Opinión

Asimismo, puede servir como una herramienta para renovar la política y el discurso público. Los nuevos ministros pueden aportar ideas frescas y nuevas perspectivas a los debates políticos, lo que puede enriquecer el debate y dar lugar a soluciones más creativas e innovadoras. Además, el recambio ministerial puede ser una oportunidad para renovar la agenda política y enfocarla en temas que son de mayor interés para la sociedad.

Por último, puede ser una oportunidad para mejorar la calidad del liderazgo político. La selección de los nuevos ministros es una oportunidad para buscar personas con experiencia, capacidad y liderazgo, que estén dispuestas a asumir los desafíos que enfrenta el país. Esto puede mejorar la calidad de la toma de decisiones y permitir que el gobierno esté mejor preparado para afrontar los desafíos políticos y sociales que se presenten en el futuro.

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El artículo 116 de esta ley nos dice que el resultado en las primarias partidarias debe ordenarse por voto y sexo pero con alternancia. Para facilitar la comprensión de este teorema, si Patricia obtiene 100 votos, Roxana 80 votos y Juan 50 votos, el orden no será exclusivamente por los votos obtenidos sino que primero irá Patricia por mayor votación, pero por alternancia, Juan que sacó menos votos que Roxana, irá en segundo lugar. ¿Es esto constitucional? ¿Es justo?

Ya el colmo de la dictadura de la paridad forzada sucedió en las últimas elecciones chilenas para definir el nuevo Consejo Constitucional, donde el candidato Juan Sutil obtuvo 13.8 % en su circunscripción pero tuvo que ceder su lugar a Ivonne Mangelsdorff, cuyo 1.7% le bastó, para alcanzar una curul ya que en Chile es obligatorio que este Consejo Constitucional sea, arbitrariamente paritario.

No sé cómo tome la Sra. Mangelsdorff que fue su sexo y no sus propuestas, la que la llevó a este consejo, pero espero que la mayoría de las mujeres sienta al menos incomodidad, al ver que se impone una paridad no por capacidad sino por una cuota.

La democracia no está hecha para poner arbitrariamente cuotas que limitan el derecho de unos bajo el pretexto de otorgárselos a otros. Vivir en democracia es ejercer nuestra libertad sin violar la del prójimo, es brindar a todos los ciudadanos las mismas oportunidades para que puedan decidir su camino, sus amores, su trabajo, su credo y su pensamiento.

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Lo relevante, en términos sociopolíticos, es que la inversión social del proyecto ha sido nueve veces más de aquello inicialmente previsto por el Estado en programas sociales. No obstante ello, la empresa ha encontrado (y sigue encontrando) importantes demandas de inversión pública por parte de la población, que conciernen el abastecimiento de energía, acceso a telecomunicaciones, educación y servicio de agua y desagüe. Esto se explica por dos razones básicas: la falta de inversión pública en comunidades alejadas y el rápido crecimiento de las áreas colindantes a los proyectos luego de iniciada la etapa de construcción. A esto pueden sumarse otras falencias, como la incapacidad de las autoridades locales para gestionar sus recursos, el aislamiento geográfico y la poca flexibilidad del Estado para encontrar soluciones cuando la realidad rebasa el marco normativo.

Dina Boluarte y los ministros del sector tienen la palabra. La puesta en marcha de una nueva dinámica de inversiones que generen empleo y reduzcan la pobreza en Puno requiere diligencia para responder a una solicitud que debe ser bienvenida en una coyuntura en la que la inversión privada más bien viene cayendo por la crisis política.

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Se afirma que el gobierno se encontraba en una situación muy compleja, a la vez que se condena el uso desproporcionado de la fuerza y de armas letales que terminaron con la vida de decenas de personas. De esta forma la CIDH, insta al Estado a investigar las graves violaciones a los derechos humanos con enfoque étnico – racial, debido a la participación directa de agentes estatales en los hechos, muchos de estos podrían ser calificados de ejecuciones extrajudiciales y masacres.

El informe lo que plantea es que el Estado debe cumplir con su obligación de investigar y sancionar a los responsables, en el marco de la debida diligencia; pero a la vez plantea otras medidas necesarias para fortalecer la institucionalidad democrática, la lucha contra la impunidad y los derechos humanos.

La oposición que este Informe ha despertado en los sectores más autoritarios de nuestro país no es una sorpresa. Sin embargo, tras todo lo vivido en las últimas décadas, si es preocupante que buena parte de la población conecte con estas narrativas y reproduzca falsas verdades que perpetúan el estigma sobre quienes defienden derechos.

Es claro que uno de los grandes desafíos que tenemos es promover una conciencia de derechos en la población. Nuestra democracia empezará a consolidarse cuando los derechos humanos, principios y libertades fundamentales sean asumidas como ejes para la construcción de un nuevo pacto social.

