramos reaccionar políticamente ya va a ser muy tarde. La crisis del gobierno afecta a la democracia y le quita lustre ciudadano. Mientras más se sostenga este tinglado, más abono a favor de candidaturas disruptivas, radicales y autoritarias.

Mi posición es clara: se debe adelantar elecciones y cortar la sangría democrática que implica este gobierno mediocre y sin idea de cómo gobernar. Coincide con ello el 77% de los peruanos, aunque un 58.6% no sepa aún por quién votar. ¿Hay riesgo de que en las actuales circunstancias los Antauros descollen? El riesgo de que lo hagan será mayor si el deterioro se acentúa.

Y no hay nada que nos permita pensar que este gobierno mejorará. Al contrario, ya hasta los ámbitos tecnocráticos del Ejecutivo -el MEF, sobre todo- están tocados por la medianía y la contaminación política. Todo nos lleva a pensar que lo mejor para el país es zanjar el problema, convocar a elecciones generales y apostar a que las fuerzas democráticas, apremiadas por la urgencia, tengan la responsabilidad de conducirse inteligentemente.

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La necesidad de un gran frente democrático, republicano y liberal para las elecciones del 2026 no solo es una necesidad electoral para derrotar a la fuerza telúrica que va a acompañar a algún candidato radical de izquierda, sostenido por el sur andino, el resto del mundo rural y los bolsones de pobreza de la costa y la selva.

Es también, una fórmula de gobierno, la única capaz de generar los consensos necesarios para poder afrontar los enormes, gigantescos desafíos sociales, políticos y económicos que el país tiene frente a sí: reactivación capitalista, construcción de infraestructura, reforma político-electoral, reforma de la salud y la educación públicas, regionalización, reforma del sistema de justicia en su conjunto, etc.

Se debe tratar de un frente que, además, no solo comprometa partidos políticos, sino gremios populares representativos (véase con atención la gigantesca movilización que el Sutep ha podido convocar a mediados de esta semana).

Señalaba en columna reciente la paradoja de que las grandes reformas democratizadoras del último siglo y pico habían sido llevadas a cabo en dictaduras (Leguía, Odría, Velasco y Fujimori). Es hora de que sea un gobierno democrático el que corresponda a esa tarea. El último gran esfuerzo por plantearse algo así fue el Fredemo que presidió Mario Vargas Llosa en 1990 y que lamentablemente fracasó en las urnas.

En base a los consensos básicos que un frente como el propuesto ya de por sí implica, sí es posible pensar en un gobierno democrático reformista de la envergadura que se requiere. Sería el colofón salvador de la fallida transición democrática que hemos tenido después del fujimorismo y que nos ha llevado a una de las peores crisis republicanas de la historia nacional (solo es equiparable, para hablar de los últimos tiempos, con la debacle de fines de los 90).

Mucha coordinación, sapiencia política, desprendimiento y tolerancia serán necesarias para que este gran frente no aborte en medio de apetitos minúsculos de poder o celos partidarios inconducentes. La magnitud de la tarea por llevar a cabo debería bastar para convencer a todos los que se están animando a pensar en el 2026, en su urgente necesidad.

La del estribo: buena puesta en escena de Una hazaña nacional, la historia de Fray Calixto de San José Túpac Inca, escrita y dirigida por Alfonso Santistevan, con las actuaciones de Daniela Trucíos, Pold Gastelo, Ricardo Bromley, entre otros, en el entrañable teatro Blume. Va hasta fines de junio. Entradas en Teleticket.

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