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El gobierno, sin embargo, ha guardado cínico silencio al respecto, quizás porque cree que así también se beneficiará del amedrentamiento a quienes lo investigan. Se ha cogido de la mano con la izquierda de Perú Libre, autora del proyecto, y a quien anima, sin duda, un ánimo de revancha respecto del papel e incidencia de los medios de comunicación independientes en la caída de Pedro Castillo.

Ya la democracia peruana está bastante dañada por las tropelías cometidas por la administración anterior, como para ahondar su desmedro. De paso, haría bien este gobierno en mover sus fichas políticas para lograr que la mayoría del Congreso recapacite, se libere del mangoneo de la izquierda autoritaria y no llegue a buen puerto una burda maniobra, denunciable constitucionalmente, en contra de una de las libertades esenciales en el ámbito político.

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Encima, políticamente hablando, con sus declaraciones, la presidenta se ha abierto un frente de divergencia con la derecha, que le reprocha, con razón, querer zafar cuerpo y atribuirle la exclusiva responsabilidad de lo sucedido a los militares y policías. Sin el respaldo de las Fuerzas Armadas a la Constitución, Pedro Castillo seguiría siendo gobernante. Boluarte les debe el cargo que hoy ocupa y mal les paga tirándoles la bola, como si su gobierno no tuviera responsabilidad alguna en lo sucedido.

El informe de la CIDH tiene algunos sesgos cuestionables, cuando se mete a hacer diagnósticos sociales o políticos del país, pero en lo concerniente a los hechos luctuosos mismos, anda por el camino correcto. Si el gobierno y la presidenta en particular no responden al mismo como corresponde, con una investigación a fondo, que devele la verdad de lo sucedido, ese informe le va a pesar legalmente hasta después de concluido su mandato.

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La izquierda latinoamericana ha involucionado y se ha enemistado con los criterios de libre mercado, que son los únicos capaces de asegurar el crecimiento económico y, por ende, la reducción de la pobreza y la disminución de las desigualdades.

En esa tesitura, han conducido a sus países a la pobreza, el estancamiento y, en el peor de los casos, a las dictaduras más desembozadas (es el caso de Nicaragua y Venezuela). El socialismo del siglo XXI ha conllevado al atraso de la región y al debilitamiento corrosivo de la democracia.

El Perú debe mirar con especial atención ese espejo regional y reconvenir sus términos. No dejarse llevar de las narices por grupos minoritarios violentistas y hacer pedagogía ideológica para que el pueblo no se deje sorprender por razones extrapolíticas, como sucedió el 2021, y que nos llevó a una calamidad de la que felizmente nos libramos por obra y gracia de la torpeza castillista.

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Es imprescindible entonces tomar medidas necesarias para contrarrestar la criminalidad y la corrupción. Eso implica un liderazgo político activo para reactivar el Concejo de Seguridad Ciudadana y para llevar el problema a una discusión pública para la toma de medidas claves que cambien la percepción ciudadana de inseguridad. No esperemos que llegue Batman, que es ficción. Pero tengamos en cuenta que puede volver el discurso autoritario que puede ganar una elección y quitar las libertades.

Existe un voto cautivo para este tipo de liderazgos y discursos de mano dura. Ese es uno de los grandes retos del país para reformar las instituciones.

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Si se reacciona morosamente, la tranquilidad relativa de la que se goza volverá a llevarnos a tiempos de agitación y entonces será tarde para preguntarnos por qué pasó ello. Nadie tendrá autoridad moral para darse por sorprendido.

Hay tiempo suficiente hasta el 2026 para retomar el rumbo de las reformas, algunas de ellas, la política y electoral, la macroeconómica, la regionalización, la policial, que hagan que la expectativa del futuro que tienen los peruanos cambie de la valencia negativa que hoy tiene a una positiva, que destierre la desazón que, a pesar de habernos librado de la terrible gestión de Pedro castillo, subsiste. La calma chicha referida debe dar paso a la inestabilidad reformista.

La del estribo: maravilloso reencuentro cinéfilo con clásicos del cine: ¿Quién teme a Virginia Wolf?, con Richard Burton y Elizabeth Taylor, ¿Qué pasó con Baby Jane?, con las extraordinarias Bette Davis y Joan Crawford (feliz coincidencia: en Star Plus dan una serie documental sobre esta película, protagonizada por Susan Sarandon y Jessica Lange, que grafica el odio legendario entre Davis y Crawford), Lo que el viento se llevó, con Vivian Leigh y Clark Gable, Rebelde sin causa, con James Dean y Natalie Wood, Charada, con Audrey Hepburn y Cary Grant, han servido de compensación a la rala emisión de películas que mi proveedor calificado ha tenido. Todo por HBO Max Clásicos.

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